Desde hace tres meses, Colombia vive una ola de protestas, conocidas como el Paro Nacional, que ha tenido a los jóvenes entre sus principales protagonistas. El estallido colombiano ha sido fuertemente reprimido por la policía y ya ha dejado miles de víctimas, mucho de ellos estudiantes. Hasta finales de junio, según cifras de la ONG Temblores, se registraron más de 4.600 casos de violencia policial, 44 de ellos por violencia homicida. Entre los gremios que han tomado las riendas de la convocatoria de este Paro están los docentes, quienes también han salido a reclamar sus propias demandas. Martha Alfonso es vicepresidenta y coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Con más de 270.000 afiliados y presencia en todos los municipios, es la principal supraorganización de docentes del país e integra el Comité Nacional de Paro, convocante de las primeras movilizaciones del 28 de abril. 90 días después, Alfonso habla del rol de los docentes en las protestas, su persecución y criminalización y los escenarios que enfrentan a futuro.
¿Cómo está actualmente la situación del paro en Colombia?
Venimos de una fuerte convulsión social desde 2018, cuando el país se replegó en un gran movimiento estudiantil, protestas campesinas y por otros derechos. Fue una respuesta a lo que representó terminar un ciclo de guerra y la implementación de los acuerdos de paz [entre las FARC y el gobierno]. En 2019 siguió un gran movimiento que luego, pero luego llegó la pandemia. Para el 28 de abril de este año teníamos demasiadas cosas: la situación de hambre por la crisis sanitaria, la miseria, las pocas oportunidades, el mal sistema de salud (todo privatizado) y una situación crítica en las escuelas, con una infraestructura muy atrasada que no ha permitido generar condiciones seguras. En medio de esto estalló un paro.
¿En qué está ahora?
Después de meses de protestas, hay un sector vinculado al ámbito sindical que decidió hacer una pausa. Aún así, para el 20 de julio, el Comité Nacional de Paro convocó otra gran movilización en todo el país. Nos encontramos ahora con diferentes realidades tanto dentro del movimiento social como en cada uno de los territorios: el movimiento de los Primera Línea de jóvenes, la Asamblea Nacional Popular, la Minga Indígena, el Comité Nacional de Paro que tiene movimiento social y sindical, etc. La táctica del gobierno fue dispersarnos, pero al mismo tiempo se mantuvieron los puntos de resistencia de la mano de los jóvenes de la Primera Línea que, aunque en otras movilizaciones eran muy incipientes, se han venido organizando. Ahora está todo disperso y hay un problema de [falta de] unidad, por lo que ese sería el proceso que se tendría que dar ahora.
¿Qué rol han jugado la Fecode y los maestros, maestras y docentes en este paro?
Tenemos representación en todo el país y además de sumarnos al paro popular, Fecode ha buscado siempre que la reivindicación de una educación pública juegue un papel en la movilización. Además de la financiación y la administración por parte del Estado en términos de una educación crítica y transformadora.
La mayoría de asesinados en las protestas son jóvenes, se les trata como enemigos, cuando esto es una protesta social
Más allá de las demandas por la reforma tributaria, el sistema de salud, las pensiones y el mal manejo de la pandemia, que fueron demandas de todos los colectivos que participaron en el Paro, ¿qué puntos piden desde el sector educativo?
Entre las principales reivindicaciones que tenemos hay la financiación de la educación pública, que va más allá de nuestros salarios: la infraestructura, las condiciones de trabajo que hoy, con la pandemia, se vuelven más complejas. También [como gremio] tenemos un modelo de salud diferente y queremos que nos den garantías, porque en el papel todo está muy bien, pero en la práctica la atención para una población con muchas comorbilidades es terrible. También tenemos problemas con los ascensos profesionales, particularmente para los jóvenes. Finalmente, sufrimos un fuerte señalamiento y persecución. Por ejemplo, yo voy en coche blindado, con hombres de protección y muchas restricciones.
Esa criminalización ¿es de parte del gobierno o hay también otros actores involucrados?
En Colombia hay un problema histórico y es que tanto a los jóvenes estudiantes como a los sindicalistas se nos ha tratado como enemigos en una guerra. Ha habido un gran número de masacres, de persecuciones, estigmatización y señalamiento. Particularmente, los maestros y maestras hemos sido blanco, el sindicato más criminalizado, por eso Fecode ha presentado sus diferentes informes al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), establecido en los acuerdos de paz de La Habana. También hemos solicitado que se reconozcan las víctimas de violencia antisindical ya que somos el país con más sindicalistas maestros y maestras amenazados. Un gran número de docentes fueron asesinados durante el conflicto armado: tenemos registro de más de 1.100 maestros asesinados. Entregamos informes a la Jurisdicción Especial para la Paz [componente del SIVJRNR] en el 2019 e inmediatamente empezaron a haber nuevas amenazas. Ahora, en este paro, el punto central de la protesta es el futuro: los niños, niñas y jóvenes. La mayoría de asesinados en las protestas son jóvenes, se les trata como enemigos, cuando esto es una protesta social.
¿Hay alguna posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos que se han visto estos meses lleguen a algún tribunal internacional?
Actualmente hay en curso una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que decrete medidas cautelares y se garantice la vida de los dirigentes sindicales que somos perseguidos y estigmatizados. El Estado no ha tomado medidas contundentes con eso. Solo entrega algunas medidas de protección (vehículos blindados, hombres de protección, etc.) a algunas personas que han sido vulneradas de forma más evidente, pero la mayoría [de las personas amenazadas] está desprotegida.
¿El estallido en Colombia ha bebido de otros procesos similares que se han dado recientemente en la región, como protestas en Chile o en Perú, donde los estudiantes también fueron protagonistas?
Este estallido social ha tenido nuevos actores muy propios de lo histórico cultural. Ha habido una gran movilización del movimiento decolonizador y de las nuevas formas relacionadas con lo antisistémico que surgen como respuesta a la situación histórica que ha existido. En ese contexto, los jóvenes están cumpliendo un rol muy importante. Si bien hay similitudes con Chile y Perú, aquí hay otros factores como el señalamiento y asesinato de líderes sociales, el conflicto armado que persiste en el territorio y los conflictos de derechos humanos que hacen que el estallido tome una posición de defensa de los territorios, liderazgos y pobladores que están en la movilización. Las cifras de violaciones de derechos humanos en Colombia son incomparables con Chile o Perú. Aquí está desbordado.
¿Cómo cree que puede destrabarse la situación, considerando que hay elecciones presidenciales en mayo del próximo año?
Hay una necesidad de que el pueblo colombiano entre en una dinámica de unidad, de construcción, porque ahora hay bastante debilidad. Este proceso tiene que reflejarse en lo electoral e ir más allá de lo programático y organizativo para establecer representaciones más territoriales y colectivas en las definiciones de Estado. De cara a las expectativas electorales de 2022, hay que recoger todas las nuevas propuestas y demandas porque nos encontramos ante un problema sistémico, de que el sistema no ha entregado posibilidades a la gente.
