La cifra puede verse de dos maneras. Son 2,5 millones de menores de 18 años. Son muchos. Si se piensa en porcentaje, suponen el 31,1% de toda la infancia, untercio de las niñas y niños del país se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social. Son, desde hace muchos años, el colectivo con peor situación socioeconómica.
La pandemia de los últimos 19 meses no ha ayudado nada a según qué indicadores como pueden ser los de violencia contra la infancia (sobre todo durante el confinamiento estricto de 2020), o en relación a la salud mental. Ya antes del verano la Asociación Española de Pediatría, durante su Congreso Digital advirtió de algunos de los efectos que la pandemia traería consigo y reclamaban un esfuerzo especial a los ministerios de Sanidad, Educación y Asuntos Sociales para que atendiesen adecuadamente problemas de salud mental, mejora de la atención temprana y los servicios periátricos hospitalarios.
En relación a la atención temprana, la Plataforma por la Atención Temprana y los Derechos de la Infancia con Diversidad Funcional (Patdi), ha emitido un comunicado de prensa denunciando la situación, en todas las comunidades autónomas, de falta de esfuerzo para mejorar la situación de la atención temprana. Según esta entidad 240.000 niñas y niños que necesitan de estos servicios se quedan fuera, al menos, de los servicios públicos. Denuncian la falta de recursos y las trabas burocráticas como los principales problemas a los que se enfrentan estas niñas y niños, así como sus familias. La Plataforma, allá por junio, presentó en el Congreso de los Diputados, 100.000 firmas reclamando una ley de atendión temprana.
Educación
La educación es otro de los grandes retos que debe afrontar el país en relación a niñas y niños. Por una parte, con la mejora de la educación infantil 0-6. La primera etapa del sistema educativo no es obligatoria. Su primer ciclo, el 0-3, es el que menos escolarización tiene, entre otros motivos por la falta casi total de plazas públicas que hagan posible que las familias de menos ingresos puedan hacer uso de los centros. El Gobierno tiene en marcha un plan para el aumento de las plazas en ese primer ciclo con una financiación de 338,82 millones.
Más allá de esto, el reto más importante que ha de enfrentar España en relación al sistema educativo es el de la segregación: económica, por etnia u origen, así como por capacidades. El nuestro es uno de los países que más segerga a la población en función de sus ingresos en el sistema educativo. Esta segregación se explica, pero solo en parte, por la diferencia en el lugar de residencia de las personas con más o menos ingresos y sí parece tener más relación con la existencia de centros privados concertados que van reorganizando la escolarización, así como en las políticas de las admininstraciones educativas, muy diferentes según el territorio, y que favorece en algunos casos esta separación de niños según sus ingresos.
A esto se suma, claro, que las familias entran en cierta medida en una competición que tiene que ver con las expectativas de logro que sienten que unos centros ofrecen frente a otros. En este sentido, entidades como Save the Children han hecho en los últimos años importantes esfuerzos para poner sobre la mesa alternativas para que estas situaciones mejores, sin que haya habido una apuesta decidida por parte de las administraciones autonómicas.
Desde luego, tras la segregación, el abandono escolar temprano es el reto más importante para mejorar la situación de la infancia en los centros educativos y después. Aunque en los últimos años ese indicador ha disminuido de forma drástica, hoy día sigue por encima de los compromisos adquiridos con la UE de estar en un 15% para 2020. Es verdad que la tendencia es claramente a la reducción, como también es cierto que depende en muchos casos del territorio en el que se nazca, así como si eres chica o chico.
Violencia contra la infancia
En los últimos meses ha sido uno de los focos relevantes de la acción de Gobierno, los trabajos relativos a la ley de protección integral de la infancil. También uno de los caballos de batalla de Save the Children. Según la ONG, durante 2020 hubo «37.778 denuncias por actos violentos contra niños y niñas, de ellas 5.851 fueron denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y 5.685 denuncias por violencia sexual», informa en una nota de prensa emitida con motivo del Día de la Infancia.
A estos casos, la organización suma las violencias que se producen en Internet. El año pasado se contabilizaron 3.430 delitos contra la infancia a través de Internet, como el gooming, el acoso y el abuso sexual, el sexting no consentido, etc. Una realidad que hace unos días, precisamente, sacaban a la luz desde Unicef con la publicación de su estudio sobre uso de Internet y tecnología por parte de las y los menores de edad.
Todas estas situaciones, según Save the Children, hacen necesario que la Ley de protección integral de la infancia se desarrolle en las diferentes administraciones con una Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia en la que se contemplen medidas de prevención, detección temprana y atención integral.
Además de la necesidad de que se defienda a la infancia frente a las violencias que han de sufrir, Save the Children destaca la necesidad mejorar la situación de los más de 9.000 menores extranjeros que se encuentran en España bajo la tutela de las administraciones públicas. “No debemos olvidar que se trata de niños y niñas que en la mayoría de ocasiones han huido de condiciones terribles en sus países, de la pobreza, de la violencia, de situaciones desesperadas. Lo hemos visto recientemente en nuestro trabajo en los últimos meses con los niños y niñas que han cruzado la frontera y han llegado a Ceuta solo para encontrar una vida mejor”, señala Andrés Conde, presidente de la organización en España.
