«Si seguimos el ritmo del Ministerio tardaremos entre 25 y 30 años en universalizar». Es, en palabras de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, una de las consecuencias de los planes presentados en los últimos meses por el departamento de Pilar Alegría. Un esfuerzo que se realiza con fondos europeos y con el que el Gobierno centrar quiere aumentar en unas 6.000 las unidades que escolarizan a las criaturas de estas edades.
Aunque desde el sindicato se reconoce el esfuerzo que la Lomloe hace al plantear toda la educación infantil como una etapa educativa, critica que no se vaya a hacer una inversión mayor, con fondos propios, para dar pasos más rápidos hacia esa universalización de la etapa. O, al menos, hacia un aumento de la matrícula hasta el 50 %, desde el 41 % escaso en el que se encuetra ahora mismo.
Con unas muy elevadas ratios en las aulas, la educación infantil de primer ciclo, el conocido 0-3 años, ha ido ganando en matrícula, muy poco a poco y con el abrupto escalón de la pandemia, que dejó la escolarizaciónen cifras similares a las del curso 2009-2010.
Entre las primeras reivindicaciones está la del aumento de la red pública. De hecho critican duramente que los fondos europeos no se estén repartiendo de manera finalista, de manera que las CCAA podrán apoyar sin problema a los centros privados en lo que Francisco García ha calificado como un «ejercicio de redistribución regresiva», haciendo alusión a la política de becas anunciada por la Comunidad de Madrid para personas con ingresos de hasta 100.000 euros anuales.
Escolarización del 0-3 en colegios de infantil y primaria: pros y contras
Ambas redes, según los datos del Ministerio de Educación, han mantenido unas cifras bastante paralelas a lo largo de los últimos años, con una discreta línea ascendente, solo empañada por la pandemia. La pública supone el 53 % de media, frente al 47 de la privada.
Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid (además de Canarias) son las tres comunidades en las que las plazas privadas superan a las públicas. El caso de Andalucía es especialmente llamativo puesto que es una de las autonomías con una mayor presencia de la educación pública en todo el sistema, pero en el primer ciclo de infantil, la privada supone el 61 %.
El Ministerio anunció que con los fondos europeos se pondrían en marcha en los próximos años algo más de 65.000 plazas de este ciclo hasta 2023. En un primer momento afirmó que serían plazas públicas, pero hoy por hoy está abierta la posibilidad de que no lo sean. Para estas, se utilizarán 666,5 millones de la UE, cuatro menos de los inicialmente previstos. Desde el sindicatos se critica que los fondos no sean solo para la red pública, así como que se reduzca, aunque sea poco, la inversión prevista.
A esto se añade que, ese incremento de plazas en 65.000 responde al cálculo que hace Educación para aumentar un 27% el alumnado escolarizado en esta etapa, a lo que desde CCOO responden que, en ese caso y teniendo en cuenta ese porcentaje, la cifra debería ser de 126.000 plazas públicas. El doble de las previstas. Si se hiciera este incremento, según las cuentas del sindicato, estaría estacolarizado el 51 % de la infancia en estas edades. Este incremento se haría teniendo en cuenta la población ya escolarizada. Si se contasae con la población total de estas edudades, las plazas públicas que calcula CCOO ascenderían a 175.000 y supondrían el 57 % de infancia en centros de infantil 0-3.
El sindicato, además de señalar al Ministerio en este sentido, mira hacia las comunidades autónomas a las que también quiere hacer responsables de la situación, no solo actual, sino de futuro si se quiere responder a las necesidades de escolarización en una etapa con tan alto impacto en el desarrollo posterior de la educación de la población.
Dentro de los cálculos que hace el Ministerio para esta subida de las plazas, también está el incremento de las unidades en 5.316, cifra a la que el sindicato contrapone la suya propia, que es 10 veces superior: 52.750 unidades más.
CCOO también ha calculado que para que se hagan estos incrementos de unidades y plazas, sería necesaria la contratación de 30.000 maestras y maestros de infantil, a quienes habría que sumar a un técnico o técnica superior de educación infantil que pudiera estar en el aula junto a la maestra para acercar las ratios españolas a las recomendaciones de la Unión Europea. Actualmente están muy alejadas.
El incremento del personal para atender a las necesidades de escolarización planteadas por el sindicato sería importante y supondría una cifra de 1.363 millones de euros.