Lejos quedan los tiempos en que un primer ministro europeo esgrimía como primer argumento político: «Educación, educación, educación» o en los que la UNESCO publicaba el informe Delors La Educación encierra un tesoro. En estos momentos de crisis, la educación no forma parte de la primera línea del discurso ni tampoco de las prioridades de inversión de recursos. Si, además, hablamos de la educación básica más allá de la escolarización obligatoria, entonces nos encontramos con la invisibilidad, la ausencia de debate público, la carencia de un proyecto social. Paradójicamente, este es un sector que cada día se expande desarrollando nuevos ámbitos de actuación y aumentando su incidencia en los que ya actúa. Formación prelaboral y ocupacional, acciones comunitarias, formación lingüística, proyectos para colectivos en riesgo, y muchas otras iniciativas se abren paso día a día.
El pasado mes de junio, en Marrakech, tuvo lugar la VII Conferencia Mundial de Educación de Adultos de la UNESCO. Su declaración final reconoce que el aprendizaje y la educación de adultos es un derecho fundamental y puede constituir una poderosa respuesta política para consolidar la cohesión social, mejorar el desarrollo de las competencias socioemocionales, asegurar la paz, fortalecer la democracia, mejorar el entendimiento cultural, eliminar todo tipo de discriminación y promover la convivencia pacífica y la ciudadanía activa y global.
Aun reconociendo la educación como un derecho de todas las personas y la capacidad de incidencia que se acuerda en el Marco de acción de Marrakech, nos encontramos con que este sector está fuera de las agendas políticas, de los medios de comunicación, de las prioridades sociales. La propia Conferencia tuvo una escasa repercusión en los medios de comunicación.
La pregunta es por qué reconociendo el valor de la educación para hacer frente a problemas sociales tan relevantes, la educación a lo largo de la vida ocupa este lugar. Pienso que hay varios motivos. El primero es que responde a las necesidades de los sectores sociales menos influyentes. Las personas, especialmente mayores, que sucumben ante una digitalización vertical, excluyente e impositiva; las personas emigradas y refugiadas que no dominan las lenguas propias de nuestros territorios; los y las jóvenes que abandonaron su trayectoria en el sistema educativo; algunos grupos minoritarios; aquellas y aquellos a los que la crisis económica ha dejado en el paro o en un trabajo con el que no pueden satisfacer ni las necesidades más elementales; todos ellos tendrían que ser objetivos prioritarios. Para estos colectivos se oferta un amplio repertorio de actuaciones inconexas, huérfanas, de un proyecto social compartido. Tomemos como ejemplo la formación de las personas refugiadas ucranianas que han llegado durante los últimos meses con el aval de la solidaridad y el compromiso de los países de la Unión Europea. ¿Qué acciones generales, acordadas y estructuradas podemos destacar en su formación lingüística, cultural, laboral, de acogida? ¿No existían unos recursos específicos para esta labor? ¿En qué se han invertido y que resultados han tenido? Y si en el caso de la población ucraniana hay un amplio consenso, en qué situación se encuentran otros muchos colectivos provenientes de países extracomunitarios. Además, hablamos de sectores sociales muy dispersos y poco cohesionados entre sí: del ámbito rural y urbano, jóvenes y mayores, de colectivos y características socioculturales muy diferentes.
En segundo lugar, las iniciativas que dan respuesta a estas necesidades son asumidas desde el tercer sector y la regulación fundamentalmente obedece, explícita o implícitamente, a criterios de mercado. Quienes reciben o disponen de recursos deben competir con el resto de proyectos sin que exista un marco regulador consensuado socialmente. Como consecuencia, muchas de estas iniciativas están en permanente precariedad o provisionalidad. La colaboración necesaria entre las iniciativas sociales y el sector público se encuentra con grandes dificultades. También existe un sector social que actúa a base de dinámicas de solidaridad y con el esfuerzo voluntario, pero éste es todavía más invisibilizado y se encuentra permanentemente con todo tipo de trabas y limitaciones.
Si no somos capaces de articular un proyecto educativo inclusivo, de calidad, que aproveche los recursos de todos, abrimos la puerta a una sociedad desmembrada, sujeta a los intereses de las minorías poderosas
Finalmente, los recursos de apoyo de los que disponen las actuaciones son escasos. Las universidades solo de forma puntual los incluyen en sus planes de estudios, los proyectos de investigación son anecdóticos, no existen estudios específicos que incluyan la educación a lo largo de la vida. La elaboración de instrumentos o recursos didácticos es residual. Tampoco las editoriales o centros de recursos inciden de forma significativa en ello. Finalmente, son escasos los encuentros, jornadas, publicaciones o redes de intercambio y comunicación.
La formación no es un problema solamente de la persona que tiene la carencia educativa, todo su entorno recibe las consecuencias. El entorno laboral, cívico, interpersonal, medioambiental va a recibir el efecto de su competencia o su déficit. Y de la misma manera, el aprendizaje no se puede dar sin un entorno educativo adecuado que facilite el proceso. La educación necesita el compromiso social y debe formar parte de un proceso social de transformación.
Si desde instancias políticas o sociales no somos capaces de articular un proyecto educativo inclusivo, de calidad, que aproveche los recursos de todos, abrimos la puerta a una sociedad desmembrada, sujeta a los intereses de las minorías más influyentes o poderosas. La falta de formación debilita la capacidad de reacción contra comportamientos y acciones coercitivas, racistas, machistas, excluyentes, discriminatorias. Nos hace vulnerables a entornos de manipulación como las fake news, los bulos, las desinformaciones, los fraudes difundidos desde los entornos más próximos a las redes sociales o medios de comunicación. También afecta al sistema productivo, menguando la capacidad productiva e innovadora.
Tenemos un patrimonio muy importante de experiencias de formación exitosas que no reconocemos ni valoramos y, como consecuencia, no utilizamos su potencial en beneficio del conjunto de la sociedad. Es cierto que el discurso oficial reconoce el valor al que la Conferencia de Marrakech apunta, pero fácilmente éste se queda en una retórica que nos complace, pero que no se traduce en actuaciones que den repuestas a problemas vitales.
Constituir espacios de formación que favorezcan la convivencia, la cohesión social y la generación de recursos de forma sostenible aportaría beneficios a medio y largo plazo. Los déficits educativos en nuestra sociedad nos pasan factura cada día. La educación, por si sola, no va a conseguir las metas que nos proponemos, pero puede ofrecer una poderosa contribución. Para ello es necesario articular propuestas para conseguir un entramado sólido de dispositivos y actuaciones.
