La violencia hacia la infancia es una de las grandes desconocidas de las estadísticas. A pesar de que ha generado la redacción y aprobación de la Ley orgánica de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, a pesar de las investigaciones de los últimos años en relación a la violencia sexual en instituciones religiosas, educativas o deportivas desde hace décadas, a pesar de la existencia de teléfonos de atención a víctimas o de la existencia de un Observatorio Estatal de la Convivencia dependiente del Ministerio de Educación, cuando hay que pisar tierra, conocer los datos y tomar medidas, parece faltar cierta respuesta.
Esta es una de las finalidades del Laboratorio social que ha organizado la oenegé Educo en colaboración con Porticus y que comenzó sus primeros pasos el pasado mes de marzo. Tiene la intención de reunir a personalidades de diferentes ámbitos sociales y profesionales para trabajar sobre las formas de la violencia hacia la infancia. Durante el año que está prevista su duración habrá un total de cuatro sesiones de las que se espera poder generar algunas herramientas para diferentes formas de violencia que puedan ser implementadas para poder luchar contra esta lamentable situación.
«Alrededor del 25% de los niños y niñas sufren acoso escolar», en palabras de Pilar Orenes, directora general de Educo. «Es evidente que tenemos un grave problema y que a pesar de los avances que se han hecho los últimos años, aún queda mucho camino por recorrer», explica. De ahí el interés de la organización de poner en marcha el Laboratorio.
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Precisamente, hoy se reúne la Comisión Permanente del Observatorio Estatal de la Convivencia del Ministerio de Educación y FP. En los primeros día de mayor se reunirá su Pleno, y entonces se tratarán, entre otros temas, cuestiones relativas a un estudio que se ha realizado en el marco de sus obligaciones. Poco se sabe de dicho estudio, más allá de algún dato como que se ha elaborado con 15.000 estudiantes de primaria y que lo ha realizado personal de la Universidad de Alcalá de Henares.
Los datos oficiales conocidos sobre diferentes formas de violencia contra la infancia provienen del Ministerio del Interior y son reportados por la Policía Nacional, la Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y policías locales que proporcionan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad y desde hace algunos años, también la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra. No son especialmente alentadores, al menos, por el volumen creciente de las denuncias que se presentan. Difícil es saber si se producen más delitos o si hay más denuncias pero, en cualquier caso, se cuentas por decenas de miles.
Como destacaba el informe de Plataforma de Infancia Situación de la infancia en España 2022, en 2021 se presentaron 55.354 denuncias por delitos contra la infancia. Más de 8.300 denuncias aquel tenían que ver con delitos contra la libertad y la identidad sexual y la mitad de ellas, tenían como víctima a una persona menor de 18 años.
El Ministerio de Asuntos Sociales también publica algunas cifras, en este caso, recabadas de las comunidades autónomas. Aunque el último boletín publicado, con datos de 2021 es provisional e informa de que hay que tomar las cifras con precaución porque no todas las autonomías registran la información de igual manera.
En cualquier caso, una de las tablas (tabla MI-4) que aparece en el documento hace una comparativa según la procedencia de los casos de violencia. Es decir, qué entidad u organismo notifica los casos: cuerpos y fuerzas de seguridad, educativo, sanitario, servicios sociales y «otros».
Destaca, por ejemplo, que en Baleares, desde el sistema educativo se notificaran más de 1.300 casos y en otras comunidades como Aragón o Asturias no hubiera ninguna notificación; que en Cantabria hubiera una sola, dos en Navarra, tres en Ceuta, cinc en Castill-La Mancha.
El Laboratorio social está formado por una veintena de profesionales de diferentes ámbitos como el educativo, el legislativo, de entidades sociales o del tercer sector. Entre ellas se encuentra Clara Martínez, vicerrectora de la Universidad Pontificia de Comillas y una de las personas que participó en la elaboración de la Lopivi.
