Llevo casi un cuarto de siglo defendiendo diariamente la escuela pública, y jamás dejaré de hacerlo. Sí, ya sé que en demasiadas ocasiones desde dentro nos llegan mensajes, situaciones y comportamientos inaceptables democráticamente. He desesperado en más ocasiones de las soportables porque quienes consideran que la escuela pública es su cortijo particular se comportan como si fueran dueños de lo público y desalojan a la ciudadanía y la maltratan. Sé que es una caja de cristal, en lugar de ser de madera como la privada con o sin concierto, y que eso hace que se conozcan todos sus fallos, menores que en la privada pero más aireados. Pero solo puede avanzar en positivo aquello que se considera mejorable y se muestran sus fallos. Sin diagnóstico riguroso y cierto, es imposible tomar las medidas correctas.
En todo caso, el discurso de los fallos y no de las ventajas solo ha sumado en la huida de la escuela pública hacia la privada concertada -quienes eligen la privada sin concierto no suelen haber pensado jamás en la pública, menos aún pasado por ella-, y por ello, en comunidades autónomas como en la que yo vivo -Comunidad de Madrid-, cuesta mucho que los porcentajes de escuela pública no se desplomen. A ello contribuyen muchas cuestiones, desde los ataques privatizadores furibundos de la derecha madrileña, hasta errores demostrados que se repiten desde dentro de la escuela pública, que siempre suponen menos tiempo e implantación de esta.
Los gobiernos de la derecha han utilizado todos los recursos a su alcance para reducir la implantación de la escuela pública, en beneficio del negocio privado de la educación. Se han inventado incluso lo que se conoce hace años como nueva concertada, que no es otra cosa que escuela privada que compite de forma desleal con la parte de esta que se mantiene al margen de los conciertos. Cobran cuotas que son ilegales, y encima argumentan que lo hacen porque no les llegan los fondos públicos para cubrir sus gastos. Llegan incluso a decirles a las familias que lo necesitan para poder pagar los sueldos del profesorado porque no les dan lo suficiente para ello, cuando los sueldos de la escuela privada concertada los paga directamente la Administración pública. Les mienten, pero esto cada vez es más frecuente por parte de quienes quieren el poder o el negocio a toda costa, o ambas cosas.
Con el paso de los años son menos los centros privados concertados que tienen un enfoque social y más los que aprovechan parcelas regaladas y fondos públicos a través de los conciertos para aumentar los beneficios de sus dueños. Y, para hacerlo menos rechazable, estos gestores de lo público, que en realidad lo son de su privatización, vulneran el mandato de gratuidad de la escuela pública, haciendo que proliferen los copagos ilegales por: materiales escolares, actividades complementarias, papelería y fotocopias,… incluso “tasas” por matriculación en etapas obligatorias que se han inventado algunas direcciones escolares, yendo en contra de toda la normativa vigente.
¿Por qué se permite?
Que la escuela pública no sea gratuita y que la privada concertada cobre cuotas se consiente porque le interesa a personas de todas las partes, sin duda: a la Administración educativa privatizadora, porque disminuye la red pública de forma paulatina -de golpe no pueden eliminarla y lo saben-; a los equipos directivos de la escuela pública, porque es más sencillo pedirle dinero a las familias que pelearlo ante las administraciones que deberían ponerlo pero lo restringen todo lo que pueden; a los titulares de los centros privados, porque los beneficios de sus negocios se disparan; a las familias que aceptan esos copagos en la escuela pública, porque eso les exime de luchar para hacer que las administraciones cumplan con sus obligaciones -es más cómodo pagar que luchar-; a las familias que pagan las ilegales cuotas de la privada concertada, porque eso les asegura que los pupitres de sus centros educativos no tendrán ocupantes de clases sociales no deseables -este país tiene muchos defectos, pero el principal se denomina clasismo-; y en general a unos y otros sectores, porque los incumplimientos de otros les sirven de excusas para intentar enmascarar que sus defectos no son obligados sino deliberados.
Se permite porque somos un país -muchos otros serán iguales o incluso peores- que se queja en la fila de un establecimiento al que vayamos o en el banco del parque, y que se desahoga en los espectáculos deportivos -en directo o en casa-, pero que reclamamos poco y yo diría que mal. Porque somos una sociedad apática y con una clara falta de actitud crítica ante lo que nos rodea. Capaces de saber que están destrozando todo lo público, pero luego votar a quienes lo destrozan porque nos han permitido salir a tomar cervezas antes de lo que debería haberse hecho en la pandemia. Que sabe que, quienes así actuaron, pusieron los negocios por delante de su salud, como siempre, pero oye, la cerveza fresquita que no falte.
Pero acabarán con la escuela privada concertada antes que totalmente con la pública
Sí, se equivocan quienes votan a la derecha pensando que así están a salvo de la desaparición de la escuela privada concertada. Se olvidan, no solo de que personajes políticos de infausto recuerdo ya dijeron que la eliminarían si pudieran -existe hemeroteca de esto-, sino que no reflexionan sobre lo que significa la cada vez más presente política de cheques escolares.
El círculo vicioso es claro y lo tienen puesto en marcha: debilitamiento de la escuela pública y vulneración del mandato constitucional de su gratuidad; potenciación de la privada concertada mediante el traspaso constante del alumnado de la escuela pública; incremento paulatino de las cuotas en la privada concertada; aumento de cheques para la privada sin concierto y de tasas para la pública; empeoramiento de las condiciones en la calidad de la enseñanza pública; financiación directa e indirecta de la mejora y extensión de la red privada; huida de la sociedad no empobrecida hacia la escuela privada con y sin concierto; familiarización de las familias con el concepto cheque escolar y con la falsa política de elección de centro; logro de una situación de marginalidad de la escuela pública, y, finalmente, desaparición del régimen de conciertos cuando la sociedad ya no demande la escuela pública por su marginalidad. Van poniendo en marcha todas los pasos del círculo y ya están más cerca del final que del principio, pero se puede revertir, aunque sus autores no lo crean y parte de la sociedad haya abandonado la lucha.
Sí, ya sé que muchas familias escuchan los cantos de sirena de la derecha, entre ellos el de que defienden su derecho a elegir, pero no son ciertos estos mensajes. Lo que ha demostrado la derecha madrileña es que el derecho que realmente se blinda es el de los centros privados concertados a seleccionar su alumnado, que se hace por la vía de las cuotas, selectivas hasta el punto que tienen que buscar el alumnado lejos de donde están ubicados; para eso se han eliminado las zonas de escolarización, no para beneficio de las familias. La privada concertada fue un invento de la izquierda de este país, para regular una financiación que ya recibían los centros privados -principalmente religiosos entonces- y extender la escolarización de forma rápida, y las manifestaciones de la derecha en su contra también están en las hemerotecas. Y quienes durante años asistimos a reuniones en los consejos escolares de ámbito estatal y autonómico, nos hemos cansado de oír los argumentos de la derecha hacia la privatización del sistema educativo y sus lamentos por no poder hacerlo del todo, de momento.
Todo esto también está en juego el #23J
Apostar por la escuela pública es hacerlo por seguir siendo ciudadanos con derechos; apoyar su privatización es aceptar ser clientes sin derechos que no puedan comprarse con dinero, con precios cada vez más altos. Quienes añoran sistemas como el americano, ocultan que la mayoría no puede ni soñar con ir a una universidad, y que hacerlo endeuda a casi todos los que allí llegan. Cuando salen al mundo laboral, se pasan décadas pagando deudas por estudios. Y si caen enfermos, se arruinan incluso por una simple apendicitis.
El modelo madrileño, desgraciadamente avanzadilla y ejemplo para muchos otros gobiernos autonómicos, es el que se impondrá en el conjunto del Estado si gobiernan los mismos que lo han impuesto en Madrid. Puede que muchos ya no recuerden a Wert y sus peroratas en el Congreso y fuera de allí. Que ya no tengan en la memoria que, por ejemplo, trató de imponer unas reválidas selectivas que fueron incluso eliminadas por el régimen franquista con la ley educativa de 1970 por considerarlas muy dañinas para el sistema educativo. Pero sí pueden ver los datos de la Comunidad de Madrid en materia educativa: eliminación constante de plazas públicas y financiación creciente de la escuela privada concertada con ánimo de lucro; ratios más altas que en otras comunidades autónomas; tasas de abandono educativo disparadas, aportando ella sola el 50% del incremento total que experimentó el conjunto del país; más horas lectivas del profesorado que en otras regiones; renuncia y pérdida de fondos europeos por no querer emplearlos en la escuela pública; miles de jóvenes sin plazas de FP, a pesar de ser absolutamente necesarios en el mundo laboral y cada vez más gasto de las familias en etapas educativas declaradas gratuitas por mandato constitucional.
Tendrá alguien la tentación de pensar que todo esto no se cumplirá, porque será poco menos que una invención sectaria. Algo casi igual dijo el gobierno de la Comunidad de Madrid con Aguirre de presidenta y Figar de consejera de Educación, cuando, por ejemplo, denunciamos desde las organizaciones de familias que habían puesto en marcha un proceso de eliminación de las becas de comedor. Mentíamos, decían entonces. En el curso que acaba de terminar se han cumplido diez años de su desaparición. Que las cosas se olviden no significa que no existieran. Recordarlas es imprescindible para que no te engañen de nuevo.
También es verdad que el #23J no lo es todo, sin duda. En la Comunidad de Madrid seguiremos sufriendo este despropósito educativo y social durante cuatro años más, al servicio del “tanto tienes, tanto vales”. Pero, desde luego, no será lo mismo si las políticas estatales tienen otra legislatura buscando el bien común en lugar de, como en Madrid, el privado de unos pocos. Mucho trabajo por delante para ganar la mejora de la escuela pública; solo espero que los resultados del #23J no lo pongan aún más difícil para la inmensa mayoría de la sociedad.
Solo hay dos clases en la sociedad: la trabajadora y la que vive del trabajo de los demás. La denominada clase media solo es la clase trabajadora que no llega a fin de mes sin dinero en el banco y que se puede permitir algunos caprichos de vez en cuando, pero si sus trabajos desaparecen, del trabajo de otros no van a vivir. Y yo deseo que todas las personas que dependen de su propio trabajo y esfuerzo, sean coherentes. Solo pido eso, coherencia; de lo contrario, de la educación pública no quedará casi nada en poco tiempo y, aunque piensen lo contrario, de la privada concertada puede que solo el recuerdo. Por esta última no sufriré; por la pública sí.
