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La educación pública en Chile atraviesa un momento de profundas transformaciones, impulsadas por la Ley 20.040 y la creación del nuevo Sistema de Educación Pública, cuyo objetivo es garantizar una educación gratuita, laica, inclusiva y de calidad integral para todos los y las estudiantes. Sin embargo, estos avances institucionales conviven con desafíos urgentes que trascienden, lamentablemente, lo académico y ponen en evidencia las graves problemáticas que enfrentamos al interior de las comunidades educativas en materia de seguridad.
Durante las últimas semanas, la comuna de Melipilla ha sido escenario de violentos “ajustes de cuenta”, tanto al interior de establecimientos educacionales como en espacios públicos, con consecuencias fatales. El caso más reciente ocurrió en un espacio público, donde un joven de 17 años perdió la vida tras ser agredido con un arma blanca por otros estudiantes. Días después, otra pelea dentro de un liceo terminó con dos menores detenidos, uno de ellos portando un arma blanca. Estos hechos no son aislados, si no más bien reflejan una tendencia preocupante de escalada de violencia y que nos dice la manera en la que nuestros jóvenes están resolviendo sus diferencias.
Este hecho, lamentablemente, no es aislado. Cada día a lo largo del país son cientos de escuelas públicas que se ven enfrentadas a hechos de violencia, no solo entre estudiantes, sino también hacia funcionarios y funcionarias. Sin embargo, el ministro de Educación hizo un llamado a la calma, diciendo: “Es importante señalar que un hecho de estas características es extremadamente excepcional y, por cierto, yo quiero que en esto también llamar a la calma”, atribuyendo que lo sucedido en San Pedro y Melipilla son hechos puntuales.
Lo preocupante de las afirmaciones del ministro es que, al parecer, se encuentra viviendo en otro país, lejos de la realidad que se vive al interior de las escuelas públicas. Y es que podríamos hacer un listado interminable de hechos de violencia que deberían ser suficientes para tomar medidas inmediatas y no seguir analizando y diagnosticando las situaciones. Es momento de dejar de “condenar” los hechos de violencia y, de una vez por todas, golpear la mesa y decir basta. Pero para eso se requiere conciencia de la realidad, lejos de la ideología y el romanticismo de la educación pública, algo que lamentablemente se encuentra, al parecer, ausente en nuestras autoridades educativas.
Roberto Bravo lo plantea muy bien, y creo que le haría bien al ministro leerlo, en su carta al director: las balas están aquí: “Niños tirados en el sueño de sus salas mientras llueven balas. No es Texas. No es Florida. Es Chile. Es San Pedro de La Paz. Lo que antes veíamos como un horror ajeno por televisión, hoy es nuestra pesadilla. Y pareciera ser que ya ni nos sorprende. ¿Qué más debe pasar? ¿Esperamos ver decenas de niños muertos en los patios escolares para reaccionar?
No podemos permitir que la violencia se normalice en las escuelas. Cada pelea, cada herida, cada joven muerto es suficiente para reaccionar y hacer un llamado de alerta riguroso, valiente y serio, con medidas efectivas. Sin embargo, pareciera ser que a nadie le importa.
¿Qué más tiene que pasar?
