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Han pasado casi 40 años desde la última huelga indefinida convocada en la educación valenciana. Fue en 1988. Desde este lunes, los cinco sindicatos principales, STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE han llamado a más 75.000 docentes a un paro indefinido.
Bajada de ratios y aumento salarial están en la base del conflicto que, después de meses de negociaciones, no han sido escuchados por la Conselleria de Educación, en manos desde hace seis meses de Carmen Ortí.
Los dos primeros días se han saldado con importantes movilizaciones que los sindicatos cuantificaron en unas 40.000 personas en las calles, así como con un seguimiento que iba del 80 al 90 %. Según Educación, ese porcentaje era del 50 %.
Salarios
Los sindicatos reivindican la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, cuyo complemento autonómico no se ha movido en los últimos 20 años.
Una congelación que parece casi una bajada después de tantos años, varias crisis económicas y las subidas de precios de los últimos años.
A esto se suma que la Comunidad Valenciana vive, en buena parte de su territorio una situación de tensión con la vivienda importante. Los precios han subido mucho en estos años, así como los alquileres vacacionales, que impiden a muchas personas a tener una vida normalizada en las poblaciones donde tienen su trabajo.
Aseguran los sindicatos, además, que la Comunidad Valenciana es una de las que peor paga a sus profesionales de la educación.
Además de la subida, esperan que haya una cláusula de revisión salarial que ate la nómina al IPC y el abono de todos los complementos autonómicos en las pagas extra.
Ratios
Las elevadas ratios son otro de los problemas que han puesto sobre la mesa los sindicatos. Reclaman una bajada importante para poder hacer frente a unas aulas cada vez más complejas en su conformación.
Reclaman pasar de los 25 niños y niñas en primaria a 15, y bajar de los 30 y 25 en ESO y Bachillerato a un máximo de 20.
Junto a esta bajada exigen la creación de 2.000 plazas nuevas y la contratación de personal para reforzar la atención a la diversidad.
Otras cuestiones
Las infraestructuras están en el punto de mira de los sindicatos también. Demandan un plan para la reconstrucción de los centros afectados por la DANA, muchos de los cuales siguen en una situación imposible año y medio después del desastre.
También reclaman un plan para la climatización de los centros, una de las reclamaciones más antiguas que hace años llevó a los estudiantes a protagonizar varias jornadas de protesta.
Exigen la recuperación de puestos de trabajo eliminados con la entrada del gobierno de Mazón, que paralizó los acuerdos adquiridos entre los sindicatos y el gobierno del Botànix y que preveía la entrada de 5.000 docentes en el sistema.
Los recortes del gobierno de Mazón se notaron particularmente en las escuelas oficiales de idiomas, que perdieron cientos de aulas, miles de plazas y decenas de puestos de trabajo.
Junto a todo esto, reclaman las sustituciones inmediatas en las bajas, la contratación de personal de administración que pueda eliminar parte de la burocracia que asume el profesorado.
Otras medidas en las condiciones laborales que mejoren las tutorías, las licencias por interés particular, las reducciones de jornada para mayores de 55 años, la cobertura de la pérdida salarial a los 91 días al personal de MUFACE y la jubilación a los 60 años de todo el profesorado.
La defensa de la lengua valenciana también está entre las reivindicaciones sindicales. El gobierno de Mazón decidió realizar una consulta a las familias sobre la lengua que debía ser vehicular en cada centro. Una consulta muy criticada por buena parte de la comunidad educativa que no comprendía el problema que suponía el sistema implantado por el anterior ejecutivo y que se leyó como un ataque a dicha lengua.
