La pobreza infantil en España es un problema casi endémico que lleva años rondando el 30 % de toda la población menor de edad. Aunque ha habido algunas mejoras en esta tasa desde los años 2013 y 14, en los que claramente un tercio de la infancia se encontraba en situación de pobreza.
Pero cuando se habla de pobreza, no se habla de una única cuestión, no es una situación unívoca. Hasta cinco factores la influyen, modifican y definen: la incidencia (su porcentaje), la intensidad, la desigualdad (la diferencia entre quienes están por encima y por debajo del umbral), la cronicidad (estar tres o más años en esta situación) y, finalmente, la consistencia, es decir, la posibilidad de que una persona tenga pobreza monetaria y, además, carencia material severa.
Parece que nos hubiéramos insensibilizado ante una situación como la descrita en el primer párrafo, y tal vez sea así. El caso es que hay quienes quieren denunciar esta situación. Otras personas la estudia para, de una manera u otra, dar un toque de atención a quienes hacen las políticas que podrían revertir la situación. Es el caso de las coordinadoras del informe El coste de la pobreza infantil en España, elaborado para el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, Olga Cantó y Libertad González, de la Universidad de Alcalá y la Pompeu Fabra, respectivamente.
Ellas han colaborado con un nutrido grupo de investigadoras e investigadores de la UNED, de sus propias universidades, así como de Esade y la empresa KSNET.
El informe asegura que al Estado le cuesta al año algo más de 63.000 millones de euros la situación actual de pobreza infantil. Con una serie de cálculos realizados con las cifras de encuestas oficiales de los últimos años y también de los primeros 2000 han podido cruzar los datos de la situación laboral y de salud de personas que eran adolescentes entre el final del siglo XX y el principio del XXI, con estadísticas de la situación de pobreza o no de las familias en aquellos años.
La lógica es que si el menor nivel educativo aboca a trabajos más precarizados, con contratos más temporales y peor pagados y, además, los índices de depresión y sobrepeso son mayores entre quienes tienen peor situación socioeconómica, la cuenta, que califican como conservadora, es de 63.079 millones de euros que el Estado no ingresa por vía de mayores cotizaciones y, además, ha de gastarse en sanidad. Las investigadoras aseguran que el resultado, a pesar de ser del 5,1 % del PIB de 2019 (año del que salen las últimas cifras del estudio), es conservador porque solo han tenido en cuenta, para su medición, lo relacionado con la pobreza económica y no con la carencia material.
La mayor parte de la cifra que el Estado gasta de una manera y otra tiene que ver con lo que deja de ingresar vía impuestos o ingresos laborales debido a la menor cualificación obtenida por quienes viven durante su infancia y adolescencia en hogares empobrecidos. El monto total supondría 57.000 millones de euros menos. A esta cifra habría que sumar los gastos sanitarios derivados de problemas de sobrepeso y depresión de esta población, que calcularon en 6.079 millones más.
En cualquier caso, la situación que dibuja el informe no es buena pero apunta hacia soluciones que tendrían que centrarse en la situación alimentaria, educativa y de salud, por una parte, de niñas, niños y adolescentes (NNA), en la detección e intervención lo más temprana posible. También señalan la necesidad de políticas fiscales y de transferencias monetarias que ayudase.
Dado el PIB y la situación económica española, la tasa de pobreza infantil es más chocante. Según el informe, no solo es uno de los mayores índice de pobreza infantil de la UE, sino que efectivamente está muy por encima de lo que le correspondería al país dada su riqueza.
Los datos que recoge el informe señalan importantes diferencias territoriales en relación a las diferentes facetas de la pobreza en España. El siguiente maya muestra el porcentaje de NNA en pobreza crónica, es decir, que llevan tres o más años en situación de pobreza. Una situación que resulta bastante llamativa cuando se observan las cifras de algunas comunidades como Madrid o Cataluña, con importantes porcentajes de riqueza y que tienen a más del 10 % de su infancia en situación de pobreza crónica.
Como resaltan las investigadoras, aunque los porcentajes de pobreza de la infancia en España no han sido bajos nunca, sí hay cambios en el tipo de pobreza que viven. Mientras que en los años 90 se caracterizaba por una rápida entrada y salida de la situación de pobreza, en los últimos años hay un aumento de la cronicidad. En cualquier caso, las diferencias entre autonomías como Andalucía (30 %) y Cantabria o Navarra (0,6 %) son abismales.
Lógicamente, la situación es muy similar cuando se atiende al porcentaje de NNA en situación de pobreza, sin más, de 2019. Andalucía está a la cabeza con casi un 25 % de esta población, seguido no tan lejos por Cataluña, con un 17 %. En la otra punta, La Rioja con un índice del 0,6 o Navarra, con un 0,9 %
Qué hacer
El panorama resulta más o menos desalentador debido a la magnitud del problema. Millones de NNA conviven diariamente con unas situaciones especialmente complicadas. Algunos y algunas de manera crónica.
Por esto, desde el informe se alienta a que se tomen medidas de prevención y atención lo más prontas posibles para evitar que la situación de pobreza se alargue en el tiempo. Cuando más tiempo, más y mayores son las consecuencias.
También es necesario incidir en el mercado de trabajo, no solo disminuyendo el desempleo, principal causa de la cronicidad de la pobreza, sino en su calidad, puesto que la precariedad, las escasas horas trabajadas y los bajos salarios son parte destacada del problema.
El informe hace hincapié en la mejora de los niveles educativos de madres y padres (e indirectamente de sus trabajos). El 60 % de los NNA viven en hogares en los que la persona que sustenta principalmente la economía tiene estudios equivalentes a secundaria.
Aunque la composición de los hogares ha ido cambiando con los años (el informe pone la lupa en el lustro entre 2014 y 2019), las parejas con dos NNA al cargo son mayoría entre las que se encuentran en situación de pobreza. Son el 26,7 % del total. Le siguen ‘otros hogares’, con el 23,4 %. Y con el 19 %, parejas con tres o más menores a su cargo. Han crecido mucho los hogares multigeneracionales, que han pasado del 4,3 % al 8,1 %. Y las familias monoparentales (principalmente formadas por una mujer) han pasado del 10 al 11,3 %.
La situación de pobreza es un problema multifactorial que necesita de muchas manos y políticas diferentes y en distintos niveles de la administración para poder solventarse. No solo ha de pasar por mejorar la educación general de quienes solo alcanzan la secundaria obligatoria o la primaria, un paso que ya sería importante por su repercusión en el futuro, sino que necesita de políticas fiscales y sociales potentes que en un plazo menor supusieran cambios en las condiciones de vida de millones de personas por todo el país.
