Hace más de 25 años que trabajo en un centro de educación infantil como educadora y todavía tengo conocidos que me preguntan: “¿Cómo va el trabajo en la guardería?”. Desgraciadamente, las profesionales del primer ciclo de educación infantil (aquello que se conoce como 0-3) todavía nos tenemos que esforzar porque todo el mundo entienda la importancia educativa de nuestro trabajo. En la escuela infantil además de acompañar al niño en la adquisición de hábitos en su autonomía personal, potenciamos sus capacidades para que su progreso psicomotor, afectivo, intelectual y social se desarrolle de una manera integral, consolidando una base que los ayude a iniciar en buenas condiciones las siguientes etapas en su formación.
Todas las etapas educativas, para poder cumplir sus objetivos, necesitan unas normas mínimas que son responsabilidad última de las administraciones: ratios adecuadas, instalaciones adecuadas y condiciones laborales que permitan a las y los profesionales centrarse en su trabajo, sin precariedad y sin sufrir por su subsistencia. Al sector del 0-3 y, muy especialmente en los centros privados o municipales de gestión privada, estas normas o no existen o no se cumplen. Tenemos unas ratios altísimas (20 niños a I2, 13 a I1 y 8 a I0) y trabajadoras que hacen 1.661 horas de jornada anual (38h semanales de atención directa a los y las niños, sin tiempos por reuniones ni para preparar las actividades), por un sueldo que supera de muy poco el SMI, con un Convenio Estatal caducado y con las mesas salariales congeladas desde el 2021.
Condenar a las profesionales del primer ciclo educativo a ser trabajadoras pobres, según la definición de la Carta Social Europea, no solo es una injusticia hacia ellas sino también un mensaje intolerable de cuáles son las prioridades de nuestros gobiernos.
Hay que poner manos a la obra tanto por parte de la patronal que parece pensar que no haciendo nada ya nos cansaremos y todo seguirá igual (spoiler, se equivocan), como de las administraciones que tienen una responsabilidad global por lo que se refiere a las condiciones generales del ciclo educativo, y una responsabilidad muy concreta en el ámbito municipal. La política de externalización de muchos municipios, dejando la gestión del servicio en manos de empresas privadas que buscan un beneficio económico y no de calidad educativa, repercute en las espaldas de las trabajadoras que ven cómo cambian de empresa cada pocos años y su situación laboral no mejora y en muchos casos empeora a cada licitación. Hay trabajadoras de guarderías municipales de gestión indirecta que hace más de una década que tienen el mismo sueldo.
Las dos jornadas de huelga del último mes son la continuidad de las huelgas parciales que se organizaron durante una semana antes del verano. No entendemos porque las direcciones de algunos sindicatos han roto la unidad y no se han adherido a las convocatorias de este curso, pero el seguimiento ha estado masivo, y cada vez más afiliadas a otros sindicatos han secundado las huelgas organizadas por CCOO.
Este noviembre, tendremos que continuar movilizándonos y protagonizaremos dos jornadas más de huelga los días 8 y 15. Nos hace falta el apoyo del resto de trabajadoras y trabajadores de la educación, de la sociedad y de los políticos, que no pueden continuar abandonando la educación de nuestros niños más pequeños a empresas privadas. La educación no puede ser nunca un negocio que deja de lado la calidad educativa y el bienestar de las trabajadoras para conseguir un beneficio económico a expensas de las familias.
