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No, la culpa no es de la universidad española, pero el caso del máster fraudulento de Cristina Cifuentes, al que la presidenta madrileña ha tenido que renuciar, destapado por eldiario.es ha hecho que se empiecen a nombrar en voz alta males que, sin ser endémicos, sí que existen en ella, como las dificultades para que el control sea exquisitamente riguroso, para que los desmanes sean inviables, para que los tratos de favor no tengan lugar y no se permita hacer la vista gorda. También, para que la autonomía universitaria sea real y para que tener un contrato como profesor no signifique ningún tipo de pleitesía hacia ningún catedrático benefactor.
Jaume Sureda Negre es catedrático de la Universitat de les Illes Balears, donde dirige el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación. Con su grupo de investigación Educación y Ciudadanía ha analizado distintos casos de “deshonestidad académica” ya desde la ESO y ha alumbrado trabajos como El plagio académico en Educación Secundaria, junto con Rubén Comas. Para Sureda, “es evidente que las prácticas deshonestas afectan también a los niveles educativos no universitarios”, y cita como ejemplo “inflar las notas”.
En la amplia bibliografía que, asegura, existe sobre la corrupción en educación, se suele diferenciar entre “pequeña corrupción” (copiar, por ejemplo) y “gran corrupción” (vender o comprar artículos académicos, por ejemplo): “Hay partidarios de restringir el uso del término corrupción académica a aquellos casos en que se han producido cambios o beneficios económicos, y de referirse a los otros casos de malas prácticas como faltas de integridad académica, entendiendo por integridad aquellas conductas y acciones coherentes con una serie de normas y principios morales y éticos. Pero, personalmente, soy partidario de utilizar el concepto de corrupción para hacer referencia tanto al abuso de poder en beneficio propio –la gran corrupción– como a la ausencia de integridad académica –la pequeña corrupción-”.
Chiringuitos en Valdemoro, pero no solo
Si uno piensa en corrupción en las aulas a gran escala le vienen a la cabeza casos sonados como esa suerte de chiringuito en Valdemoro que supuso la trama Púnica, por la que el que fuera número tres del Gobierno de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y su socio, David Marjaliza, se llevaban una mordida de en torno a 900.000 euros por cada colegio concertado que se ponía en marcha, a través de una empresa que lo vendía después a cooperativas de profesores para su gestión.
O, más reciente, en ese puesto creado ad hoc para la hija del inspector jefe de la Delegación de Educación en Sevilla, que desveló el diario El Mundo y obligó al Gobierno de Susana Díaz a abrir una investigación interna sobre el reparto de una serie de destinos de forma discrecional, al margen de los procedimientos ordinarios y sin cumplir los requisitos pertinentes.
Pero, sin llegar a esos extremos, sin copar grandes titulares, muchos consideran que colegios e institutos no están exentos de prácticas que se podrían englobar bajo el paraguas de corrupción.
Una persona con una gran trayectoria en la educación no universitaria, donde ha ocupado cargos de responsabilidad, y que prefiere no dar su nombre, reflexiona: “La educación y sus instituciones están controladas en un porcentaje demasiado alto por la Iglesia, por algunas empresas y por los políticos, en el caso de la pública. No sé cómo podemos sobrevivir a tantos intereses que nada tienen que ver con un niño y su maestra intentando comprender y aprender la división por dos cifras de la mejor manera posible y respetando el ritmo natural de ese niño o esa niña concretos, o con el alumnado que necesita refuerzo sin personal suficiente que se lo proporcione mientras se gastan millones de euros en libros de texto no siempre adecuados. Está todo desequilibrado, la honestidad también”.
En su opinión, “en los colegios e institutos públicos es más difícil comerciar, porque no hay nada que vender. Es un servicio público con funcionarios que no tienen necesidad de engordar las notas. No así en la concertada o privada. Leyendo la lista de los mejores colegios que publica El Mundo hay poco más que hablar”.
El hecho de que los datos sean públicos complica también los tejemanejes en la pública: “Una vez vi una beca concedida a la hija de un profesor de instituto sin que le correspondiese. El alumno perjudicado presentó una reclamación y al final fue a parar a las manos correspondientes”. Sin embargo, sí que ha calado una cierta sensación de impunidad que, a su juicio, empieza a remitir: “Todos llevamos un pequeño Bárcenas dentro, pero también sobreviven esos tipejos porque los demás les damos permiso. Nunca pasa nada… Hasta ahora. Parece que ahora está pasando. Hay cosas moviéndose. No sé si todas a favor de la honradez y la equidad”.
“Me debes el puesto”
Felipe de Vicente Algueró es el presidente de la Asociación Nacional de Catedráticos de Instituto (ANCABA), y hace una clara distinción entre universitaria y preuniversitaria: “Empezando por el modelo de acceso. Las oposiciones son más objetivas. En la universidad muchas veces se logra medrar a base de favores, o prosperan los candidatos con más amigos dentro del tribunal”.
En su caso, asegura que fue uno de los factores que jugó a favor del instituto: “Prefería enfrentarme a una oposición y conseguir el puesto que tirarme años limpiando los zapatos a un catedrático de universidad para que este me apadrinara”. De su presencia en tribunales de oposiciones zanja: “No se puede hacer trampas”.
Y, sin embargo, sí que cuestiona algunas prácticas también en su terreno. Se muestra crítico, por ejemplo, con el decreto de plantillas en vigor en Cataluña: “Una parte de las plazas se reservan, no salen a concurso… Los directores le otorgan a esas plazas un determinado perfil, como en la universidad, pero la verdad es que les falta poner nombre y apellidos, están hechas muy a medida. Hay una comisión, sí, pero se tienen en cuentas puntuaciones subjetivas, como la de la entrevista con el director”. De Vicente cuestiona la independencia de las personas que obtengan la plaza dentro de este cupo: “Yo entiendo que pueden sentir o se les puede hacer sentir que, de alguna manera, se la deben al director”.
Las increíbles notas crecientes
Por lo demás, De Vicente asume que muchas veces el alumno se inicia en el plagio en el instituto: “También a veces se carga al alumnado con demasiadas cosas. Quizá en vez de tantas asignaturas, y un trabajo por cada una de ellas, se podría seguir la estela de Cataluña, que cuenta con un trabajo de investigación al finalizar bachillerato, dirigido por un tutor, con tiempo para ir revisándolo, para ir tutorizando al alumno… Así se hace también en el Reino Unido, pero allí el alumno que más asignaturas tiene en 2º de bachillerato tiene cuatro; aquí, se enfrenta a 11”.
Partidario de una reválida al finalizar la etapa, en la línea de Francia, Alemania e Italia, la reválida Lomce que de momento está paralizada, De Vicente trata de convencer a los críticos de que introduciría criterios de verdad objetivos: “Ahora todo el mundo infla las notas. No solo los privados, también los públicos. Tu entrada en la universidad depende de esa nota, el profesorado se reúne: ‘Solo tiene una asignatura suspensa, pobrecito’, ‘Quiere entrar en Medicina, pobrecito, le falta una décima’, y por querer hacer un favor se infla la media de bachillerato en todas partes”. A su juicio, esto se acabaría con una prueba externa, corregida por profesores externos, con la homologación de una agencia que cada año revisara si se corresponde con el nivel de exigencia requerido en cada una de las comunidades autónomas.
Una profesora de instituto incluso va más allá: “A veces, la dirección o inspección desautoriza al profesorado otorgando al alumno una nota que no merece. Es el caso de aquellos alumnos que cursan 2º de bachillerato y suspenden una materia porque ni siquiera se han presentado a la convocatoria de recuperación esperando que se le apruebe por junta. La junta puede dar por aprobado a un alumno aunque el examen no esté superado. Los padres protestan o bien a dirección o a inspección y vuelven con el aprobado bajo el brazo. Conozco algún caso. Es flagrante que se apruebe al alumno sin haberse ni presentado al examen de recuperación y que se desautorice al docente y a la junta de evaluación, porque ni siquiera esta ha decidido dar el aprobado por junta”.
Cuotas que siguen sin cumplirse
Son muchos los que fijan su mirada en la enseñanza concertada. Para el catedrático de la Universidade da Coruña, Jurjo Torres, en ella existen prácticas que podrían calificarse de corruptas como “recomendar a las familias que hagan donativos a las fundaciones que están detrás de esos colegios religiosos o incluso obligar a pagar una cantidad notable como cuota de entrada que se comprometen a devolver al final de la escolaridad, o sea, obligan a las familias a hacer préstamos sin interés durante seis, 10 o más años; obligar a comprar uniformes, un gasto a mayores que ya es excluyente para familias con escasos recursos; obligar a comprar uniformes en un único centro comercial, con lo cual es previsible pensar que ese centro comercial le dona a dicho colegio una cantidad por uniforme vendido; vender en sus librerías privadas los libros de texto y toda clase de recursos curriculares de carácter individual; ofrecer actividades extraescolares a mayores que cada familia debe financiar y que discriminan a aquellos estudiantes que no pueden cursarlas porque sus familias carecen de dinero para ello; tener un servicio de comedor privado que hay que pagar a mayores pues los alumnos no tienen tiempo para acudir a comer a sus domicilios… y todo esto mientras a los colegios concertados como a una gran parte de los públicos las editoriales les ‘regalan’ pantallas digitales u otros para presionarles a elegir sus libros de texto, con lo que se garantizan ventas de al menos cuatro años en ese centro”.
Muchas de estas prácticas traen de la mano un filtrado del alumnado: “Concertada y privada deben funcionar como una empresa de captación de clientela, así que se las tienen que apañar para que el alumnado con necesidades educativas especiales, pobre o no homogéneo vaya a la pública, ya que las familias, aunque no lo digan, buscan más que sus hijos e hijas tengan roce con alumnado de buena familia que con personas reales con problemas reales”, asevera una directora de colegio.
“Sin duda a mí lo que me parece más grave es la falta de una escolarización equilibrada”, recalca Miguel Soler, secretario de Educación e Investigación en la Comunidad Valenciana. “En el informe del Defensor del Pueblo de 2002 se decía que cuando un centro escolariza a más de un 20% de alumnado de especial dificultad por la razón que sea se hace difícil una buena respuesta, tanto al conjunto del alumnado, como a esos chicos y chicas que necesitan más apoyo que el resto. 16 años después esto sigue siendo verdad, y siguen existiendo prácticas que buscan, por distintas vías, seleccionar al alumnado, que a determinados centros solo acuda un sector del alumnado”.
Soler rescata la anécdota de un amigo con un restaurante de precio medio-alto: “Se le ocurrió bajar el precio del menú y un sector del público le pidió que lo volviera a subir, porque estaba entrando gente que no les gustaba. Esa anécdota, que es grave, en educación es muy grave”.
Con Vicent Marzà como conseller han intentado paliar esta situación, eliminando el distrito único, “que hacía que los centros, tanto los concertados como los públicos con mayor demanda, eligieran a las familias, por la vía del punto del consejo escolar”, o dotando a todos los centros de los apoyos pertinentes, para que se acabe con excusas como: “Tu hijo necesita un PT que no tenemos pero en el público de enfrente sí lo hay”, o reservando en todos los centros un porcentaje de plazas para alumnado de especial dificultad.
“Hay muchas maneras de seleccionar”, apunta Soler, que menciona cómo antes de la llegada de Marzà se veía natural que un alumno que había estado escolarizado a los dos años en un centro de infantil –pagando su familia unos 400 euros al mes– gozara de un punto más para luego matricularse en tres años en determinado colegio, o cómo incluso se encontraron que, si se concedía un punto en el baremo para deportistas de élite, había 13 alumnos de tres años que contaban con un punto por ese motivo”. Soler señala que las cuotas voluntarias no son la única estrategia en esta dirección, “y en función del importe de esa cuota, no siempre tiene ese efecto de tirar alumnos fuera”.
Al final, los criterios que rigen en su comunidad autónoma son los que marca la ley (hermanos, proximidad, renta…). “Establecimos un baremo único para evitar las corruptelas”, rememora Soler, “Hubo contestación, pero ahora está todo más calmado. Las familias han comprobado que en realidad solo hay un 20% de centros con más demanda que oferta, y que en el resto entran todos los alumnos que lo piden”.
De todas formas, reconoce el secretario que no han logrado esa meta que se proponían, que no se rebase el 20% de alumnos de “especial dificultad” en ningún centro: “Llevamos tres años aplicándolo, y solo a la entrada, cuando en algunos casos no se ha identificado aún esa dificultad. Para que se note en su conjunto, y con la excepción de algunos barrios en que la propia planificación urbanística lo complica, harán falta cinco o seis años más con estos mismos criterios”.
