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Esta información ha sido publicada en Catalunya Plural.
El primero de los cinco días de huelga educativa convocada por los sindicatos de la educación pública (dos en el caso de la concertada) ha tenido un seguimiento muy alto, equiparable a las diversas jornadas de protesta que se convocaron en 2008 y 2009, previas a la aprobación de la LEC (Ley de Educación de Catalunya). En aquellos momentos eran cinco los sindicatos de docentes que convocaron unas movilizaciones que lograron unos seguimientos del 40 y del 50% en la educación pública, según datos oficiales. Hoy los datos hablan de un seguimiento del 33%, si bien en esta ocasión los servicios mínimos decretados por el Govern han sido especialmente elevados, puesto que en todos los centros educativos estos días tiene que haber como mínimo un docente por cada tres grupos, una proporción que se eleva al 50% en el caso de los centros de educación especial. Los sindicatos han calificado de abusivos estos servicios mínimos y, contándolos, elevan el seguimiento de la huelga de hoy al 70%.
Otra diferencia es que en este caso no han sido cinco sino siete los sindicatos que se han puesto de acuerdo para echar un pulso al conseller, y no por el articulado de una ley, sino por una conjunción de factores más intangibles, entre los que se juntan algunas derivadas de la LEC, que ya se pueden considerar que forman parte del repertorio clásico de motivos de huelga docente (decreto de plantillas, etc.), la larga noche de los recortes no revertidos (por ejemplo, todavía tienen una hora lectiva semanal más de las que hacían antes de la gran crisis), y muy especialmente el agotamiento de dos años pandémicos muy estresantes, con los recientes y aún más estresantes anuncios de cambios en la programación y planificación del próximo curso (léase, currículum y calendario).
Todo ello ha provocado que lo que tenía que ser una buena noticia, el adelanto del inicio de curso, puesto que aparentemente beneficia al alumnado más vulnerable y acerca el sistema educativo catalán al europeo, haya desembocado en la mayor expresión de rechazo de la comunidad educativa que se recuerda en los últimos quince años. Un rechazo que se focaliza en el consejero Gonzàlez-Cambray y que tal vez acabe sepultando sus aspiraciones políticas, si es que las tiene, puesto que más de un analista le ve (o le veía) como un serio candidato a ser el alcaldable de ERC por Barcelona en las elecciones que tendrán lugar en 2023.
Y es que, de hecho, el anuncio del calendario lo hizo el mismo presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el 10 de febrero, sin haber sido previamente comunicado al Consell Escolar de Catalunya, un hecho que ya causó bastante malestar. Y la misma solemnidad con la que se comunicó, elevándolo al rango de “medida de país”, ha dificultado una eventual marcha atrás, que sería no solo del conseller, sino del mismo presidente catalán. Esto se vio claro días más tarde, cuando miembros ilustres del Consell Escolar nada sospechosos de pertenecer a grupos anarcoincendiarios propusieron, con intenciones pacificadoras, el atraso de la medida un año. El conseller se negó en redondo.
Esta conjunción de factores (a la que se podrían añadir otros como la sensación de poco acompañamiento ante la creciente complejidad de la profesión docente) ha tenido como consecuencia que a la protesta se hayan sumado incluso quienes nunca acostumbran a hacerlo. El caso más paradigmático, por insólito, ha sido la decisión de los directores y directoras de los más de 200 centros educativos públicos de la ciudad de Barcelona de sumarse hoy –solo hoy– a la huelga. Y precisamente hoy, el Govern ha aprobado “un complemento específico de reconocimiento de la función directiva para los directores y directoras de centros públicos”, a contar a partir del 1 de enero de 2022. Este complemento ya estaba previsto en la LEC (2009) y en el decreto de direcciones (2010). Ha tardado, pues, 12 años a ser una realidad.
Pero, más allá de este gesto ha habido otros: la unidad sindical, la suma de los sindicatos de la concertada, del sector del ocio educativo, y del personal laboral, el comunicado del MUCE, la reactivación de la Assemblea Groga… Todo esto no se explica por un simple cambio de cinco días en el calendario, que ni siquiera supone, como bien ha ido recordando el conseller, un cambio en las condiciones laborales, puesto que los maestros se encuentran en su puesto de trabajo desde el 1 de septiembre. Había un sustrato magmático insondable que solo necesitaba una chispa para entrar en erupción. El calendario ha ejercido de chispa.
Las 22.000 personas que esta mañana se han manifestado por Barcelona, según datos de la Guardia Urbana (40.000 según CCOO, 60.000 según USTEC), han generado una colada de lava encendida que pedía a gritos la dimisión del conseller mientras recorría los aproximadamente tres kilómetros que separan la plaza Cinc d’Oros, en la confluencia entre Paseo de Gracia y Diagonal, de la sede de la consellería de Educació, en la Vía Augusta. Al final de la marcha se han vivido algunos momentos de tensión a las puertas del Departament, fuertemente blindado por policías antidisturbios para evitar una nueva ocupación como la que tuvo lugar hace unas semanas. El hecho de que el consejero y parte de su equipo se hayan querido sentar con una representación de los sindicatos ha parecido calmar los ánimos, si bien de esta reunión exprés (parece que solo ha durado 10 minutos) los dirigentes sindicales han salido afirmando que no se habían acercado posturas ni un milímetro y animando a la gente a seguir participando en las movilizaciones convocadas para mañana (en Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Tortosa y Manresa) y el jueves.
