La censura previa, prácticamente, desapareció con la puesta en marcha de la democracia en España. El control que el Estado tenía sobre el contenido que se publicaba en los libros de texto que eran utilizados en las aulas, tardó un poco más, pero hace décadas que no se pone en marcha un sistema de censura previa.
A pesar de esto, la Ley de Educación prevé dos supuestos sobre los que la Administración competente puede actuar contra los libros de texto: falta de rigor científico en lo que se afirma y/o que los textos no se ajusten al currículo que publican el Gobierno o las comunidades autónomas.
Según el texto legal, «la edición y adopción de los libros de texto y demás materiales no requerirán la previa autorización de la Administración educativa. En todo caso, éstos deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa». Esta es la primera mitad del segundo punto de la disposición adicional cuarta de la Lomloe que continúa así: «Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a los principios, valores, libertades, derechos y deberes constitucionales, así como a los principios y valores recogidos en la presente Ley y en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, a los que ha de ajustarse toda la actividad educativa».
El tercero de los puntos de esta disposición zanja la cuestión: «La supervisión de los libros de texto y otros materiales curriculares es competencia de las administraciones educativas y constituirá parte del proceso ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa sobre la totalidad de elementos que integran el proceso de enseñanza y aprendizaje, que debe velar por el respeto a los principios y valores contenidos en la Constitución y a lo dispuesto en la presente ley».
Isabe Díaz Ayuso aseguró ayer que daría una orden a la Inspección educativa madrileña para que hiciera una revisión exhaustiva de todos los libros de texto que se pueden distribuir en la Comunidad para eliminar el contenido que ella considera ideológico.
Al mismo tiempo, la Consejería de Educación, con Enrique Ossorio a la cabeza, han enviado sendas misivas al Ministerio de Educación, a la inspección madrileña y a la Unión Europea para avisar de estas cuestiones. Está prevista, según fuentes de ANELE, una reunión del consejero con la asociación para aclarar cuáles son los puntos de fricción que la Comunidad haya podido detectar. Hasta ese momento, fuentes de la asociación no se quieren pronunciar sobre el asunto, aunque aclaran los supuestos en los que la Administración puede paralizar un libro de texto. Siempre con la duda de qué es contenido ideológico.
Desde ANELE no recuerdan que en otro momento en los últimos años se haya producido una situacióno como la que ha organizado Isabel Díaz Ayuso, aunque cada cierto tiempo saltan a los medios de comunicación polémicas relativas al contenido de los manuales de texto.
Desde Adide, la asociación en la que se reúnen las y los inspectores de educación explican a este medio que efectivamente entra en sus atribuciones la vigilancia de los libros de texto pero que, al menos en su plan general plurianual, el que dicta sus trabajos durante cuatro años, no aparece esta revisión. El plan actual comenzó su andadura en el verano de 2021. Aunque, como confirman, no aparezca mención alguna a la revisión de libros de texto, esta puede hacerse, como ya ocurriera hace algún tiempo (con José Ignacio Wert en el Ministerio) con los libros de Cataluña o en Madrid, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.
Eso sí, recuerdan desde Adide que la misma Ley que habilita a Ayuso a revisar libros de texto, marca como principios de actuación de la inspección la «profesionalidad e independencia de criterio técnico» o la «imparcialidad y eficiencia en la consecución de los objetivos fijados».
Huelga recordar que los libros de texto no son obligatorios, y que su uso lo decide el docente en particular. Además de que no se tienen que dar todos y cada uno de los contenidos que en ellos aparecen.
Una nueva polémica que viene a sumarse a la de la destitución de Alejandro Tiana como secretario de Estado de Educación a año y medio de finalizar la legislatura. Mientras desde el Ministerio se habla de relevo después de casi un año desde que Pilar Alegría llegase al despacho de Alcalá, 32. Nueva polémica que la derecha ha intentado instrumentalizar asegurando que esta decisión tiene que ver, precisamente, por la ideologización del currículo educativo.
Desde el Ministerio de Educación están recabando información, aunque las fuentes consultadas aseguran que los libros de texto no son materia en la que el Departamento que dirige Pilar Alegría pueda hacer mucho. No es el Ministerio, sino las editoriales, las que elaboran estos materiales.
