Opinión

Resistencia educativa: un testimonio de dignidad profesional

Prosigue la huelga indefinida del profesorado valenciano no universitario. Escribo en un momento en el que la negociación con el gobierno valenciano está atascada.

La consellera de Educación, Carmen Ortí ha criticado la negativa del profesorado a frenar la huelga. Los sindicatos convocantes han compartido los resultados provisionales de una encuesta al profesorado en la que el 78% de las personas participantes optaba por no aceptar la propuesta de la consellera y un 60% decidía continuar con la huelga. La consellera considera una imposición incorporar las propuestas sindicalistas.

En una acción conjunta, 270 equipos directivos de centros educativos públicos valencianos, el jueves 20, han presentado su dimisión, después de que sindicatos y la Conselleria de Educación no llegaran el día anterior a un acuerdo.

Ayer, los sindicatos CSIF y ANPE han suscrito el acuerdo salarial con la Conselleria en cuanto a retribuciones. No lo hicieron el resto de sindicatos que continúan con la huelga.

La movilización educativa, las manifestaciones multitudinarias que se han producido (la manifestación en València fue histórica, reuniendo a 35.000 personas procedentes de todo el territorio valenciano), son la mayor muestra en defensa de la educación pública desde la huelga de 1988.

Curiosamente en los informativos de la televisión pública valenciana, en lugar de informar, se emitió, como en otras ocasiones, una corrida de toros, desinformando a la ciudadanía. El Consell d’Informatius considera vergonzoso que se emitiera una corrida en lugar de la manifestación del sábado por la huelga educativa.

Desmantelamiento de la pública

Y existen motivos sobrados porque lo que se evidencia es el desmantelamiento calculado de la educación pública, mientras se favorece a la privada concertada. Cuando se niegan recursos necesarios, debemos exigirlos.

Las familias también han sido informadas y han dado apoyo al profesorado en huelga. La Plataforma Famílies en Lluita acusó a la consellera, Carmen Ortí, de intentar confrontar a las familias con el profesorado en huelga. Hay que recordar el envío electrónico de una carta de la consellera de educación, dirigida a los padres y madres dos días antes del inicio de la huelga.

Según informa la prensa, los más de 400 centros concertados valencianos reciben el doble de fondos públicos que hace una década, según datos de los presupuestos de la Generalitat Valenciana aprobados desde el año 2015 hasta el 2025.

Los conciertos educativos previstos para los centros concertados de educación infantil, primaria, secundaria y las etapas postobligatorias (bachiller y los ciclos de grado medio y superior) recibieron 844 millones de euros en los presupuestos de 2025 frente a los 421 en el año 2015, con las últimas cuentas públicas antes de la llegada del Gobierno del Botánico (PSPV, Compromís y Podem). Además a lo largo del año, los presupuestos sufren modificaciones de crédito que, en el caso de la escuela concertada, se traducen en incrementos de la inversión.

Críticas a la protesta y sus protagonistas

El presidente Llorca opina que la demanda de subida de sueldo es política. La prensa informa de que su sueldo es de 4.700 euros mayor al expresidente Puig.

También ha expresado que es desproporcionado que el profesorado desatienda a sus alumnos, en un contexto de profesorado ejerciendo su derecho legal a la huelga.

Llorca también opina que la huelga es política. La huelga está ligada a las condiciones educativas en las que trabaja el profesorado. Y sí, la educación siempre, como defendía Paulo Freire, es política porque cuando defendemos un modelo de escuela, estamos defendiendo un modelo de sociedad.

En las Cortes Valencianas una representante de la ultraderecha definía a los y las huelguistas como vagos. Olvidaba, eso sí, que el profesorado en huelga está perdiendo una parte muy importante de su sueldo para conseguir una educación pública de calidad para todo el mundo. La educación que deberían defender los representantes de la ciudadanía que ocupan escaños y que, sin embargo, trabajan en su contra y que, en muchos casos, ni se presentan a trabajar cobrando bastante más que el profesorado en huelga.

Salarios dignos

Es política, claro que sí, que el profesorado cobre un sueldo digno y justo para que, progresivamente, recupere el poder adquisitivo. Si recordamos que las maestras y maestros valencianos llevan desde 2010 con la parte del sueldo que paga Conselleria congelada resulta muy razonable.

El profesorado valenciano en huelga es el peor pagado del estado. Esos datos y muchos otros aparecían en un artículo de la profesora Viki Burriel en el que explicaba la magnitud de la movilización y el compromiso de las personas participantes.

Subrayaba, por ejemplo, que debe frenarse la privatización de la FP, cuando además se pretende cerrar más de 70 ciclos formativos públicos. Es evidente que prima el negocio privado a costa de desmantelar la FP pública, en lugar de transformarla e impulsarla. El profesorado también lo está visibilizando en acciones concretas.

La Coordinadora d´Assemblees Docents del País Valencià (CADPV), en colaboración con la Fundación Escola Valenciana, ha creado una caja de resistencia para dar soporte al profesorado que está en huelga en defensa de la escuela pública. Según los cálculos, diez días por ejercer el derecho de huelga le puede costar 1.700 euros a cada profesor de primaria o 1.900 en el caso de los de secundaria.

La prensa (Navarro, 2026) también destaca que cuando Pérez Llorca atribuía a la infrafinanciación la imposibilidad de avanzar en las propuestas, omite su negativa a aceptar el modelo de financiación presentado por el Gobierno que supondría un aumento de 3.669 millones anuales de aportaciones del Estado.

Además, sigue impulsando una política de reducción de impuestos a las rentas altas, destacando la prensa: “Así pues, después de aprobar a finales de 2023 la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, que pagan los grandes patrimonios, y que tiene un impacto anual cercano a 300 millones de euros, ha extendido ahora las deducciones para actividades deportivas o adquisición de gafas a personas con salarios más que acomodados”.

Ratios

Es política atender a la ratio de las aulas en las que este profesorado trabaja con su alumnado para garantizar la atención personalizada al alumnado. Esta reivindicación ya formaba parte de las peticiones en la huelga educativa de 1988. Resulta terrible continuar reivindicando casi 40 años después lo mismo.

Si en lugar de ofender al profesorado valenciano, quienes lo critican o lo ignoran realmente hicieran bien su trabajo como representantes políticos de la ciudadanía, lo que harían atendiendo al contexto real de los centros educativos, sería reforzar y aumentar las plantillas, no dilatar la contratación de profesorado sustituto.

Si visitaran estos centros se encontrarían aulas totalmente desbordadas en donde moverse es complicado porque sus espacios han quedado en muchos centros obsoletos y están desbordados ante esa ratio, aulas en las que además existe una diversidad funcional, lingüística o cultural, entre muchos otros aspectos, con una sola maestra por aula. En algunos casos con alumnado que necesita atención constante. Las condiciones para atender de manera inclusiva a la diversidad resultan a todas luces insuficientes.

Inclusión

La solución a este problema debe ser inclusiva, no segregadora como es el caso de la creación de aulas UECO (Unidades Específicas en Centro Ordinario) impulsada por la Conselleria. Hay que escuchar lo que necesita el profesorado, que es quien sufre esta situación insostenible.

Lo que se necesita no es segregar, lo que se necesita son más maestros y maestras en esas aulas de alta diversidad. Porque la diversidad no es el problema, significa riqueza educativa y cultural cuando existen medios adecuados para trabajar en los centros educativos. Cuando no existen es imposible abordar un contexto tan complejo con la insuficiencia de personal y de medios, desde una precarización que no es buena para nadie.

Si a todo esto sumamos la gestión burocrática del profesorado que ha aumentado de manera exponencial, restando tiempo a la necesidad real de preparar las clases atendiendo a las necesidades de su alumnado, de rellenar informes, la burocracia ligada a plataformas digitales…el tiempo queda reducido de una manera brutal. Lo más triste es que, mucho de ese trabajo, es trabajo “sin sentido”, que en realidad no aporta nada y precariza el trabajo del profesorado.

La educación pública de calidad e inclusiva no debería traspasar nunca los límites que establecen los derechos humanos en ninguna disposición curricular. Esto también es política. Sin embargo, siguiendo la línea de todos los gobiernos europeos ultra, que pretende el control del sistema educativo como han demostrado Enrique Diez y Mauro Jarquín (2025) en su investigación sobre la agenda de estos partidos, entre otros aspectos, desde el control del currículum y de los contenidos educativos, ese interés ha llegado a nuestro territorio.

Desgraciadamente, también aquí se ha emulado ese comportamiento. En los últimos años contamos con muchos casos de ejemplos concretos, como la censura de libros de literatura infantil y juvenil en bibliotecas, en escuelas y en institutos impulsada por la ultraderecha sin ningún criterio literario, únicamente por su temática, aunque, no lo olvidemos, existe legislación concreta con articulado educativo que señala la necesidad de abordar estos temas en el aula.

Hablamos de una inclusión que se extiende curricularmente, necesariamente, a la pedagogía feminista, a la inclusión de la racialización, de la identidad sexual diversa, de protagonistas curriculares diversos con agencia, como sujetos del discurso público, con derechos, como referentes que posibiliten la identificación del alumnado diverso. Y por eso debe trabajarse contra el dogma, contra las mentiras, desde el diálogo, generando pensamiento crítico y acción comprometida. Es decir, desde una educación unida a los derechos humanos que no deje a nadie atrás.

Una educación democrática no puede darse sin esta inclusión. Como defiende Francesc Imbernon (2026): “Educar democráticamente no significa imponer una visión política concreta. Significa enseñar a pensar, a contrastar información, a convivir con la diferencia y a comprender que las sociedades son complejas. Significa también fomentar la duda, la reflexión y la capacidad de analizar críticamente discursos simplificadores que convierten al diferente en enemigo y al miedo en herramienta política”.

Los mismos hombres y mujeres, representantes políticos, que cuestionan esta necesidad, consideran muy razonable dotar a siete colegios del Opus Dei del territorio valenciano, con casi 73 millones de euros, ignorando que son segregados (es decir, que no respetan el principio de no discriminación, al no ser mixtos), y que son empresas privadas (no son centros educativos públicos que son un bien social, que no pertenecen a ninguna empresa, que pertenecen al conjunto de la ciudadanía). La renovación, por tanto, es ilegal porque continúan segregando alumnado por sexo, una práctica que se considera incompatible con la legislación educativa vigente.

La prensa informa (Muñoz,2026) de la responsabilidad política de Carmen Ortí, “ya que el año pasado fue la encargada de la renovación de estos conciertos educativos hasta 2031, cuando ocupaba el cargo de subdirectora de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados dentro de la propia Conselleria. Según la Orden 6/2025 de 9 de abril, donde se detallan las funciones de dicho cargo, Ortí ostentaba la competencia de tutelar el proceso (…) La renovación ilegal de estos conciertos educativo supone un coste de al menos 12 millones de euros anuales para las arcas públicas valencianas y un mínimo de 72,6 millones de euros públicos”.

Infraestructuras

Seguimos con las infraestructuras, que también son política, como todo en la educación. Nos encontramos en un momento de cambio climático con temperaturas excepcionales. Parte de los políticos y políticas que representan a la ciudadanía es negacionista, ese es un gran problema porque se ha llegado a defender en foros como la Capitalidad Verde europea argumentos acientíficos y delirantes.

Sin embargo, hay algo que todo el mundo podemos entender de manera muy clara, las altas temperaturas afectan a la salud de toda la comunidad educativa, especialmente a las niñas y a los niños, los más vulnerables.

Climatizar los centros es una necesidad vital. En algunos centros la temperatura puede llegar a los 36 grados o más a final de curso, convirtiendo las aulas en un horno que hace peligrar la salud. Esto es lo que deberían recordar quienes ignoran esta necesidad desde sus despachos refrigerados, unos despachos que sí que están climatizados.

Existen centros educativos que necesitan urgentemente una mejora en sus infraestructuras, porque sus espacios sus instalaciones están deterioradas por el uso o son inadecuadas por el paso del tiempo. El profesorado reclama instalaciones dignas. Debemos recordar en nuestro territorio, especialmente, a los colegios públicos afectados por la DANA y la situación actual de barracones en muchos de ellos. Conviene recordar lo que muestra la investigación Amb el fang a la motxilla. Impacte de la dana d’octubre del 2024 en la infància i l’adolescència de la província de València: Vies per a la reconstrucció des d’un enfocament de drets, investigación realizada por un equipo da la Facultat de CC. de l´Educació de la Universitat de València y la Fundación Save the Children (2024) que urgía a recuperar lo antes posible los colegios, el contexto de espacio seguro que generan para el alumnado.

Mientras esta situación tiene lugar, el expresidente Mazón tiene un presupuesto anual para su oficina que suma un coste aproximado de 155.000 euros (coche, chófer y asesor).

Valenciano

Queremos poder educar, enseñar y aprender en nuestra lengua. Este tema también es política. En la sociedad valenciana, con una lengua propia, quien debería favorecer su desarrollo y su enseñanza, porque está unida a la identidad del pueblo valenciano, es quien la persigue, quien prohíbe la introducción curricular de autores y de autoras referentes e imprescindibles.

Es como si en el territorio estatal donde existe una lengua propia (catalán, gallego, euskera, bable…) se prohibiera en el currículum escolar leer a Miguel de Cervantes o a Ana María Matute. Es tan absurdo, que resulta gravísimo tener un gobierno que apoya y promueve esta barbaridad acientífica, debería enrojecerles si hubiera vergüenza.

La palabra cultura les viene grande. Lo han demostrado con esa censura cultural relativa al teatro, a conciertos… Es terrible que quien debiera proteger nuestra cultura y dinamizarla; quien debiera cuidar de nuestro patrimonio lingüístico, actúe de esta manera, desde un reduccionismo simplista y nesciente.

Además, como ha demostrado la psicolingüística es un posicionamiento acientífico, porque estudiar en la lengua propia, la lengua que forma parte de nuestra identidad, en la lengua de nuestro territorio, favorece la autoestima y la cohesión social como defiende la UNESCO recogiendo diversas investigaciones.

En definitiva, lo que se pide con la huelga es compromiso social y político con la educación pública. Frente a las narrativas que infectan la finalidad real de la huelga, debemos generar contranarrativas que expliquen y argumenten su legitimidad.

Debemos exigir políticas educativas ligadas a la defensa de una educación pública de calidad, inclusiva, en nuestra lengua. Eso es lo que se defiende en esta huelga, para los niños y niñas, para los/las adolescentes valencianos. Porque como defendía Paulo Freire, la educación es un acto de amor y, por tanto, de valor. Y el profesorado en huelga está dando una gran lección de dignidad profesional.

En la manifestación multitudinaria, reivindicativa, alegre, que formó la inmensa marea verde que inundó mi ciudad, Castelló, que la recorrió, que la pobló desde la diversidad, había un colectivo enorme defendiendo la educación pública.

Diversas generaciones se entrelazaban en la manifestación. Esa cadena profesional y humana, anónima, que nos une a las generaciones de enseñantes y a toda la ciudadanía, sigue viva, se trabaja por la educación pública desde el compromiso colectivo. Y es muy bonito formar parte de esta sucesión generacional que se prolonga en nuestro estudiantado, los futuros y futuras enseñantes, que han recogido ese testimonio de sus maestras y maestros en los colegios donde ahora hacen sus prácticas y, también, han decidido hacer huelga. De manera informada, desde la reflexión contrastada sobre todo lo que va sucediendo. Han optado libremente por ejercer resistencia educativa, con el testimonio directo de la dignidad profesional de sus maestras y maestros supervisores en huelga.

Como nos recordaba Giroux hace ya casi 30 años, y sigue siendo de plena actualidad, en su obra Cruzando límites. Trabajadores culturales y políticas educativas (Paidós, 1997), las educadoras y educadores estamos implicados profundamente en la producción de narrativas e identidades que nunca son neutrales. Por eso debemos organizar lugares de resistencia que piensen en todas las personas, que defiendan a todas las personas, para ofrecer “oportunidades para crear culturas públicas críticas donde se puedan crear las condiciones necesarias para que las personas crean que pueden contar a la hora de construir una sociedad que manifieste coraje cívico, compasión y justicia cultural en sus relaciones institucionales y cotidianas”.

Debemos presentar resistencia educativa frente a quienes defienden intereses ajenos a la educación pública, frente a quienes trabajan desde una política educativa que no dota al profesorado de los medios para poder trabajar adecuadamente en beneficio de su alumnado. Se está pidiendo un diálogo social que escuche, que atienda a las peticiones justas y argumentadas del profesorado. Por una educación de calidad que, como se defiende desde la pedagogía crítica, colabore en la construcción de un mejor mundo posible.