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Como cada año, en la primera quincena de septiembre, la apertura del curso escolar acaparó por unos días las conversaciones y también absorbió la agenda mediática. Los titulares de prensa, televisión y radio se llenaron con los manidos reportajes sobre la vuelta al cole: los nervios de las niñas y niños en los primeros días de clase; el alivio de las familias por el reinicio de las clases en una escuela entendida como mecanismo necesario para la explotación laboral; el coste de la educación para las familias (sobre todo para las que incomprensiblemente han decidido pagar cuotas y uniformes, en lugar de optar por la educación pública de calidad y gratuita) y demás tópicos.
Para quienes nos dedicamos a la educación, el arranque de cada curso es más complicado: en unos pocos días hay que reiniciar una compleja maquinaria que supone mucho trabajo de coordinación docente, reparto de grupos, materias y horarios, puesta al día de aulas y mobiliario (sí, también nos toca a veces), una maraña de trabajo burocrático que incluye una parte no pequeña que intuimos prescindible… Y tan puntual a la cita como los reportajes a la puerta de colegios e institutos, las novedades normativas de última hora, improvisadas y chapuceras siempre.
Unas instrucciones inaplicables
En el inicio de este curso en Andalucía, el protagonismo lo ha tenido el enorme descontento y la confusión generadas en torno al horario docente. Desde el primer día de septiembre, corrieron por los claustros informaciones contradictorias sobre las implicaciones que podría tener un acuerdo firmado en julio, entre la Consejería y algunos de los sindicatos de la Mesa Sectorial. El problema es que este documento no es más que una declaración de intenciones pactada entre el gobierno andaluz y los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, sin ninguna validación y sin el desarrollo normativo que permitiría su aplicación. Así es que el 5 de septiembre, deprisa y corriendo, la Consejería emitió unas instrucciones que más que aclarar, contribuyeron a extender el desconcierto entre equipos directivos, claustros y familias.
El papel todo lo resiste, pero el acuerdo y las instrucciones chocaron con la realidad desde el primer momento. Como han señalado públicamente docentes, equipos directivos e incluso algunas voces de la inspección educativa, las instrucciones presentan contradicciones con la normativa vigente y chocan con el principio de autonomía pedagógica, de organización y de gestión de los centros educativos.
Si vamos al contenido del acuerdo plasmado en las instrucciones, no se hace ninguna mención a la Formación Profesional o las enseñanza de régimen especial; en Secundaria no se superarán las 18 horas lectivas, sobre “Educación Especial” se hacen referencias a optimizar la distribución de recursos sin más concreción; en Educación Infantil y Primaria se reducirá el horario de 25 a 23,5 horas lectivas.
En Secundaria y Bachillerato los horarios quedan exactamente igual que ya estaban sin ningún matiz en absoluto. La realidad de Infantil y Primaria es que para reducir de verdad el horario lectivo docente se necesitaría, como es lógico, la ampliación del número maestras y maestros, pero la medida a aplicar se limita a la rotación en la vigilancia de los recreos. Ni la administración educativa ni los sindicatos firmantes han contemplado siquiera las circunstancias de los centros rurales, los centros de personas adultas o las residencias, donde esta medida es, sencillamente, inaplicable. Tampoco parecen haber pensado en cómo resolver circunstancias como días de lluvia, ausencias puntuales de profesorado u otra que hacen inviable su puesta en práctica.
Pues si no es en el horario lectivo, pensarían los firmantes del acuerdo, vendamos la reducción del horario no lectivo, por la vía del trabajo telemático. Y la cuestión es que el trabajo en remoto ya se venía aplicando en los centros educativos de Andalucía y del resto del Estado desde la pandemia, con algunas salvedades que no han mejorado sustancialmente las condiciones de trabajo docentes y, en cambio, han provocado la protesta de las familias. Este es el caso de las tutorías que, según las recientes instrucciones serán telemáticas, salvo petición expresa.
Pero no solo las familias, también docentes y equipos directivos se preguntan si determinadas tareas de coordinación docente son igual de eficaces a través de una pantalla y, en algunos casos, si son siquiera factibles. Pero es que además, para que tenga algún sentido realizar estas tareas desde casa, éstas deben colocarse al principio o al final de la jornada, dejando un margen de una hora, entre la entrada o salida del centro y el comienzo de la reunión. Ésto supone que la elaboración de horarios debe priorizar estas condiciones, por encima de los criterios pedagógicos que deberían regir la vida de colegios e institutos en todos sus aspectos. En algunos casos casar condiciones laborales y perspectiva didáctica será posible, pero en otros no tanto, creándose así un agravio comparativo entre profesionales que trabajan en centros con diferentes condiciones.
En este tema, los planteamientos del gobierno andaluz no difieren de los planes del gobierno estatal que hemos conocido en los últimos días, a raíz de las informaciones sobre las negociaciones del Ministerio con las organizaciones sindicales en torno al estatuto docente. Por lo que sabemos, las medidas del gobierno estatal se van a quedar en los mismos parámetros que la andaluza, si no incluso por detrás.
Un acuerdo con el que no se puede estar de acuerdo
El acuerdo al que nos venimos refiriendo carece, en estos momentos, del más mínimo desarrollo normativo, no solo en la cuestión de los horarios, sino en otros aspectos incluso más relevantes, como es el de las ratios máximas que es la preocupación fundamental de la comunidad educativa. En Educación Infantil, el documento pactado plantea la reducción paulatina en tres alumnos/as por aula, de aquí a cuatro años. En Primaria, el objetivo es aún menos ambicioso y se limita a cupos de refuerzo que además no pueden emplearse en la creación de unidades escolares. No se plantea reducción alguna de las ratios en las etapas de Secundaria y Bachillerato y, una vez más, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial son olvidadas.
No se habla en el acuerdo de atención a la diversidad ni de inclusión educativa, sino de “Educación Especial”. Más allá de los planteamientos ideológicos que subyacen en ello, esto supone que quedan excluidas las reivindicaciones de la comunidad educativa relacionadas con el establecimiento de ratios máximas para las especialidades de Orientación, AL y PT o con la presencia de profesionales de Orientación en los CEIP y de PT y AL en todos los centros educativos. Tampoco da respuesta a las reivindicaciones de quienes trabajan en este ámbito, ni siquiera en lo tocante a itinerancias y compartición de centros.
También en lo que se refiere a ratios máximas parece haber una perfecta sincronía entre el gobierno central y el andaluz, pues las medidas anunciadas por el Presidente del Gobierno recogidas en la documentación de las negociaciones sobre el estatuto docente no son muy esperanzadoras: no hay intención de aplicar una bajada de la ratio generalizada, sino refuerzos puntuales en centros de especiales características. En Andalucía ya sabemos de qué va esto.
El acuerdo de julio no se entiende sin la existencia de un decreto que aún se encuentra en fase de elaboración y que regulará el funcionamiento de los centros educativos en las llamadas Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZTS). Se trata de un invento de la administración educativa andaluza que trata de desactivar la reivindicación de la comunidad educativa de un aumento sustancial y estructural de las plantillas. La feliz idea surgió como respuesta a las movilizaciones sostenidas a lo largo del curso 2023-24 -que incluyeron una huelga general docente- y se sustenta sobre dos pilares fundamentales. El primero es la idea -compartida, al parecer, por el gobierno estatal- de que no es necesario un aumento generalizado de las plantillas, sino solo un reforzamiento circunstancial en aquellas zonas con determinadas características que nadie ha sabido o querido explicar. El segundo pilar que apuntala el proyecto ZTS es su financiación mediante fondos sociales europeos, lo cual es una negación del carácter estructural de este refuerzo docente y lo hace depender de la continuidad de unos fondos que en absoluto está garantizada.
En estos momentos, el programa ZTS está funcionando en base a una resolución de carácter anual, a la espera de la definitiva regulación normativa. El decreto que fijará el funcionamiento de los centros educativos en las ZTS, entre otras cosas, pone en cuestión las figuras de compensación educativa y difícil desempeño, lo que compromete la continuidad de recursos y personal consolidado, como han denunciado USTEA y otras organizaciones sindicales, a favor de refuerzos puntual dependientes de una financiación europea, solo garantizada hasta 2027.
Hay que referirse de nuevo al acuerdo firmado por el gobierno andaluz con los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, anunciado a bombo y platillo como un logro de aumento de personal docente. En realidad, el programa ZTS es la exigua fuente de crecimiento de las plantillas docentes, junto a los Programas de Cooperación Territorial de Refuerzo de la Competencia Lectora y de Refuerzo de la Competencia Matemática del Ministerio de Educación, también dependientes de fondos europeos no garantizados a largo plazo. A estos hay que añadir la aportación del programa Código Escuela 4.0 financiado, en este caso, con fondos propios del Ministerio. El acuerdo incluye también una referencia a una futura ampliación de plantillas, sin dar más detalles sobre plazos, financiación o mecanismos de aplicación.
Frente a los recortes: aumento recursos y plantillas
Así es que en Andalucía hemos comenzado el curso con un acuerdo fullero y engañoso que hurga en la herida de los recortes que llevamos años sufriendo. Este curso, el sistema educativo andaluz cuenta con alrededor de 500 clases públicas menos, según los cálculos del sindicato USTEA. Con este dato, se alcanza la cifra de 3.000 aulas suprimidas, desde la llegada al gobierno de Moreno Bonilla. El déficit de plazas públicas de FP ha provocado que cientos de jóvenes queden fuera de la opción elegida: al menos, el 18% de quienes lo solicitan, según declaró la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en sede parlamentaria. La inclusión educativa es solo bonita palabrería sin la dotación presupuestaria y de personal que la haría viable. Y mientras los claustros tiran de voluntarismo para cubrir las brechas que la administración no remedia, son muchísimos los interinos e interinas que han quedado fuera del sistema, tras los últimos procesos de “estabilización”.
El modelo educativo privatizador no se sostiene y mucho menos se puede pretender mejorar la calidad del sistema público andaluz ni dar respuesta a las reivindicaciones de su comunidad educativa sin aumentar significativamente los recursos y las plantillas. Urgen más docentes para bajar las ratios en todos los niveles educativos. Es imprescindible reducir de verdad el horario del profesorado y facilitar las tareas de preparación y coordinación docente de calidad, respetando la autonomía de los centros. Nos faltan manos para mejorar la atención a la diversidad. Andalucía y el resto del Estado deben aumentar las plazas públicas de FP para dar respuesta a la creciente demanda y no dejar a miles de jóvenes atrás. En los colegios e institutos esperamos a las compañeras y compañeros interinos y también a quienes en estos momentos se preparan para la enseñanza: en la Educación Pública necesitamos su formación y experiencia.
