Opinión

Desatados

El pasado lunes, el Grupo Parlamentario Popular organizó un acto en el Senado para presentar una Moción ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, para defender la escolarización en centros y aulas de educación especial, algo que colisiona con el derecho humano fundamental a la educación inclusiva.

Una política de hechos consumados

La moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular es una declaración explícita de su agenda política contra la educación inclusiva, que viene evidenciándose en los últimos años —con el gobierno autonómico mayoritario del PP— por la vía de los hechos: en 3 cursos desde la aprobación de la LOMLOE, entre el 2021-22 y 2023-24, se ha aumentado un 13,37% las aulas específicas en el estado. Según las fuentes oficiales del MEFPD, solo en el curso 2023-24 hubo un aumento del 4,8% del alumnado de educación especial, frente al 0,2 del total del alumnado.

Pongamos como ejemplo Andalucía, cuyo gobierno se percibe como moderado en muchas esferas. Entre el curso 21-22 (tras la aprobación de la LOMLOE) y el 23-24 es la segunda comunidad autónoma que más unidades de educación especial ha abierto, 212 nuevas en tres cursos. El avance de datos del MEFPD para el curso 2024-25 eleva la cifra de la segregación escolar en Andalucía hasta un 16,17% desde la aprobación de la LOMLOE.

Este incremento de la escolarización en educación especial tiene, además, una contraparte: el cierre de aulas públicas de educación ordinaria. Según los últimos datos publicados por el MEFPD, en el avance del último curso del que hay datos (2024-25) el cierre de aulas públicas de educación infantil en Andalucía (186) es muy superior al cierre de aulas en centros privados (60), lo que supone en términos porcentuales que la pública cierra un 1,6% de sus aulas de educación infantil frente al 0,75% que cierran los centros privados. Por tanto, porcentualmente los centros públicos han sufrido el cierre de más del doble de aulas de Infantil que los centros privados. En Primaria es mucho más sangrante. Para el mismo curso (2024-25), la pública pierde 509 aulas de Primaria (un 2,62%), mientras que los centros privados han cerrado 42 aulas (un 0,76%). Por tanto, la educación pública ha visto cómo se cierran porcentualmente más del triple de aulas de Primaria que la educación privada.

Contra un derecho fundamental, y sin pudor

Hablamos en realidad de un deterioro enorme de la educación pública, y de su naturaleza inclusiva. Se cierran aulas especialmente en la pública, y las que se abren lo hacen contra la educación inclusiva.

La moción del Grupo Parlamentario Popular da un paso más: pretende legitimar esto, ya que saben que la Convención no ampara estas políticas, y la ciudadanía crítica puede denunciar a la administración por ello, a pesar de lo penoso y caro que resulta el proceso. ¿Qué entorpece en este momento avanzar en la agenda de retroceso emprendida por el PP? La respuesta es clara: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2008) de la ONU y la Disposición Adicional 4ª de la LOMLOE que pretende avanzar tímidamente en ella. Ni siquiera esto les resulta suficiente en su cabalgada al pasado: quieren ensanchar el camino a la segregación incluso modificando el artículo 74 de la LOE, que en la actualidad ya está permitiendo este crecimiento escandaloso se la segregación. Esto es lo que está ocurriendo.

Una moción que se asienta en la mentira

Atendiendo a la moción, es falso lo que dice en referencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando afirma que no implica “la supresión de modalidades educativas específicas”. Esto se explica fácil:

1. El órgano legítimo de interpretación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. ¿Cómo define el Comité la educación inclusiva? En 2016 publicó la Observación General núm. 4 sobre el derecho a la educación inclusiva establece en su apartado II (que desarrolla el artículo 24 de la Convención), artículo 11:

“El Comité destaca la importancia de reconocer las diferencias entre exclusión, segregación, integración e inclusión. […] La segregación tiene lugar cuando la educación de los alumnos con discapacidad se imparte en entornos separados diseñados o utilizados para responder a una deficiencia concreta o a varias deficiencias, apartándolos de los alumnos sin discapacidad. […] La inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de enseñanza, los enfoques, las estructuras y las estrategias de la educación para superar los obstáculos con la visión de que todos los alumnos de los grupos de edad pertinentes tengan una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa y el entorno que mejor corresponda a sus necesidades y preferencias. La inclusión de los alumnos con discapacidad en las clases convencionales sin los consiguientes cambios estructurales, por ejemplo, en la organización, los planes de estudios y las estrategias de enseñanza y aprendizaje, no constituye inclusión.” (CDPD ONU, 2016)

No se puede sorber y soplar a la vez, que es lo que se pretende con esta moción. La escolarización en entornos separados por razón de discapacidad es segregación, lo contrario de la inclusión. En el PP lo saben, aunque hagan ver que no, porque las recomendaciones del Comité a las administraciones educativas (Ministerio y Consejerías que tienen delegadas las competencias educativas) en sus informes sobre nuestro sistema educativo de 2017 y de 2024 son de una claridad meridiana:

“Eliminar la segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en una unidad dentro de la misma escuela o en centros especiales” (CDPD ONU, 2017)

“Derogar, en forma prioritaria y urgente, toda ley vigente que permita o perpetúe la segregación educativa de las personas con discapacidad, a través de su escolarización en escuelas o centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias.” (CDPD ONU, 2024)

La moción hace uso del concepto “interés superior del menor”. Sin embargo, ese interés no puede ser otro que la preservación de su derecho a la educación inclusiva, que solo puede ocurrir en la escolarización en aula ordinaria, pero ese contexto ha de experimentar transformaciones para que ese menor sea valorado y reconocido, pueda aprender, participar y aprobar junto al resto. Esto es lo que se niega a hacer el Partido Popular: crear las condiciones necesarias para que todo el alumnado aprenda unido, se respete y se valore. Ese es el interés superior del menor, que protegen la CDPD y la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto se alinea con la evidencia científica internacional desde hace más de medio siglo: los beneficios de la educación inclusiva frente a modalidades segregadas se reparten en la mejora en la socialización, el sentimiento de pertenencia a una comunidad, la sensación de bienestar por las relaciones sociales con compañeros y docentes y la inclusión social, el aprendizaje académico, el mantenimiento y generalización de los aprendizajes, la comunicación y el desarrollo del lenguaje y el comportamiento, entre otros. Todo esto afecta no solo al alumnado etiquetado con necesidades especiales, sino a todo el alumnado, porque implica una mejora de la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Con relación al artículo 74 de la Ley Orgánica 2/2006, ya el Comité en su informe de 2017 sobre el sistema educativo español dijo claramente: “A través de la excepción del artículo 74, párr. 1, de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, la legislación perpetúa la exclusión discriminatoria basada en la discapacidad” (CDPD ONU, 2017). Es decir, que en la actualidad está siendo el coladero utilizado para abrir más espacios segregados. No contentos con esto, los senadores y senadoras del PP quieren ensancharlo hasta hacer ver que la segregación es inclusión. En lugar de asumir la interpretación del Comité, que es la que jurídicamente prevalece, el PP quiere modificar este artículo para “establecer que la educación inclusiva será…” lo que ellos quieran. Que el blanco sea negro. Están desatados.

Siguiendo la estela de Trump contra la ONU y los Derechos Humanos

Lo que plantean el PP —y también Vox— no deja de alinearse con las políticas de ruptura de las reglas internacionales que está imponiendo la actual política despiadada de la administración estadounidense. Estas reglas internacionales responden a unos derechos conquistados por la humanidad tras sufrir las atrocidades de la segunda guerra mundial. Así nacen los Derechos Humanos, y la educación inclusiva es uno de esos derechos humanos que tenemos que proteger y construir para hacerlo efectivo. En este contexto, el PP debería ser valiente y hacer explícito junto a Vox que quieren que salgamos de la CDPD y de la Agenda 2023 de la ONU, eliminando el derecho humano a la educación inclusiva.

Es importante que la comunidad educativa y la ciudadanía en general sepa quién es quién en relación con la educación inclusiva. Esa moción deplorable trata de retroceder 20 años, y los hechos consumados nos están poniendo en un escenario excluyente sin precedentes en nuestro sistema educativo. Esto es lo que hay, y ante esto las fuerzas políticas, los profesionales de la educación y la ciudadanía en general tenemos que tomar posición. No podemos normalizar lo que está ocurriendo.

Las aulas específicas y los centros de educación especial tienen que dar paso a una cualificación del sistema ordinario, basado en la investigación del profesorado, concebido como profesionales que indagan colaborativamente en sus contextos, para lo que necesitan un fuerte apoyo de las administraciones públicas.

Este es el mapa. Ojalá sirva para orientarnos.