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Resulta difícil condensar todo lo vivido en un mes de huelga indefinida por parte del profesorado valenciano de la educación pública. El ninguneo al que ha sometido la Generalitat al conjunto de la comunidad educativa solo se entiende en clave política y electoral, puesto que el retraso continuado en las negociaciones orquestado por la Conselleria, pese a la insistencia de los sindicatos, ha tenido un único propósito: desgastar a los docentes y por ende sus bolsillos.
Antecedentes
En septiembre de 2025 las trabajadoras y los trabajadores de la educación ya exigimos sentarnos a negociar. Con la llegada de PP y Vox al gobierno valenciano, en 2023, la condiciones laborales empeoraron. La Conselleria de Educación denunció el acuerdo de plantillas aprobado por el anterior ejecutivo (PSPV, Compromís y Podemos) que sumaba 5.000 nuevas plazas docentes. Después vino la mal nombrada ley de libertad educativa que marginaba nuestra lengua -el valenciano- en las aulas. Una ley que la misma conselleria incumplía meses después, puesto que en zonas castellano hablantes las familias votaron a favor de recibir las enseñanzas en valenciano y la administración ha hecho caso omiso al resultado de la consulta.
El incremento de ratios, el exceso de burocracia y la suspensión del Plan Edificant, para la construcción de nuevas infraestructuras educativas, han multiplicado el hartazgo del profesorado que lleva 19 años sin una actualización del salario. Además, hay que sumar los recortes en FP, EOI, Enseñanzas artísticas y la amenaza de acabar con los docentes expertos y especialistas, pero también los problemas del profesorado interino, del personal de administración, educadores y educadoras… en definitiva, toda la comunidad educativa al límite.
Primeras protestas
Con esos mimbres llegamos a 2026. En marzo primera jornada de huelga a la que la Conselleria de Educación respondió con un calendario de negociación de un punto para cada mes, hasta llegar al verano. Ante esta nueva demora, los sindicatos (STEPV, CSIF, CCOOO y UGT) convocaron la huelga indefinida, de la que se descolgó CSIF al firmar con ANPE un acuerdo salarial de 200 euros, con diferentes redacciones e interpretaciones. Al cierre de esta edición no sabemos si la subida vinculada al IPC es para los 200 euros o para los últimos 50 euros que se sumarán en 2028, como así está redactado en el texto y las notas de prensa de la administración.
Y mientras todo esto sucedía, València, Alacant, Castelló, Elx y las principales capitales de comarca valencianas vivían manifestaciones masivas, acciones reivindicativas, asambleas, acampadas -como la acaecida en la céntrica Plaça de La Mare de Déu de la capital- y todo un sinfín de protestas cargadas, eso sí, de alegría, de música y de respeto.
Por contra, como si de un juego trilero se tratase, la Conselleria seguía enredando para intentar paliar el descrédito que se había ganado a pulso desde que José Antoni Rovira asumió Educación (el conseller que abandonó a sus trabajadores para conciliar con su familia cuando la DANA de 2024 arrancó la vida de 232 personas y destruyó colegios e institutos).
La nueva consellera, Mari Carmen Ortí, se dejaba asesorar y se levantaba enojada de las mesas de negociación dando ultimátums a los sindicatos. Ortí, inspectora de Educación, no tuvo dudas, nada más entrar como consellera, en subir un 8% el sueldo al cuerpo de inspectores. También rubricó 72’6 millones de euros de ayudas a centros concertados del Opus que segregan a su alumnado por sexo. Un apunte más, como premio a su gestión, el anterior titular de Educación, José Antonio Rovira, es ahora el conseller de Hacienda. Vaya, que tiene las llaves de la caja.
Negociación en streaming
Y así pasó mayo y nos adentramos en junio con la huelga indefinida en marcha. La Conselleria, en un intento por reconducir el relato que ya habían ganado los docentes en las calles y en las redes sociales, decidió retransmitir en directo una mesa de negociación.
Una especie de reality televisivo de “Supervivientes del PP” cuyo único objetivo era convencer a la opinión pública de que sí que estaban negociando y que llegarían a un acuerdo. Aquella rueda de prensa en streaming fue la continuación de otra mesa anterior -celebrada en domingo- en la que la consellera amenazó a los miembros de STEPV, CCOO y UGT con una falta grave, pérdida del puesto de trabajo, sanciones y antecedentes penales si decidían encerrarse en la Conselleria.
Tras rebajar tensiones. Se retomaron las negociaciones y el martes 9 de junio se hizo público el último documento con los diferentes puntos que el profesorado tiene que avalar. La Conselleria volvió a enviar la propuesta a todos los docentes (una novedad que se instauró el día del streaming) a través del correo electrónico corporativo.
De las cifras presentadas llama la atención que la consellera Ortí afirmara al principio de la huelga que el coste de las reivindicaciones suponía un desembolso de 2.400 millores de euros al año, una cantidad inasumible según el propio Consell, que recordemos se ha dedicado a bajar impuestos y se niega a negociar con el Gobierno Español, tanto la condonación de la deuda (64.000 millones de euros) como la reforma del sistema de financiación autonómico.
Pues bien, ahora el montante de la inversión para mejorar la educación pública a partir del próximo curso asciende a más de 3.328 millones de euros.
Hacia el final
A priori, los representantes de la mayoría sindical (STEPV, UGT y CCOO) han visto avances en los apartados de reducción de burocracia, descenso de ratios e incremento de plazas docentes. Pese a ello, la desconfianza no parece haber desaparecido tras un proceso de negociación duro. El día 11, cuando se cumplirán 31 días de huelga indefinida, los sindicatos deberán rubricar o no los acuerdos. Antes habrán consultado a los docentes si aceptan el paquete de medidas que ofrece la administración, si desconvocan la huelga y si las movilizaciones se mantienen o se trasladan al próximo curso.
