La Ley 5/2026 aprobada por les Corts valencianes ha generado numerosas declaraciones por haber encargado a la Inspección Educativa la vigilancia de la denominada “neutralidad ideológica” del profesorado.
Se ha hablado menos, sin embargo, de otras modificaciones introducidas en la misma norma que afectan a la alimentación y a la vestimenta del alumnado. Leídas conjuntamente, todas ellas responden a una misma manera de entender la educación. Una escuela basada en la sospecha, el control y la imposición de una pretendida uniformidad.
Hasta ahora, la Ley valenciana de derechos y garantías de la infancia establecía que los menús destinados a niños, niñas y jóvenes debían respetar “la igualdad en la diversidad”, ya fuera por razones médicas, religiosas o culturales, ofreciendo alternativas. La nueva ley ha eliminado expresamente las referencias religiosas y culturales. A partir de ahora, solo se contemplan alternativas por razones médicas.
No es un cambio técnico ni una simplificación inocente. El legislador ha decidido borrar de una ley de derechos dos palabras muy concretas, “religiosas” y “culturales”. Allí donde antes se reconocía la diversidad, ahora solo queda la excepción médica.
Contra la alternativa halal
La misma ley modifica la regulación de los comedores escolares. Los centros estarán obligados a disponer de un menú especial exclusivamente cuando exista un certificado médico que acredite que determinados alimentos pueden perjudicar la salud del alumnado. La ley no prohíbe de manera absoluta cualquier menú halal. Pero eso no elimina la intencionalidad política de la reforma.
Durante los meses anteriores, Vox desarrolló una campaña específica contra los menús halal y los presentó como una imposición contraria a las costumbres españolas. El Partido Popular secundó esa campaña en Les Corts y ha terminado convirtiendo sus planteamientos en ley. Primero se señaló una práctica vinculada a la población musulmana. Después desaparecieron de la legislación las referencias a las razones religiosas y culturales. Finalmente se introdujo la expresión “productos españoles” en la regulación de los comedores escolares.
Una norma no necesita mencionar expresamente el Islam para estar dirigida contra las personas musulmanas. Su orientación se reconoce en los derechos que elimina, en las prácticas que convierte en un problema y en el colectivo que acaba siendo señalado.
La nueva regulación, además, se aleja del espíritu del Acuerdo de cooperación suscrito por el Estado con la Comisión Islámica de España en 1992. Ese acuerdo dispone que se procurará adecuar la alimentación del alumnado musulmán de los centros públicos y concertados a los preceptos religiosos islámicos. La convivencia democrática se construye facilitando que las personas puedan ejercer sus derechos dentro de las normas comunes, no obligándolas a dejar su identidad en la puerta del colegio.
Contra el velo
Algo parecido sucede con la vestimenta. La ley incorpora como deber del alumnado mantener el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada académica, dentro del aula y en todas las dependencias del centro. Su incumplimiento pasa a considerarse una falta grave.
Si realmente se pretendiera resolver una necesidad organizativa, bastaría con una regulación proporcionada que ofreciera una respuesta educativa a los pocos casos que pudieran plantearse. Pero aquí no se busca resolver un problema extendido en nuestros centros. Se busca fabricar un problema, señalar a un determinado colectivo y transmitir a una parte de la ciudadanía que sus costumbres son incompatibles con nuestra sociedad.
La escuela debe tener reglas comunes. También debe enseñar a convivir con personas diferentes. La igualdad democrática no exige que todo el alumnado coma lo mismo, vista igual, piense igual o renuncie a sus convicciones. Exige que ninguna persona sea discriminada y que las normas necesarias se apliquen con objetividad y proporcionalidad.
La obligación de un gobierno es afrontar los problemas reales del sistema educativo, no crear conflictos donde no existían. El Gobierno de Pérez Llorca está utilizando la educación como campo de pruebas de algunas de las políticas más retrógradas. Unas han sido impulsadas por Vox y otras forman parte desde hace años del discurso del propio Partido Popular.
Crear problemas donde no los hay
En 2019, el PP y Ciudadanos desarrollaron una campaña que acusaba directamente al profesorado valenciano de adoctrinar al alumnado. Aquella acusación se ha convertido ahora en ley.
Esa utilización partidista de la educación ya se manifestó en la denominada Ley de Libertad Educativa, una norma cuya consecuencia principal ha sido debilitar y reducir la presencia del valenciano en la enseñanza. Bajo la apariencia de libertad de elección, la lengua escogida por las familias se ha convertido en un criterio para organizar las unidades y distribuir al alumnado. La ley ha generado conflictos en centros que funcionaban con normalidad y abre la puerta a una segregación escolar en función de la lengua elegida.
Cuando la composición de los grupos depende de esa elección, los criterios educativos y sociales quedan relegados, se fragmenta la convivencia y se condicionan la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación que recibe el alumnado. La misma lógica reaparece ahora con la vigilancia de la “neutralidad ideológica” y con los cambios en los comedores escolares. La sospecha recae unas veces sobre el profesorado y otras sobre las familias y el alumnado musulmán. Es una muestra de profundo desprecio hacia el sistema educativo, sus centros y su profesorado.
Los comedores escolares no son el escenario de una batalla cultural. La forma de vestir de una estudiante tampoco debería utilizarse para construir una campaña electoral. La escuela tiene que proteger a la infancia, educar en derechos y construir convivencia. Cuando se eliminan deliberadamente las referencias a la diversidad religiosa y cultural y se legisla pensando en señalar a una minoría concreta, hay que llamarlo por su nombre. Es una política de orientación islamófoba y no mejora en nada la educación valenciana.
