“Me sentí desolada, indignada”: hablan las familias ante el no de las autonomías del PP al Plan Integral de Educación Inclusiva.
Hace unos días se celebró una Conferencia Sectorial de Educación que debía dar su aprobado al Plan Integral de Educación Inclusiva que durante más de un año se ha estado negociando en el casi más estricto silencio entre el Educación, comunidades y organizaciones del tercer sector.
Según diferentes fuentes cercanas a la negociación, unos días antes de esta sectorial, el ambiente era positivo. La reunión técnica previa preparatoria, en la que estaban las y los directores generales respectivos de las comunidades fue por el buen camino y se daba por hecho la aprobación. A los pocos minutos de iniciada la Sectorial quedó claro que no sería así. Se rechazó con los votos de las autonomías populares.
Campo de batalla
La educación inclusiva es un campo más de batalla en la guerra cultural que vivimos en España desde hace años. El PP ha sido adalid desde hace mucho tiempo de los centros de educación especial, que ha fomentado durante años a pesar de que España firmase la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Estos centros, en gran medida concertados y privados, y sus patronales ya protagonizaron importantes protestas cuando se aprobó la Lomloe. La ley preveía su conversión en centros de recursos para los centros ordinarios, que debían absorber toda la demanda de escolarización.
Esto no ha pasado. Su número creció durante un tiempo y, después, las autonomías vieron otra puerta abierta para aumentar la confusión. Las aulas específicas en centros ordinarios, los centros de referencia para alumnado TEA o sordo o similares. La ONU sigue diciendo que son una forma de segregación.
Desde el Gobierno, el PSOE no ha terminado de dar una respuesta clara en este sentido. Ha evitado hablar del cierre de los centros especiales, a pesar de la normativa propia y de la Convención. Ha defendido la actuación del Estado ante cada uno de los dictámenes de la comisión de seguimiento de la Convención que ha denunciado en varias ocasiones la política española.
El CERMI asegura que, primero, el acuerdo llegaba años tarde y que la negativa de las comunidades populares demuestra que “se carece de una base de consenso mínimo entre las administraciones educativas”.
“Comprobamos que el ámbito educativo es, con diferencia, el más refractario de la inclusión si los comparamos con otros ámbitos de la acción pública o de los servicios públicos”, aseguran fuentes de la entidad.
El último episodio, el plan Integral
El Plan integral se lleva negociando alrededor de año y medio. Han participado entidades del sector de la discapacidad, el propio CERMI y otras organizaciones que han aportado su grano de arena. Personas de larga trayectoria como Gerardo Echaíta y muchos más.
“A mí me cuesta mucho trabajo entender cómo en un estado de derecho, democrático, un partido que representa a la ciudadanía, haga políticas que vulneran derechos, y que no reconozca el derecho de todo el alumnado a la educación inclusiva”. Son palabra de Carmen Moreno, madre, entre otras cosas, de un joven con diversidad.
Es madre de un dos jóvenes. Una de 23 años que es educadora social, “gracias a la convivencia en casa con Raúl, que le ha servido para construirse como persona, a ser activista”, explica Meno. El otro, Raúl, de 19 tiene síndrome de Williams.
“Escuchando a otras, somos una familia con suerte”, asegura. La vivencia habitual de quien tiene a una hija o hijo con discapacidad en casa es la de estar enfrentada a un sistema educativo, social, sanitario, de relaciones, que alza muros de homogeneidad que hay quien no puede saltar. “Hemos encontrado profesionales que nos han ayudado a derribar barreras”, explica. “Pero hemos sufrido desgaste, comenta. Si hubiera existido una escuela realmente inclusiva, nuestra familia, en lo personal, hubiera sufrido menos desgaste”.
“Que la educación inclusiva llegue a ser un derecho, no lo veo”. Mar Álvarez preside SOLCOM, organización que denunció a España frente a la ONU por incumplimiento del derecho a la educación inclusiva. A pesar de haber ganado, el Estado parece mirar hacia otro lado.
Tras conocer la negativa de las CCAA del PP a aprobar el Plan integral, su escepticismo no hace más que aumentar. Mira al corto plazo a un más que posible cambio de Gobierno en Moncloa, que llevará a PP y Vox presumiblemente a llegar a acuerdos análogos a los que tiene en Andalucía, Aragón, Extremadura o Valencia. “Van a gobernar y lo tenemos asumido”.
Un pesimismo que se alimenta por la inacción del Gobierno saliente. “Que con un gobierno progresista no se haya avanzado, no me lo podía esperar”, comenta al teléfono. En los ocho años se ha cambiado la legislación educativa y se abrió la puerta a un posible cambio en el modelo del sistema, con un cierre paulatino de centros especiales para reconvertirlos en centros de recursos para conseguir una escolarización inclusiva. Han pasado los años y no se ha hecho gran cosas. De hecho, la espera hasta llegar al Plan Integral ha sido muy larga. Debería haber organizado esta escuela entre 2020 y 2030. Más de un lustro más tarde, se quedará en un cajón.
Decisiones que afectan a la vida
“Soy madre de una niña de 11 años, autista preverbal. Está escolarizada en un aula específica dentro de un centro ordinario”. Sandra Bautista es una de las miles de madres (y padres), que llevan años luchando con más o menos fuerza, contra una administración educativa que insiste en no atender a los mandatos legales.
Las aulas específicas han crecido en España de forma casi descontrolada en muchas comunidades autónomas. Con la excusa de encontrarse en centros ordinarios, las y los políticos de turno hablan de inclusión, a pesar de que los dictámenes de la ONU son claros: son otra forma de segregación con la que terminar.
Lleva casi una década discutiendo con la administración. Un disctamen de escolarización decidió por ella que su hija era candidata a un aula específica. En ella comparte espacio con cuatro estudiantes más, cada cual con su situación particular. En su caso tienen la misma edad, aunque en otras aulas hay diferencias. Tienen un aula de referencia, en la que solo pasan algunas horas a la semana, cuando debería ser al revés.
“Me parece inadmisible que haya alumnado de primera y de segunda. A los niños la etiqueta de la Discapacidad les cae como una losa de plomo a la espalda, y quedan sentenciados”, explica.
Así lo añadiría
Una vez que el sistema decide colocarte en un carril, salir de él es una epopeya que muchas familias no tienen fuerza ni dinero para afrontar.
“Las familias, lo que queremos, es que nuestros hijos estén acompañados; que sus necesidades especiales de apoyo educativo cubiertas, respetando su condición y el ritmo de aprendizaje,sin forzarles a una adaptación en el sistema,que no es accesible ni está diseñado para ellos”, explica Bautista. Y lo hace para señalar cómo muchas familias terminan dando su brazo a torcer o eligiendo centros de educación especial o aceptando aulas específicas “porque no hay recursos en la educación pública ordinaria”.
Tras un largo proceso de alegaciones ante la Administración, quedó indefensa. Ella aceptó el paso a un aula específica para darse, dice, un “golpe de realidad”, al ver que con el tiempo, a pesar de que le hablaron de apoyos, de inclusión, de grupo de referencia, su hija “está en una ludoteca a la espera de que la recojamos” por la falta de recursos.
Sin recursos específicos
Bautista explica que en el aula de su hija son seis estudiantes TEA, cuando el máximo son cinco según las instrucciones de escolarización. Educación, dice, convierte estas aulas en plurideficientes para poder aumentar la ratio. Tienen PT y PTIS, y el AL es compartido.
Después de cuatro años así ha conseguido que el centro le dé el horario de su hija en el centro. Pasa días enteros en el aula específica. El grupo de referencia lo ve de pascuas a ramos. Solo para Educación Física y una clase cada dos semanas de Música.
Asegura que en el aula no están trabajando al nivel de su hija, que, tras contratar a una PTIS en casa, en pocas semanas ha aprendido más que en este tiempo de escolarización específica.
En su aula, siempre hay dos profesionales, se supone. El PT está de 9 a 14 horas y, tras mucho quejarse, han conseguido que el PTIS esté siempre. Eso sí, en ocasiones tiene que salir del aula para llevar a alguno de los estudiantes a su aula de referencia. La atención individualizada, dice, no aparece por ningún lado.
En cuanto a la maestra de AL, compartida, se queda en nada. A su hija le corresponden 90 minutos de atención a la semana. Hora y media.
Se queja de que, cuando llega la hora del recreo no hay ningún PTIS que la acompañe y la ayude a socializar con el resto de sus compañeros. La niña se queda sola en el patio durante ese tiempo. “¿No hay un programa de patios inclusivos? ¿Para qué? ¿Cómo se siente mi hija?”, se pregunta Bautista.
Y más allá de la atención en el aula, está todo lo demás. Comedores escolares sin PTIS o monitor. El transporte escolar, lo mismo; al igual que las aulas matinales. “Es un maltrato, una vejación y un atentado contra la dignidad de las personas”, se queja.
Para Mar Álvarez, la cuestión pasa por redistribuir los recursos existentes. PT, AL, PTIS y los propios centros, que en casos del rural son en régimen de internado, deben ir a la red ordinaria.
Es su caso, que vive en un pueblo de León, querían enviar a su hijo a un centro de educación especial a 60 km de su casa, en régimen interno. Cree que sin duda era más barato poner recursos en su localidad que mandar a su hijo a dormir varias noches fuera de casa y tener un régimen de pensión completa.
Escolarizar no es suficiente
Lo que cuenta Bautista es parte del problema. El centro educativo es, además del sitio de aprender, el de socializar con iguales. Para ella, el hecho de que su hija esté casi todo el tiempo recluida en un aula específica impide esta socialización. Que no haya apoyos en los tiempos comunes, tampoco.
A esto se suma lo que explica Carmen Moreno. La sola presencia de su hijo en los centros educativos ha implicado un cambio de mirada no solo entre las y los chavales. También en el profesorado. “Raúl ha enriquecido con su sola presencia”, dice.
Eso sí, como en el caso de la hija de Sara Bautista, aunque Raúl ha acudido a todas las excursiones y actividades relacionadas con la escuela, le han invitado a los cumpleaños de compañeros, tras salir de la escuela, la actividad social se ha frenado. La exclusión social es una de las barreras más altas que enfrentan.
A pesar de esto, Moreno reconoce que el hecho de que Raúl estuviera en un aula ordinaria “ha sido fundamental” para favorecer el lenguaje y sus relaciones sociales. De la misma manera, su presencia también ha supuesto beneficios para el resto de sus compañeros, asegura.
Pero, que esto sea así, no quita para que, como explica esta madre, vea que su hijo ha estado solo. “Tenemos que ser nosotros (la familia) quienes le demos las oportunidades de socializar. Pero creo que hay una responsabilidad en la escuela, en profesorado y las familias. No podemos estar solas en esto también”.
“Mucho tiene que cambiar para que hay una educación en igualdad de condiciones y se cumplen de los derechos de niños y niñas con o sin diversidad. Mucho tiene que cambiar”, dice con voz seria y cansada Mar Álvarez.
La política de desgaste y pelea es la que lleva a muchas a mirar hacia la educación especial. Esperando una paz que no siempre llega. La Administración y su burocracia y una mirada médica sobre la discapacidad hacen casi imposible otras opciones.
A pesar de ello, son decenas, cientos, las familias que siguen batallando porque se cumpla un derecho humano reconocido por el ordenamiento jurídico español tras la firma de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.
