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En los últimos meses del pasado curso se produjeron dos hechos próximos en el tiempo que pueden tener consecuencias en el ámbito educativo. En la Comunidad de Madrid asistimos al relevo en la Presidencia, que no supuso un cambio de signo político y no ha comportado de momento modificaciones notables en la Consejería de Educación, aunque sí alguna. En el Gobierno del Estado tuvo lugar un cambio de más envergadura, con el relevo completo de la Presidencia y el Consejo de Ministros, que sí supone un cambio de orientación política y ha propiciado una renovación notable en el Ministerio de Educación.
En todo caso, y teniendo en cuenta que ambas situaciones no tienen, por el momento, gran recorrido en el tiempo, creo que es bueno señalar algunos retos que, en este curso que comienza, deberán afrontar ambas administraciones.
En el contexto estatal se han anticipado algunas líneas de trabajo por parte de la ministra de Educación. Conscientes de que no estamos a tiempo de redactar, consensuar en lo posible y aprobar una nueva Ley Educativa en esta corta legislatura que sustituya a la nefasta LOMCE, sí parece que algunos cambios necesarios van a empezar a abordarse.
Por una parte, parece haber voluntad de replantear el estatus de la asignatura de Religión y reorientar las enseñanzas relacionadas con los valores y la ciudadanía, configurando currículos que se alejen de los actuales planteamientos formales y aborden, de verdad, los desafíos que nuestra sociedad tiene planteados en relación con la sostenibilidad y la justicia social, la convivencia, la resolución dialogada de los conflictos y la calidad de la democracia.
Por otra parte, se asume la necesidad de clarificar y realizar un planteamiento coherente sobre la evaluación del propio sistema educativo, tanto del alumnado como del profesorado, alejándola de esas disparatadas reválidas que, aunque paralizadas en su aplicación, siguen pendiendo como una espada de Damocles sobre las planificaciones educativas que los centros deberían realizar en condiciones de mayor autonomía y menor presión ante resultados estandarizados.
La ministra ha anticipado que resulta preciso devolver a los poderes públicos la responsabilidad de garantizar una oferta educativa pública que satisfaga las necesidades de escolarización de la población que la LOMCE les arrebató aludiendo a la libertad de elección y la “demanda”. La educación concertada cumple un importante papel en nuestro Estado, pero es necesario dimensionar ese papel y establecer sus límites y condiciones de manera clara. En FUHEM venimos reclamando desde hace mucho tiempo un diálogo en esta cuestión: con datos reales y, si es posible, sin prejuicios ni soluciones mágicas y simplistas. Las soluciones poco maduradas y demasiado emocionales lo único que logran, a mi juicio, es dilatar y profundizar los problemas que presenta una doble –o triple– red de centros que, en algunas comunidades autónomas, funciona como un campo de batalla que todas y todos sufrimos, especialmente, las familias y el alumnado.
Si se concreta, es una excelente noticia la reversión de los recortes llamados eufemísticamente “racionalización del gasto público en educación” por la anterior Administración. Estos recortes han masificado las aulas; han suprimido o endurecido los criterios de ayudas y becas para los colectivos más vulnerables; han encarecido de manera brutal el acceso a los estudios superiores o la Formación Profesional y han suprimido groseramente y de forma injusta muchas medidas y recursos de apoyo para el alumnado en riesgo de exclusión educativa y social.
Y es precisamente en relación con el alumnado en riesgo de exclusión donde habrá que poner más esfuerzos. La inclusión educativa no es una realidad en nuestro país y así lo ha puesto de manifiesto con rotundidad un reciente informe presentado por el Comité de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. España no cumple con una Convención que fue uno de los primeros países en ratificar y, con independencia de la pertinencia de algunas afirmaciones del informe o algunas opciones que se plantean para mejorar nuestros niveles de inclusión, lo cierto es que desde hace años no se produce un debate en profundidad sobre la respuesta que necesita el alumnado en riesgo y, en particular el que presenta alguna discapacidad. Es necesario replantear las modalidades de escolarización y la oferta educativa real para este alumnado; la necesidad de recursos y cómo gestionarlos en entornos cada vez más inclusivos; la revisión del papel de los servicios de orientación –con regulaciones que superan los 20 años en algunas autonomías– y la función de la evaluación psicopedagógica que se ha burocratizado, perdiendo gran parte de su sentido. Algunas iniciativas legislativas populares o municipales y muchos profesionales de la educación, familias y entidades del mundo asociativo están marcando el camino. Es indispensable oír sus voces y dar un paso adelante.
En el ámbito más cercano, el de la Comunidad Autónoma de Madrid, también abrimos el curso con algunas incertidumbres y la necesidad de orientar o reorientar algunas políticas y acciones.
A lo largo del curso se regulará de forma completa la Ley de Gratuidad de los libros de texto y material curricular aprobada a finales de 2017 por la Asamblea de Madrid. Una ley –en realidad, se trata de un sistema de préstamo de libros financiado en parte por la Administración– aprobada con ciertas reticencias y a trompicones de la que nadie parece hacerse demasiado responsable. En este curso se desarrolla, entiendo que de forma experimental, solo para determinados colectivos vulnerables y se supone que habrá de generalizarse para toda la población escolar a lo largo de los próximos años. Son muchas las dudas que aún existen y mucha la inquietud de los centros educativos respecto a la gestión de un programa tan vasto y, por el momento, tan poco o escasamente definido.
En un curso en el que se extiende el programa de bilingüismo a la etapa de Educación Infantil se hace más necesario que nunca realizar una evaluación generalizada por parte de entidades externas y solventes del desarrollo de este programa en las etapas de Primaria y ESO. Una evaluación que vaya más allá del triunfalismo con el que la Administración acoge y difunde algunos datos positivos, pero que tampoco se base en apriorismos o reflexiones poco fundamentadas sobre experiencias concretas o resistencias numantinas. La contestación que ha provocado entre docentes y algunas familias las medidas que se han puesto en marcha no puede ser ignorada de forma sistemática. De nuevo, el diálogo con todos los sectores implicados y la existencia de evidencias imparciales deberían ser los mimbres con los que tejer un programa que pretenda mejorar el aprendizaje de lenguas extranjeras sin renunciar a otros elementos esenciales en la educación de nuestro alumnado.
A lo largo del año, se debatirá y tramitará para su aprobación un nuevo Reglamento de Conciertos. Seguramente, generará polémica en una Comunidad Autónoma en la que ha crecido en los últimos años, de manera casi desbocada, la oferta de plazas, sobre todo, en centros de nueva creación. Será necesario que esta normativa se adecúe a lo que se legisle o regule con carácter general y que sea fruto de un diálogo mayor del que ahora existe.
Y, por último, quiero pensar que la buena noticia de la reversión de los recortes se trasladará también al contexto educativo madrileño, un contexto en el que la supuesta buena marcha de la economía no se ha traducido en mejoras en el terreno educativo y en el que las políticas neoliberales, de falsa austeridad y profundamente injustas que ha promovido el anterior Gobierno del Estado han tenido consecuencias muy negativas en el ámbito educativo.
