Luz Martínez Seijo (Valladolid, 1968) es profesora de Inglés. Ha sido asesora en centros de formación del profesorado. Investigadora. También diputada en Castilla y León. Ahora es la portavoz socialista en el Congreso, en educación. Y responsable del área en el PSOE.
Nos recibe en su despacho del Congreso, entre el desarrollo del Pleno y la próxima reunión, con CECE, patronal de la privada y concertada. Martínez Seijo defiende la necesidad de que la escuela pública sea la mejor posible. Para ello, además de plantear cambios sustanciales, por ejemplo, en el currículo, es básico que tenga la financiación necesaria. Es una de las líneas rojas que la subcomisión del Pacto ha empezado, esta semana, a tratar.
La subcomisión acaba de empezar el segundo de quince puntos. En mayo ha de tener el informe listo ¿Dará tiempo?
Con el procedimiento que tenemos, o se agilizan las cuestiones y se reduce la intensidad de los debates o difícilmente puede alcanzarse. Y eso que estamos trabajando todas las semanas e incluso en periodo no hábil.
En el caso de que no se llegue, ¿defienden otra ampliación?
Yo creo que se puede solicitar, pero desde el Grupo Socialista insistimos en acelerar el proceso. Pero hay una serie de temas importantes que requieren debate, lógicamente. Lleva su tiempo consensuar, encontrar un texto que satisfaga a todos. Otra cuestión es que, como hemos hecho en ocasiones, votemos propuesta por propuesta. Se limita el debate y se va más rápido.
Con la financiación no será posible…
Sí. En financiación va a ser muy complicado porque partimos de posiciones muy diferentes. Creo que el objetivo de todos, o por lo menos de la oposición, es alcanzar cierta financiación. Y somos coherentes en la demanda al Gobierno de que, si verdaderamente creen en un pacto, han de abordar la financiación de forma clara y contundente. No nos vale con decir que irá al final en función de las propuestas que se hayan acordado. Es una evidencia que el sistema requiere financiación. Y, además, la tendencia sigue siendo hacia el recorte. Hay que recuperar lo que se ha perdido, volver al marco de financiación de 2010, y eso supone un incremento progresivo de financiación. Hay necesidades que son indudables.
¿Cuáles?
Hace falta financiación para mejorar y crear nuevas infraestructuras, para atender a la diversidad, para apostar por un modelo de inclusión, para garantizar la gratuidad de la obligatoria. Eso requiere más fondos para becas y ayudas, para materiales y recursos, para comedores, transporte… Para alcanzar ese objetivo que compartimos de universalización del 0-3. Para ampliar la FP y que sea una verdadera opción para reducir la tasa de abandono temprano que es alarmante. Las CCAA necesitan esa financiación adicional para hacer frente a todos estos problemas.
Desde el Ministerio se ha insistido varias veces en que es posible hacer lo mismo o más con menos dinero. Además del compromiso con Bruselas…
Ese discurso se desmonta con facilidad. Es demagógico, el discurso de quien no quiere ver la realidad ni hacer una política para mejorarla. El informe PISA, al que tanto le gusta recurrir al Gobierno, e incluso a C’s, siempre ha marcado que en España había unos grados importantes de equidad. Y se han ido perdiendo. Hace unos días se publicaba un informe que ponía de manifiesto la segregación de los centros. Y la Comunidad de Madrid, donde hay infrafinanciación, es la comunidad con mayor segregación del Estado.
El sistema no puede tener la misma calidad si no tiene suficientes profesores que atiendan a la diversidad; creo que es un discurso claro y cualquiera que sepa de educación lo entiende perfectamente.
Hay quien defiende que sí es posible. Y precisamente con el ejemplo de Madrid. Con una inversión muy baja y buenos resultados en PISA.
Pero es que no solo se trata del rendimiento académico. Se trata de integración y cohesión social. Un sistema educativo no puede basarse en la segregación social y admitirla. No solo debe ser una oportunidad para el desarrollo profesional, sino que tiene que ser palanca para el ascenso social y que todas las personas, independientemente de su origen, puedan alcanzar el máximo en su vida.
No creo que el informe PISA sea el único referente que se tiene que tener en cuenta, sobre todo para hacer interpretaciones tan sesgadas. Creo que es un discurso particular e interesado para justificar las políticas de recortes que no sirven
Javier Sánchez (Podemos) decía que la negociación está en punto muerto porque el PP no lleva una propuesta de financiación. ¿Desde el PSOE cómo lo ven?
Nuestro discurso ha sido clarísimo desde el primer momento. El pacto educativo tiene sentido por tres objetivos fundamentales. Primero, acabar con la LOMCE, una ley que hemos criticado desde el primer momento. Objetivo por el que nos sentamos a negociar, porque entendimos que era un espacio adecuado para acabar con la LOMCE.
En segundo lugar estaría la cuestión de la financiación. Recuperar el marco de 2010, para hacer frente a los retos del sistema educativo. Y en tercer lugar: si estamos aquí sentados no es para volver a un modelo anterior, sino para abordar una nueva ley que responda a las necesidades del sistema educativo integralmente. Algunas cuestiones ya las he apuntado. Tenemos que homologarnos con otros sistemas. ¿Estamos enseñando lo que nuestros alumnos necesitan? ¿Tenemos un curriculo que responda a las necesidades de la sociedad, a lo que va a necesitar un niño o una niña cuando termine? Tenemos que simplificar la estructura, el modelo de currículo, cuáles son los objetivos que han de adquirir los alumnos, su temporalización y los criterios de evaluación que sean últiles.
Plantearnos que el sistema va a tener que dar una respuesta a ciertas demandas. Cualquier niño tiene que tener unas nociones básicas de programación o cómo integrar las lenguas extranjeras como algo habitual. Necesitamo formación del profesorado, inicial, continua… en un paquete integrado y no el MIR educativo, como algunos quieren enfocarlo, sin plantear que el profesorado que está en las aulas también requiere formación y que tiene derecho a una carrera profesional.
Todo esto forma parte de una visión integral del sistema educativo. Debe haber proyectos globales para el sistema, que abarquen todo y que tengan una noción clara de hacia dónde queremos ir. Tenemos también un problema claro la tasa de abandono temprano.
En las últimas semanas ha aumentado la tensión en la subcomisión, con la negociación y la presentación de iniciativas legislativas para la comisión. El Gobierno además hace algunos anuncios después de un año de silencio.
El que distintos grupos hayan registrado iniciativas sobre temas que afectan al pacto, no ayuda. Es una deslealtad y es una forma de desmerecer el trabajo en la subcomisión. Curiosamente algunos que han criticado iniciativas de otros, han acabado cayendo en lo mismo y utilizando el momento político. Ha habido mucho oportunismo político. A mí no me gusta. Podemos discrepar del método de la subcomisión, podemos estar más o menos de acuerdo en que va lento, en algunas de las cuestiones… pero si nos hemos puesto a trabajar, debe haber una lealtad. Si estas van a ser las reglas del juego, a lo mejor de lo que se trata es de decir que esto no tiene ningún sentido y cada uno haremos nuestra política por nuestra cuenta. Hay un problema fundamental, la financiación, muy complicado y es un escollo de difícil solución.
¿Cuál es su propuesta?
Recuperar los niveles de inversión de 2010. Hablamos del 5% del PIB, pese a que algunos intentan argumentar que el PIB no es un dato objetivo. Llegar a ese 5 supone un crecimiento plurianual, pero somos realistas, porque no es lo mismo partir de una situación de bonanza económica, que la de hoy. Nuestro compromiso está siendo claros. Como lo es en las CCAA donde gobernamos. Pero somos conscientes de que hay necesidades en otros ámbitos, como con las pensiones… Tiene que haber una senda de crecimiento ininterrumpido. Eso requiere un compromiso del Gobierno, en los presupuestos y, sin duda, que el señor Montoro acuerde un marco de financiación autonómica con una cuantía importante dentro de ese 5%, destinado a educación, para que las CCAA reciban fondos adicionales y puedan implementar. No nos vale el “yo invito pero tú pagas”.
¿Es posible pensar en un suelo de gasto para evitar la disparidad de inversión entre las CCAA?
Es complicado por la diferencias socioeconómicas de los territorios. Se tiene que hacer un estudio global. En general, las CCAA en las que gobierna o co-gobierna el PSOE hemos estado entorno a esos porcentajes del PIB y se está haciendo el esfuerzo. Pero algunas que han recibido recortes brutales, como Castilla-La Mancha, y hay que recordar que el brazo ejecutor de esas políticas fue el hoy secretario de Estado, Marcial Marín. Recuperar todo eso es muy difícil y supone un esfuerzo que se está haciendo poco a poco.
Hablamos de una situación de tremenda dificultad porque no partimos de la misma situación de hace 7 años cuando se intentó el pacto con Gabilondo. Había paz educativa, una ley que tenía un amplio consenso, salvo el PP, y también en la comunidad educativa. En estos momentos tenemos una ley que nadie quiere, y encima con una política impuesta de recortes brutales. El gobierno es el que tiene que ceder en primer lugar, que ha sido el que ha impuesto los recortes y una ley.
Planteaba lo del suelo para evitar situaciones como la de Castilla-La Mancha o las diferencias de inversión tan grandes.
Creo que tiene que haber, por lo menos, una línea global, estatal, que evite que haya esas diferencias porque, al final, de lo que se trata es de garantizar el derecho a la educación. Y no solo a la educación; tenemos que ir un paso más allá, garantizar el derecho al aprendizaje. No es lo mismo estar escolarizado, que el hecho de que el sistema te proporcione las herramientas y recursos suficientes para que puedas aprender. Se requiere un marco de financiación autonómica. Entiendo que en algunas CCAA se ha hecho un esfuerzo tremendo para mantener la educación. Pero en otras no. Y aquí, la sociedad tiene una responsabilidad cuando ejerce el voto. La educación debe ser una prioridad social. O nos creemos, como sociedad, que esto es esencial, y que ha de ser una de las grandes políticas que den cohesión a nuestro Estado y a un nuevo futuro económico y laboral, o no vamos a avanzar. Todos debemos implicarnos.
¿Es necesario que los debates de la subcomisión no sean públicos?
Independientemente de lo que yo crea, hay un reglamento. Y es muy claro: las ponencias, las subcomisiones son a puerta cerrada, no hay actas, no se puede trasladar lo que ocurre en ellas. Lo que se va a hacer es un informe global y hasta ahora no hay nada; estamos montando un esqueleto de lo que puede ser un informe. Pasamos 7 u 8 horas semanales debatiendo. Algunas cuestiones son delicadas y no se trata de ocultar nada, pero tiene que haber cierta libertad y no estar expuestos permanentemente a las cámaras. Es parte del juego parlamentario. Y si los diputados somos representantes de la ciudadanía, ya se ha depositado una confianza como para que acuerden ciertas cuestiones. Es nuestro sistema. No entiendo por qué tiene que haber desconfianza. Los partidos, cada uno, es muy claro con sus ideas.
En ese sentido discrepo con algunas cosas que han pasado y que solo están generando una tensión innecesaria en algo que ya de por sí es complicado. Si añadimos la presión de la desconfianza por filtraciones queda muy poco margen para trabajar con sosiego, con la cabeza fría y con voluntad para alcanzar consensos. Me preocupa el clima que se pueda generar. Y es necesario que sea confianza, de tranquilidad para poder acercar posiciones. Porque las tenemos muy diferentes.
El otro día se aprobó la universalización de la educación de 0 a 18 años. Hablamos sobre el riesgo de aumento de conciertos educativos…
Ha habido CCAA que lo tienen muy claro. Por ejemplo, la Región de Murcia. Apuestan por la extensión de los conciertos. Nosotros no. La respuesta es clara. Existe una red de concertada y una pública. Esta es, para nosotros, la escuela de todos, la que garantiza el derecho a la educación en todos los rincones del país, que no excluye a nadie y que es en la que todos nos debemos encontrar. Pero es cierto que hay centros concertados, que desarrollan una labor importante, un servicio público, y en ese contexto lo que hay que hacer es exigir que presten el servicio por el que reciben fondos públicos. Y eso requiere que haya criterios de igualdad a la hora de escolarizar, que se sometan al mismo tratamiento que la pública en cuanto a obligaciones y que no haya exclusión ni segregación. Voy a ser muy clara, queremos que los centros concertados sean realmente gratuitos.
Esto ya está recogido en la LODE y aún así se dan casos de cobros de cuotas, la mayor parte de la diversidad está en la pública…
Porque hay una política de escolarización en las CCAA que ha de tener un rigor más amplio. Y creo que ha habido cuestiones que no lo han facilitado, como la zona única de escolarización que ha abierto esa veda… que además no permite realizar una escolarización más equilibrada y, por otro lado, se plantea la viabilidad de la escuela pública. Se ha abierto una competencia con la pública que no debería haber existido jamás. La LOMCE ha abierto esa puerta.
Pero hay políticas que favorecen a la concertada previas a la LOMCE.
La Lomce lo que ha hecho ha sido dañar más todavía. Hay una cuestión que veo muy clara. La educación pública tienen la obligación de dar la mejor enseñanza del sistema educativo. Lo tengo clarísimo. Quiero que la pública sea la mejor escuela que haya en este país. Y quiero mejorarla para que tenga mucho más atractivo y que sea la escuela de todos y que todos queramos tenerla como referencia. Tenemos que poner a la escuela pública como el eje vertebrador del sistema educativo.
La concertada, entonces, ha de ser subsidiaria…
Nosotros así lo tenemos así recogido. Es que no creo que la concertada tenga el objetivo de sustituir a la pública, ni de ganarle espacio. Entiendo que es consciente de su papel, de cómo se generó… y no estamos a favor de ampliar esos derechos que el PP y, a lo mejor C’s, están contemplando: la libertad de elección de centro a demanda social. En una autonomía como Castilla y León, de donde vengo, me gustaría ver que el consejero defender lo mismo que se defiende en Madrid. Supone que un padre, en el pueblo de Vidrieros, en la montaña de Palencia, donde casi no quedan niños, puede pedir escolarizar a su hijo allí y que le tengan que montar una escuela y, si quiere, que sea concertada. Este es el derecho que se quiere ampliar. Supondría privar a la Administración de su capacidad de programar la escolarización y, además, colocar el derecho de un padre por encima de la Administración, que es la que tiene los recursos.
Esto entronca con la sentencia del Constitucional contra la Lomce y la obligación de la Administración a escolarizar, incluso en la privada, para garantizar la enseñanza en castellano en Catalunya.
Es el mismo criterio, el de libertad de elección, aplicado al castellano. Pero, claro, no es un derecho consolidado. Es una competencia autonómica. La Lomce se ha abierto una puerta más complicada, y el equilibrio pública-concertada ha sido vulnerado. Pero para mí el debate pública-concertada no es lo más importante. Francamente, el debate al que asistimos ahora es mucho más profundo. Estamos hablando de principios que van a afectar a nuestros alumnos.
