En el curso 2016-2017 un 3,8% del alumnado logró el título profesional básico. Esto es, 17.278 alumnos, de los cuales más del 70% eran chicos. Más del 74% había cursado la FP Básica en un centro público.
Puede parecer un porcentaje menor, sobre todo si se compara con los 343.524 alumnos que ese mismo curso lograban el título de graduado escolar a través de 4º de ESO. Suponen un 5%, en efecto, de esos compañeros que siguieron por la “vía ordinaria”. Comparando la tasa bruta de graduación (porcentaje de alumnos que obtienen el título por esa vía entre la población que tenía ese año la edad en la que debía titularse), un 75,6% conseguía graduarse en ESO desde el último curso de la etapa y un 3,8% a través de FP Básica.
La FP Básica fue una novedad de la Lomce (2013), que pretendía, con ella, mejorar los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) o, en palabras del exministro José Ignacio Wert, “rescatar de la maldición del abandono escolar temprano a una parte significativa de nuestros jóvenes”. Las últimas estadísticas del Ministerio ponen en entredicho que lo haya logrado. En su último curso de implantación, 2014-2015, los PCPI lograron que un 4% del alumnado titulara, por lo que no ha habido avance, sino un leve retroceso.
La FP Básica nació cuestionada. Porque no se había pensado en cómo harían los alumnos que eligieran esa vía y, en vez de seguir hacia FP de grado medio, se decantaran por obtener un título de la ESO. También, porque se creía que servía más para maquillar las estadísticas de abandono escolar temprano (AET) que para ayudar a ese alumnado. O por el elevado abandono que se observaba en los centros que ofrecían esta enseñanza en su primer año de implantación.
No sólo para repetidores
Ahora, la futura ley educativa pretende mejorar la FP Básica, para la que mantiene la denominación Lomce. Un cambio importante que se plantea introducir es acabar con el requisito de que el alumno o alumna haya repetido para poder acceder a ella. El secretario de Educación e Investigación de la Comunidad Valenciana, Miguel Soler, lo deslizaba en el foro sobre FP organizado por el Ministerio en noviembre: “No podemos transmitirles a los chicos desde secundaria que si tienen claro que quieren hacer FP han de sacar notas bajitas, pues si sacan buenas notas se tendrán que pelear con su padre, con su madre y con su orientador… No podemos decirles que si les va muy mal en la ESO ahí tienen la FP Básica, en la que, además, para entrar, deben haber repetido alguna vez. No es un mensaje demasiado positivo”.
El mismo planteamiento repitió en la Comisión General de Educación ante el resto de viceconsejeros autonómicos, cuando analizaban el primer borrador de la nueva ley. Independientemente de su signo político, todos apoyaron la medida.
“Es un requisito que existe para acceder a FP Básica, pero que figuraba también para acceder a los PCPI y a la antigua diversificación curricular o los programas de mejora del rendimiento (PMAR) [renombrados ahora como programas de mejora de oportunidades]. A mí me parece que es un error pensar que la repetición es una medida mejor que los PMAR o la FP Básica. Y, dado que no siempre es mejor opción, no tiene sentido que sea un requisito para acceder a ellos. Yo creo que la repetición no sirve salvo en casos puntuales. Puede que se valore para un chaval que acaba 2º de ESO un poco flojo y que repitiendo logrará superar sus dificultades… Pero al terminar 2º se puede determinar también que la mejor opción para ese chaval, a la hora de finalizar la ESO, es la FPB. Entonces, como no ha repetido, primero tiene que repetir… Con lo que quizá el año siguiente ya ni está”, describe.
Para Soler, esto es pernicioso porque medidas que se suponen de apoyo no solo no ayudan sino que obstaculizan, y “por el mensaje horroroso para la FP que se lanza, de que es una vía para repetidores, no para quienes pueden hacer la ESO normal”.
Esta se trata también de una de las observaciones que se han incorporado en el dictamen del Consejo Escolar del Estado. “No parece indicado forzar a que un estudiante haya repetido para poder acceder a la Formación Profesional Básica”, reza el texto del informe –preceptivo, no vinculante–, que pide se mantenga el requisito de que con anterioridad a la incorporación a este programa se hayan aplicado otras medidas educativas “excepto la repetición de curso”. Lo mismo se hace extensivo a los programas de mejora de oportunidades (antes PMAR), para los alumnos con dificultades para terminar la ESO y que deben orientar su formación hacia una dimensión más práctica: “La medida puede llegar tarde si sólo se permite participar en ellos al alumnado que ya haya repetido una vez durante la etapa”.
Contradicciones de origen
La confederación de estudiantes CANAE está detrás de estas dos enmiendas al texto del anteproyecto que ahora figuran en el dictamen del CEE, unas enmiendas que también se ven con buenos ojos desde Save the Children. Para Álvaro Ferrer, técnico de equidad educativa de la ONG, “en una lógica de reducir el uso de la repetición y dejar de entenderla como la única medida de compensación posible en caso de desfase educativo, tiene todo el sentido”. Sin embargo, Ferrer muestra una prevención con respecto a la FP Básica: “Quizá estamos persiguiendo dos objetivos contradictorios: de un lado, tratar de dignificarla, de que no se vea como vinculada al fracaso. De otro, que sea el último recurso, que no se derive a ella a mucha gente”. Para él, el origen puede estar en la misma concepción de esta etapa: “La OCDE nos advierte de que introducir itinerarios educativos en la obligatoria tiene un impacto negativo sobre la equidad, que perjudica a los alumnos de origen socioeconómico más bajo, y la FPB ha fracasado como etapa, como muestran las altas tasas de abandono en los centros que la ofrecen”. Aunque no hay información cuantitativa más allá de las tasas brutas de graduación, Ferrer insiste en que “no ha mejorado a los PCPI”.
Desde Save the Children, también durante el periodo de consultas del anteproyecto, se le han hecho tres propuestas al Ministerio para que en el futuro sí lo haga: una mayor personalización de la enseñanza, bajando la ratio desde los 30 alumnos actuales –como en secundaria– a 20; un refuerzo en el acompañamiento, con más importancia de la tutoría, del equipo de orientación y de perfiles como los PTSC (profesores técnicos de servicio a la comunidad), y una mayor importancia a la formación socioemocional, dentro de una etapa “que nunca debería concebirse como finalista, de salida, sino orientada a que los alumnos sigan en el sistema”. Esta última se recoge también en el dictamen del CEE, que remarca que el objetivo de la etapa es preparar a quienes la cursan “para la continuación de su formación”.
¿Cajón de sastre?
Otra de las enmiendas que figuran en el dictamen del CEE es que no se limite la edad por arriba, que no se sitúe el límite para entrar en FP Básica a los 17 años: “Puede que esto ayude a que un alumno no abandone la educación justo a esta edad, pero ¿hasta dónde podemos estirar el límite? Además, conlleva el riesgo de que se considere la FP Básica como un cajón de sastre, para alumnos en riesgo de abandono, para alumnos que abandonaron y se quieren reincorporar… Cuando sería mejor que existieran soluciones diferentes para problemas diferentes”, razona Ferrer.
Este es el problema para el director de instituto en la Comunidad Valenciana Toni Solano: “La FP Básica como única salida a una edad en que sigue siendo difícil la convivencia en los centros”: “Muchos equipos docentes la proponen a alumnos conflictivos o que acumulan absentismo escolar porque saben que en la ESO ordinaria no tienen ninguna oportunidad, pero a menudo lo que ocurre es que desplazamos el problema de lugar y las FP Básicas se convierten en un programa insostenible”, reconoce. Este tiene como objetivo preparar al alumno en conocimiento aplicado con las vistas puestas en el mundo laboral, pero si se convierte en salida de emergencia para alumnos sin hábitos ni ganas, que no acatan las normas ni mantienen una asistencia regular, “el cóctel puede ser explosivo, lo que además perjudica a los que sí cumplen con el perfil”.
Quizá molestaran a sus compañeros en la ESO, pero siguen haciéndolo, a veces más, a sus compañeros del nuevo programa. Al estar en la escolarización obligatoria, “la única solución es devolverlos a 2º de ESO, una medida incluso peor para el grupo que los debe recibir”. Para Solano se trata de un programa “muy necesario”, pero que conviene dignificar: “Por un lado, con recursos de calidad, tanto materiales como humanos, y por otro seleccionando bien al alumnado que se deriva para evitar que se convierta en un gueto o en una pérdida de tiempo para los que sí quieren trabajar”.
Pilar de los Ríos es la presidenta de la asociación de directores de institutos de Madrid Adimad. Tanto en Madrid como en la Comunidad Valenciana se ha rebajado la ratio en esta etapa a 20 alumnos, pero ella considera que debería reducirse aún más, hasta los 15, como la antigua diversificación o los PMAR, una ratio que no se debería superar en ninguna comunidad autónoma.
De los Ríos suscribe punto por punto, las reflexiones de Solano: “Se está mezclando a alumnos con dificultades académicas pero con interés en una formación más profesional con otros sin ningún interés, alumnos con perfil de mal comportamiento”. Además, cuestiona que se incluyan periodos de formación en centros de trabajo (FCT) ya en el primer curso, cuando lo ideal sería concentrarlos todos en segundo, o que una etapa que requiere de una tarea de orientación importante no cuente con un equipo de orientación propio y que deba tomar prestados, en el mejor de los casos, a los orientadores con que cuenta un instituto por la etapa de secundaria.
En cuanto a los docentes que imparten en FP Básica no solo trataría de que fuera una elección voluntaria sino que ampliaría especialidades: “No creo que en las áreas comunes deban ser profesores solo de matemáticas, ciencias o física los que impartan el ámbito científico técnico, también podrían ser de tecnología o dibujo, por ejemplo”. Así, subraya, se podría evitar la actual situación en la cual “le toca al último que ha llegado”. El dictamen del CEE remarca además que esta etapa debería ser voluntaria también para los alumnos que la cursan, al sostener que la decisión de acceder o no a ella debería ser una propuesta del equipo docente no solo a los padres, madres o tutores legales sino que esta debería ser consultada también con el propio estudiante, como ya ocurría con la LOE (2006).
