Yván Pozuelo es docente de Francés en secundaria. También es licenciado en Historia en la Universidad Sorbona de París, doctor en Historia en la de Oviedo, formador de formadores, conferenciante y autor del libro ¿Negreros o docentes? La rebelión del 10. Este hecho es el que le llevó a finales de 2019 a realizar una entrevista al periódico asturiano El Comercio. Una entrevista que le puede costar toda su carrera como docente.
Tras la entrevista se celebró un claustro en el IES Universidad Laboral de Gijón, donde lleva 14 años trabajando. Según fuentes conocedoras de lo que ocurrió en dicho claustro, en el que no estuvo presente Pozuelo, saltaron las chispas, las críticas por parte de una compañera del centro (hoy jubilada) en relación a las opiniones del docente de francés en la prensa. Según Jesús López de Lerma, el abogado de Yván Pozuelo, la intervención se hizo en un tono «airado», vehemente, explica. Días después de este claustro, la Consejería de Educación abre un proceso de información reservada, un paso previo a la puesta en marcha de cualquier proceso sancionador.
La idea de este proceso previo es que haya una investigación que determine si hay causa para el proceso sancionador, en un intento por evitar el perjuicio sobre la persona que pueda ser acusada. El resultado de esta investigación se retrasó desde finales de enero hasta finales de junio de 2020, momento en el que el inspector nombrado para realizarla firma el informe. En septiembre de ese año es cuando la Consejería de Educación decide iniciar el expediente sancionador porque se entiende que hay indicios de infracción. Entonces se nombra a otro inspector como instructor del expediente y comienza a recabar las pruebas de esas posibles infracciones cometidas.
Con la información recabada, además de con el primero de los informes, el de junio de 2020, se redacta el pliego de cargos, explica López de Lerma, en el que se determina cinco posibles infracciones calificadas como muy graves. Las consecuencias de estas presuntas faltas van desde el apercibimiento (la menos gravosa) hasta la separación del cuerpo. El abogado asegura que es una situación muy complicada que «genera mucha inseguridad» en Pozuelo, al no saber muy bien a qué se enfrenta.
A finales de enero del año pasado se envía el pliego de cargos a la defensa para que pueda hacer alegaciones. El abogado solicita en ese momento el expediente que se ha redactado, algo que solo consigue a finales de enero de 2021. El expediente, según cuentan fuentes conocedoras tiene 1.500 páginas en total. La defensa alega que en esos cinco cargos no hay infracción y, por lo tanto, no debe haber sanción alguna. Además, se realiza una propuesta de prueba documental y testifical.
Dicha propuesta es finalmente aprobada. En mayo. En su mayor parte, puesto que quedan fuera los testimonios de algunas madres del alumnado de Pozuelo por entender que no van a ofrecer información relevante. Aunque se añaden otros testimonios de algunos compañeros del claustro.
A mediados de mayo, entre el 13 y el 26, se celebran las vistas con las y los testigos. Durante cinco tardes se escuchan en la Consejería de Educación las declaraciones.
El siguiente paso, según explica el abogado del despacho Viliulfo Díaz será que se tome una decisión por parte de la Administración. Decisión ante la que la parte acusada podrá presentar alegaciones o facilitar más documentación en el caso de que el resultado fuera negativo para Yván Pozuelo. En el caso de que todo saliera mal para el docente, Jesús López de Lerma asegura que recurrirán a los juzgados.
Un proceso inquisitivo
Parece que el fondo de toda esta cuestión se encuentra en las opiniones vertidas por Yván Pozuelo en la entrevista concedida por la publicación de su libro. Una entrevista en la que cuenta que, entre otras cosas, le pone un 10 de nota a todo su alumnado y el por qué. Algo que también cuenta en el libro. Lleva años haciéndolo.
¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo desde hace tiempo y ni la dirección del centro ni la inspección educativa hayan tomado cartas en el asunto? ¿Por qué en vez de avisar al docente de que no está haciendo las cosas como debe, Educación decide que el primero de los pasos es abrir un expediente sancionador a este docente que puede suponerle el final de su carrera?
Son dos preguntas que la Consejería de Educación no quiere responder; así se lo hace saber una portavoz vía telefónica a este periodista.
Pablo Sanz Martínez es profesor de Física y Química en Asturias. Es amigo de Yván. Durante 12 años fue director de un instituto público en la población madrileña de Coslada. No entiende qué está ocurriendo en un proceso que considera «mezquino», «sucio». Según explica, entre otras cosas, desde la inspección se le ha preguntado a Pozuelo si va a «retractarse» de las opiniones que vertió en la entrevista que le hicieron.
«Como mínimo se han celebrado 500 reuniones» durante los 14 años que lleva ejerciendo Pozuelo en el IES Universidad Laboral. 500 reuniones en las que siempre se ha tomado acta. En ninguna de ellas hay una queja, un apunte o un comentario relacionado con Yván, asegura Sanz Martínez. Se trata de reuniones del claustro, de las comisiones de coordinación pedagógica, de los equipos docentes, de los consejos escolares o las juntas de evaluación. Este profesor, ahora jubilado, ha hecho el cálculo. Como mínimo son 35 reuniones anuales. Por 14 años. 490 reuniones con acta.
A esto hay que sumar las programaciones generales anuales de la asignatura y, claro, las memorias de final de curso. Se trata de documentación, explica Sanz Martínez, que informa al profesorado de todo el centro, así como a las familias y que, una vez vistas por ambos, se envía a la inspección educativa que tiene que revisarlas y dar el visto bueno, así como hacer seguimiento del cumplimiento. En ningún momento Yván Pozuelo ha recibido ninguna comunicación por escrito, comenta Sanz, en la que se le conminara a cambiar su actitud o su forma de actuar.
Desde hace años, el Principado de Asturias realiza evaluaciones voluntarias a su profesorado. Las direcciones de los centros realizan esta evaluación, compuesta por una decena larga de ítems. La actual dirección del IES Universidad Laboral de Gijón lleva siete años ejerciendo. Siete años en los que todas las evaluaciones de Yván Pozuelo han sido positivas. Incluso en el ítem que trata sobre la evaluación que el docente realiza de su alumnado.
Este profesor, como también su abogado, no se explica que después de 14 años sin que haya habido ninguna comunicación por escrito recriminando la actuación de Pozuelo pueda pasarse a la situación de un expediente sancionador. Sanz Martínez comenta cómo en su años de director en Coslada tuvo que hacer comunicaciones a compañeros del claustro para ajustar según qué actuaciones y solo en un caso, después de no acatar una orden directa, tuvo que dar parte por escrito a la inspección por uno de los docentes. Insiste en que siempre se hacen comunicaciones por escrito para intentar reconducir las situaciones. En este caso, por lo que parece, no se ha actuado de esta manera.
A Sanz Martínez le sorprende, además, el gasto económico en el que está incurriendo la Consejería de Educación, con un inspector dedicado a la investigación, en un proceso que lleva 15 meses abierto. «Sobre todo por el empecinamiento», explica. Y, asegura, «cuando el informe lo va a tumbar un juez» en cuanto lo vea.
En este momento, hay abierta una recogida de firmas en change.org que lleva ya 651. En ella se alude a la entrevista de Pozuelo y a todo el proceso que está viviendo por parte de Educación y de la inspección.
