En Andalucía la “oferta” que nos hizo la administración para poder empezar las clases con la mitad del alumnado en ellas de forma alterna nos llegó el 3 de septiembre, pero para poder aplicarla tendría que pasar un trámite que al profesorado nos haría responsable de tomar la medida: la implementación tendría que ser ratificada por el claustro de cada centro. Hasta entonces, como protección, en medio de una furiosa segunda ola de Covid19 (un tsunami, en palabras del Consejero de Sanidad), solo contábamos con la loción o gel desinfectante en cada aula y las mascarillas que nos proporcionaría la administración.
El resto de los protocolos de los centros poco más podían aportar a unos espacios públicos donde se iban a permitir a diario aforos muy superiores a los que se permitían en restaurantes, espacios culturales, centros comerciales… Ante este panorama, lógicamente, la respuesta de los claustros se daba en muchos casos por unanimidad y aceptamos la semipresencialidad. Votamos la seguridad en el aula conscientes de las dificultades que generaría, pero priorizamos los criterios de protección. Fuimos los docentes quienes nos dotamos de un mínimo de seguridad, una seguridad para trabajar que la Administración no estaba dispuesta a proporcionarnos, no estaba dispuesta a invertir bajando la ratio ni modificando los espacios… nada.
Desde el punto de vista del docente se ha pagado la seguridad que no proporcionaba la Administración con el doble de nuestro trabajo en el aula
Tampoco nos dieron ni pautas ni medios para afrontar la semipresencialidad. Sí que hemos podido utilizar herramientas digitales pero que están destinadas al contacto on line; esto de la semipresencialidad era una novedad para la que no se aportaron referencias didácticas y que en poco tiempo nos dimos cuenta de que se iba a traducir en tener el doble de grupos, salvo en casos en los que hubiera dotación de cámaras y se pudiera seguir la clase desde casa, es decir, en casos excepcionales. En definitiva, nos mandaron a dar clases a distancia a medio tiempo sin saber apenas nada de cuáles eran las medidas adecuadas para ello.
Desde el punto de vista del docente se ha pagado la seguridad que no proporcionaba la Administración con el doble de nuestro trabajo en el aula, al que hay que sumar el trabajo on line que hemos tenido que realizar. Mientras, al alumnado se le ha dado la mitad de lo que le corresponde. Muchas veces hemos pensado que este modelo de semipresencialidad con el que hemos transitado este curso debe ser uno de los mayores logros de quienes, como el consejero de Educación de Andalucía, se denominan políticamente a sí mismos “liberales” pero que después practican un liberalismo traducido en “ventajismo”. Tienen a sus trabajadores trabajando más del doble por el mismo sueldo, pero dan la mitad del producto a sus clientes. ¿Imaginan esa situación en cualquier compra que hagan?
Sin entrar a valorar en profundidad los resultados de este artefacto (sería razonable una evaluación de profundidad), sí podemos ver las ventajas e inconvenientes que ha producido. La primera y gran ventaja de su aplicación resulta que no es de carácter didáctico: la seguridad contra la Covid-19 dentro del aula. A partir de ahí, cualquier “ventaja” queda oscurecida por las desventajas y solo puede verse como el resultado de dar clase con una ratio a la mitad de lo que estamos acostumbrados.
En las asignaturas programadas de forma muy mecánica habrá podido observarse un seguimiento mayor de la actividad de cada alumno o alumna, y quizá eso haya producido un aprovechamiento mayor del tiempo en el proceso enseñanza-aprendizaje dentro del aula. Pero ni aún así ha podido evitarse la sensación de atropello que el tiempo iba ejerciendo sobre el desarrollo de la programación. En esos casos seguramente no se haya llegado a dar todos los contenidos de la programación, y esa, paradójicamente, hasta puede que sea la mejor noticia.
En los módulos de formación profesional, muchos de los cuales se plantean como talleres en los que se pretenden conseguir resultados de aprendizaje relacionados con capacidades profesionales, es posible que la programación se haya completado (para aprobar el módulo deben superarse TODOS los resultados de aprendizaje), pero a costa del número de tareas que suelen realizarse para conseguir esos resultados que normalmente se alcanzan con un mínimo de calidad profesional que se requiere después en el ámbito laboral.
Muchas de las actividades de relación y de aplicación que siempre acompañan a las unidades didácticas para conseguir aprendizajes significativos han quedado en el tintero, con consecuencias que no se pueden evaluar en este curso.
Es decir, es mucho más larga la lista de inconvenientes de este engendro denominado semipresencialidad, aparte de los comentados acerca del aumento de la carga de trabajo para el profesorado y de lo que significa que el alumnado se vea privado de la mitad de las clases.
Con este artefacto, sólo tolerable para escapar de las garras de la Covid-19 en la medida de lo posible, se quiebran principios didácticos fundamentales. Las consecuencias de que la relación profesor/a – alumno/a no sea constante implica consecuencias en los principios de sistematización, la relación entre la teoría y la práctica (sobre todo si la práctica es lo que se reserva para los días de “no presencia”), la independencia cognitiva, la asequibilidad para una correcta comprensión, la relación entre lo concreto y lo abstracto… Todo queda en entredicho con la dinámica de la semipresencialidad. Y ya no digamos si se trata de diversificar la práctica metodológica; cuando se tienen previstos trabajos en grupo, por ejemplo, que salgan en condiciones con el régimen de semipresencialidad, es solo achacable al esfuerzo y acierto del alumnado, que debe superar barreras desconocidas hasta este instante.
Más allá del proceso enseñanza-aprendizaje, cabe comentar que la actitud del alumnado que ha sufrido la semipresencialidad no va a quedar reflejada en las calificaciones, no se podrá “medir”. No sabemos si es frecuente o no la impresión de que pese al esfuerzo que han hecho nuestras alumnas y alumnos en superar este complicadísimo e histórico curso, se ha podido comprobar que se han “acomodado” a la semipresencialidad, se han adaptado a este procedimiento de tal manera que les ha cambiado la percepción del tiempo. El hecho de no ir a clase diariamente ha supuesto una rutina nueva y como tal la han asumido y la han normalizado.
El aprovechamiento de los días u horas que no estaban en clase queda fuera del alcance del sistema educativo y también a expensas de su propia responsabilidad y otros factores externos (entorno familiar, herramientas adecuadas…). En esas condiciones, y debido a lo comentado acerca del recorte de contenidos o de actividades, la formación con la que afrontarán el próximo curso está lejos de preverse y contendrá un grado de diversidad mucho mayor que la diferencia que se muestra en las calificaciones.
La semipresencialidad ha dejado al próximo curso en un marco en el que el inicio no puede afrontarse con las expectativas de cualquier año normal
Si, por otra parte, miramos lo sucedido a diferentes escalas territoriales podremos observar que la semipresencialidad ha dejado al próximo curso en un marco en el que el inicio no puede afrontarse con las expectativas de cualquier año normal. Efectivamente, debido a esa extraña e irresponsable interpretación de la autonomía de los centros educativos, hay alumnado de 3º y 4º de ESO que en algunos centros han asistido a clase a diario, otros solo la mitad. Y esa es una circunstancia que se repite a lo largo de toda la comunidad, en cada provincia y dentro del mismo municipio. En los ciclos formativos, el alumnado de nuevo ingreso provendrá casi en su totalidad de la semipresencialidad y añadirá mucha más diversidad en todos los aspectos a la heterogeneidad que es habitual.
El océano de diversidad derivada de esta situación, que podemos encontrar en los grupos que reciban alumnado procedente del régimen de semipresencialidad será inmenso y muy difícil de prever. ¿Qué expectativa se puede tener para el curso que viene sobre el alumnado que provenga de esos cursos? Además, el alumnado se encontrará con aulas en las que habrá el doble de personas que cuando han acudido a clase este año y, aunque es previsible que la adaptación a esta nueva situación sea rápida por su parte, no sabremos cuánto de rápida será ni si será igual para todo el mundo.
¿Nadie ha tenido en cuenta eso? Pues, de nuevo, todo lo resolverá el profesorado con las evaluaciones iniciales y el desarrollo posterior de las programaciones pero, sin duda, puede repercutir a medio y largo plazo en los resultados generales, como mínimo. Si añadimos una ley de Educación nueva a todo esto, la incertidumbre inoculada en el sistema educativo puede calificarse incluso de exagerada para el siguiente curso académico.
En cualquier caso, dado que el propio Ministerio ya ha dado instrucciones para empezar el nuevo curso como si no hubiera pasado nada, parece inútil pedir un plan de diagnóstico sobre las repercusiones de la semipresencialidad y uno de preparación y adaptación del alumnado a las nuevas condiciones de clase que se van a encontrar. Desde ninguna administración educativa se ha lanzado mensaje alguno que elimine las incertidumbres a las que se enfrentará el sistema educativo el próximo curso, más bien al contrario. Nos dieron autonomía para votar el régimen que queríamos para no contagiarnos, pero para el inicio del curso siguiente no nos preguntarán nada de nada.
Si, para colmo, encontramos que algún poderoso medio de comunicación califica de éxito este curso académico en sus editoriales, se podría afirmar que es posible que, desde la docencia, la visión de la educación y de su éxito esté cada vez más separada de la visión política e incluso social. Habrá que empezar por cerrar esa brecha, esperemos que no seamos solo los docentes los encargados de ello.
De alguna forma este caos promovido por una gestión solo orientada a menospreciar la educación pública, como se ha visto en bastante ocasiones con la sanidad pública en circunstancias actuales y anteriores, responde a un objetivo permanente de la mayoría (casi totalidad) de los gobiernos autonómicos y, desgraciadamente, con el apoyo del Ministerio de Educación y Formación Profesional. La actuación pacata y a la defensiva de la ministra Celaá, que parapetada en la aprobación de una ley que derogaba la ley Wert, una necesidad pedida a voz en grito por los sectores más sociales y abiertos de nuestra sociedad, ha permitido que en el ámbito de la educación no universitaria, todo haya parecido que ha funcionado bien. No ha habido grandes aspavientos, porque quienes tendrían que haber gestionado que el cambio de ley y la situación de la pandemia se estuviera haciendo a favor de la escuela pública y de las personas más empobrecidas se han escondido en el desarrollo “participativo” del curriculum nuevo y en el diseño de un nuevo Plan para la Formación Profesional. Esa labor, necesaria, podía esperar a que la gestión precisa y pormenorizada de la educación en tiempos de pandemia hubiera estado en primer lugar. Este tipo de acciones se corresponde con esa especie de mantra de la cogobernanza, que como es bien sabido, es un concepto que ha servido para hacer una cosa y la contraria.
Los presupuestos extraordinarios han supuesto un respiro importante, aunque no al nivel que se esperaba. En ningún caso se ha hecho un control exhaustivo de las cantidades aportadas y, sobre todo, del uso realizado por las comunidades autónomas. Algunas han complementado estas inversiones con presupuestos propios como es el caso de la Generalitat Valenciana, mientras que la mayoría han desviado fondos destinados a la gestión de los centros en la pandemia a otras cuestiones que no eran prioritarias, nada más hay que ver lo realizado por la Comunidad de Madrid o el gobierno de la Junta de Andalucía.
Un adecuado uso de esos fondos hubiera permitido que algunas de las carencias que se describen en este artículo, se hubieran solventado con medidas estructurales, como demandaba la enseñanza semipresencial, que ha sido un caos, pero que no tendría que haberlo sido.
Instrumentos, recursos propios, formación y apoyos que son propios de este procedimiento se han perdido por el camino.
Sin tener en cuenta otros aspectos de la gestión de final de curso sólo podemos concluir, tristemente, que sólo tenemos argumentos para temer el inicio del curso siguiente.
