La vuelta a los centros, dentro de un par de semanas, parece que se hará en la práctica normalidad. Al menos, así se desprende de las declaraciones de Pilar Alegría, ministra de Educación y FP, al término de la Conferencia Sectorial que se ha celebrado hoy en el Ministerio y en la que, además de las comunidades autónomas, ha estado presente también la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio.
Durante la reunión, extraordinaria y monográfica, se ha tratado, principalmente, sobre las medidas relativas al inicio de curso, con el documento aprobado a finales de junio en el que ya se contemplaba la máxima presencialidad posible y unas distancias sociales de 1,2 metros si la situación sanitaria lo permitía. Ese parece el escenario más probable, máxime, cuando, según Alegría, los datos de vacunación entre la población de enter 12 y 17 años van a vanzando a buen ritmo. Algo más del 60% de las y los jóvenes de esa edad ya tiene, al menos, una de las dos dosis de vacuna. El 10%, las dos.
Eso sí, Alegría se ha referido, de nuevo, a la obligatoriedad de llevar mascarilla a partir de los 6 años, así como a otras recomendaciones como la ventilación cruzada, el lavado de manos o la limpieza de los espacios.
La ministra ha querido destacar, eso sí, que todas las administraciones educativas cuentan con una herramienta fundamental en comparación al curso pasado, es decir, la experiencia de los últimos meses en la gestión de la pandemia en los centros educativos. Y de la mano de esa experiencia, los 13.500 millones que el Gobierno hará llegar a las autonomías en los próximos meses. En septiembre será el 70% y en noviembre, el otro 30%. Eso sí, se trata de una financiación que no será finalista, de manera que cada comunidad autónoma decidirá en qué se invierte. Eso sí, Alegría ha asegurado que «les he pedido que sitúen a la educación como elemento prioritario en el reparto».
Un reparto prioritario que podría ir, por ejemplo, destinado a la contratación de personal docente o de apoyo para la creación de desdobles de grupos. Una cuestión, en definitiva, relacionada con la bajada de ratios que desde hace meses vienen reclamando sindicatos, asociaciones y colectivos de docentes pero a la que las administraciones educativas en general no están prestando atención.
A pesar de la cantidad de millones que se han repartido entre las administraciones públicas, algunos llegados desde los fondos de la UE y otros desde el propio Ministerio de Educación, la tónica entre las comunidades autónomas no parece ser la de mantener estas contrataciones durante el curso que comenzará en unos días.
En un comunicado de prensa emitido por Comisiones Obreras, el sindicato exige ratios por debajo de los 20 alumnos por clase, así como mantener las contrataciones extra y aumentarlas, al menos, en 40.000 docentes más. CCOO entiende que este es el momento para que las administraciones educativas, tanto estatales como autonómicas, apuesten por la educación vía inversión en personal, tambien con la contratación de personal para la atención a la diversidad, así como ampliando la oferta pública educativa.
Desde la Federación de Madrid, su secretaria general, Isabel Galvín, recuerda que las distancias de 1,2 metros que se plantearon ya en junio, al menos en la Comunidad de Madrid y dados los centros educativos existentes, pueden suponer que no todo el alumnado pueda estar en las aulas. Desde la Federación Estatal resaltan que esta posibilidad dejaría la puerta abierta a, entre otras medidas, la vuelta a la semipresencialidad en algunas etapas.