Que la convivencia en las universidades públicas y privadas estuviera desarrollada, en parte, por un Decreto fechado en 1954 resulta un tanto anacrónico. Después de 40 años de democracia, por fin llega al Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria que permitirá, si se aprueba en las Cortes, llevar este tema a tiempos democráticos.
Según nota de prensa emitida por el Ministerio de Universidades, que dirige Manuel Castels, la nueva ley centra buena parte de los trabajos de convivencia en el fomento de la mediación entre las partes en conflicto como método de solución de los conflictos. En tan solo algunos casos no será posible acudir a la mediación. Estos pasarán directamente al régimen sancionador. Cuestiones, por ejemplo, como el acoso sexual, la destrucción del patrimonio y la estafa universitaria.
Además de esta apuesta por la mediación, las universidades públicas y privadas (así como sus centros adscritos) también tendrán que formar una Comisión de Convivencia en la que estarán representados el personal docente e investigador, el alumnado y el personal de administración y servicios, elegidos por dichos colectivos entre sus miembros. Los rectorados no tendrán representación en dichas comisiones.
Estas comisiones tendrán que realizar iniciativas y propuestas para la mejora de la convivencia en los centros universitarios y promover la mediación. Además, podrán estar informadas, si las personas implicadas en un conflicto así lo deciden, de la situación del procedimiento sancionador para darle mayor transparencia.
