Es una buena noticia. Al menos así lo ven tanto desde ADIDE Federación, asociación que engloba a la mayor parte de las y los profesionales de la Inspección educativa, como desde USIE, sindicato también de inspectores.
Ambas organizaciones preparan alegaciones, de todas maneras, para intentar mejorar un texto que llevan años reclamando. El que regula ahora la profesión es de 1995 y ha quedado obsoleto, puesto que las comunidades autónomas tienen potestad para organizar y decidir el trabajo de este cuerpo de docentes.
Como recoge el preámbulo del texto publicado: “Resulta necesario establecer un marco normativo básico en materia de inspección educativa que se adapte a las modificaciones normativas que se han producido desde la aprobación del Real Decreto 2193/1995”.
El nuevo texto repasa toda la carrera inspectora, desde el acceso hasta la formación, pasando por las diferentes funciones que ha de desarrollar este cuerpo docente. Habla de los fines, funciones y atribuciones de sus profesionales.
Aunque a lo que más tiempo dedica el texto es al acceso, a determinar cómo son las convocatorias, quienes formarán los órganos de selección y a la descripción de la fase de concurso y de oposición.
Entre las cuestiones que destacan, tanto Jesús Marrodán, presidente de USIE, como Cristóbal Barea, presidente de ADIDE, remarcan la importancia de que el nuevo texto asuma que quienes se dedican a la inspección están en el escalafón más alto de la carrera docente.
Pero para ambos, uno de los peros de este decreto es, precisamente, que aunque admite esta circunstancia, no introduce ningún reconocimiento económico que demuestre que esta situación es así.
Marrodán explica, por ejemplo, que son el único cuerpo al que se accede después de dos oposiciones y de dos procesos de prácticas. Y esto, además del hecho de tener atribuciones diferentes a las del resto de compañeros docentes, debería justificar una compensación económica que ahora no tienen.
En cualquier caso, “el gran valor de este decreto, asegura Barea, es que unifica las normativas de las comunidades autónomas”. Entre esta homogeneización destaca la forma de acceso a la profesión.
Desde ADIDE, más allá de intentar que haya un reconocimiento económico a la inspección, intentarán hacer algunos cambios relativos al acceso como pueda ser que la presidencia de los tribunales de las oposiciones esté en manos de inspectores, que haya una fase tipo test para garantizar la transparencia y el anonimato.
Desde USIE también entienden que, a pesar de que es un paso muy positivo, tiene puntos de mejora. Entre ellos, temas relacionados con formación, con la transparencia del trabajo de las y los inspectores, la necesidad de que cuenten con recursos materiales para hacer su trabajo más productivo (tener equipos informáticos con los que conectarse a las plataformas autonómicas desde los propios centros) o algún tipo de indemnización económica por utilizar sus vehículos para desplazarse a los centros educativos.
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A partir de 1983, cuando la Inspección desapareció, fue sustituida por amiguetes de segunda fila que, por su escasa importancia, no podían aspirar a cargo político pero que deseaban abandonar cuanto antes el aula. Así, se les cooptaba primero como «inspectores accidentales» u otra denominación parecida y, una vez que el capo que los había llevado al puesto era nombrado presidente del «Tribunal» de Oposiciones, se conseguía el puesto para toda la vida. A su vez, ahora ya podías conseguir hacer lo mismo y la rueda continuaba.
En ese momento, a trabajar poco, a obedecer al amo de turno, a perjudicar lo más posible a los centros e incordiar y molestar a quienes no estuviesen a su servicio.
En la Comunidad Valenciana, con el PSOE y con el PP, salvo muy escasas salvedades, ese es el marco diario que he vivido en mis cuarenta años de docencia.
Así que lo mejor que se puede hacer es, como ya hicieron en Finlandia, es eliminar a estos parásitos y gestionar los procesos directamente desde los centros y la Administración