Reportaje

Razones para una huelga: «Sufrimos el trabajo en unas condiciones indignas e inaceptables»

Hace dos semanas que el profesorado de la Comunitat Valenciana se puso en huelga indefinida. La consejera, Carmen Ortí, ha tenido que asumir, sin comerlo ni beberlo, la responsabilidad de asumir problemas que vienen desde 2010. De momento, solo ha conseguido la negativa de los sindicatos en una consulta masiva.

Hablamos con docentes de las tres provincias valencianas, de diferentes centros. Las razones son, para todos, las mismas. Unas condiciones indignas de trabajo y la falta total de interés por negociar de esta administración, que hasta que no ha tenido una huelga indefinida, la primera en 40 años, no ha movido ficha.

Dinero para el Opus

«Yo creo que la gota que ha colmado el vaso, dice María Añón, profesora en la EOI de Alicante, ha sido saber que estaban dando dinero a centros privados y concertados cuando hay compañeros en barracones, en aulas apuntaladas».

Añón se refiere a la información de principios de mes en la que Compromís denunciaba la inversión de más de 70 millones de euros en centros del Opus Dei que segregan por sexo en sus aulas.

A esto se suma, por su puesto, la situación de los centros educativos afectados por la DANA. Carlos Justo, presidente de la asociación que engloba a directoras y directores de colegios de la provincia de Valencia asegura que el hecho de que muchas sigan sin ser reconstruidas «ha ayudado a calentar el ambiente».

Algunos centros de la zona no pudieron recuperarse en su momento y debe ser reconstruidos. Han pasado año y medio y todavía no se sabe nada. Docentes, alumnado y familias han sido repartidos por otros lugares, incluidos barracones en descampados de diferentes localidades. Justo asegura que las familias empiezan a ir a la concertada para evitar estas condiciones.

Infraestructuras

Los barracones son viejos conocidos en la Comunitat Valenciana, epicentro de una trama de corrupción en la empresa pública Ciegsa, que acumuló deudas por miles de millones de euros e investigaciones políticas y judiciales por sobre costes en la construcción de centros mientras tenía a miles de estudiantes en barracones.

Justo señala que tienen centros con ventanas que no aíslan, aulas sin acondicionar que pueden superar con mucho los 30 grados en primavera y verano, patios sin ninguna clase de sombra. El director se pregunta «Por qué la Consellería, en las direcciones generales o en Hacienda, tiene a sus trabajadores en buenas condiciones climáticas y en los centros educativos no?».

Hay una importante «precariedad en las insfraestructuras» que se viene a juntar con la de centros más antiguos, sin rampas para hacerlos accesibles, sin ascensores, lo que obliga a las y los docentes en algunas ocasiones a subir a pulso a su alumnado en silla de ruedas hasta sus aulas; centros con una única escalera.

Francesc Collado es profesor en Castellón. También habla de infraestructuras no acondicionadas para aguantar las temperaturas cada vez más extremas. No hay aire acondicionados, el alumnado se encuentra «apelotonado» en aulas que no están pensadas para las ratios que albergan. «Las condiciones son bastante lamentables».

La Dana

El trauma de la DANA ha supuesto, además de las víctimas mortales, la caída de un presidente autonómico. Pero tiene las administraciones autonómicas tiene todavía deudas importantes con los vecinos de l’Horta Sud.

«Esto no es prioritario», asegura Carlos Justo. «Hay escuelas que en estos dos años no se han reconstruido, no están acabadas».

Recuerda este docente y director que en su momento, José Antonio Rovira, ni el entonces conseller de Educació ni el secretario Autonómico, Daniel McEvoy Bravo pasaron por ninguna de las escuelas afectadas. «Dicen que han trabajado mucho, pero las limpiamos nosotros con ayuda de los voluntarios», recuerda Justo.

Él es de Torrent, aunque trabaja en Picanya. En esta población siguen esperando que terminen las actuaciones sobre los centros afectados. Recuerda que en Massassana, otro de los municipios afectados, se derribó el centro y todavía no tienen uno nuevo. Están en barracones en un solar o en otros barrios y otros centros.

Condiciones indignas

Isabel Soler Palací es profesora de Secundaria del IES San Vicente Ferrer de València. Ella participó en la huelga del 88, la anterior indefinida. «Salvando las distancias temporales, creo que las razones son las mismas».

Según ella «cada día sufrimos el trabajo en unas condiciones indignas e inaceptables». Habla de infraestructuras, de ratios, de la falta de recursos para atender a la diversidad, «es es enorme… enorme». A lo que se añaden salarios congelados desde hace años y una burocracia ingestionable.

«Somos muy conscientes de que no podemos hacer bien nuestro trabajo, no podemos atender a nuestro alumnado como se merece, y entonces reivindicamos la mejora de las condiciones, para que sean justas y dignas».

Este es el paso imprescindible y previo, dice Soler, para mejorar las condiciones de aprendizaje en la escuela pública, «puntal imprescindible y necesario en una sociedad democrática», afirma. «Por eso estamos luchando, lo hacemos por un bien público, colectivo».

«En el 88 era igual, pedíamos bajada de ratios, salarios, construcción de más centros. Recursos para atender a la diversidad, reconocimiento de sexenios», asegura. Y se duele por el hecho de que las mejoras en la educación pública tengan que venir de la huelga y la protesta, «cuando debería ser un objetivo de cualquier gobierno, sea del color que sea. Todo el mundo pasa por la escuela, desde los premios Nobel hasta los carpinteros».

El salario

Prácticamente con cualquiera con quien uno hable, nombra el salario entre las últimas razones de la huelga. A pesar de esto, es el único punto concretado en el documento que Educació ha facilitado a los sindicatos. Se prevé una subida de 200 euros en tres momentos entre este septiembre el año que viene.

Los sindicatos tienen sus propios cálculos. Hablan de congelación y pérdida del poder adquisitivo desde 2010 de hasta un 20 %. En algunos de sus documentos hablan de subidas de hasta 500 euros.

En cualquier caso, todo el mundo apunta a la necesidad de bajar ratios y la atención a la diversidad antes que de dinero en la nómina.

Por qué ahora

Todo el mundo tiene claro que la mayor parte de las reivindicaciones que los sindicatos han puesto sobre la mesa para terminar la huelga no son producto de la gestión de Carmen Ortí, actual consellera de Educació. De hecho, algunas vienen de tres ejecutivos previos.

Y la pregunta flota sobre la protesta, ¿Por qué el gobierno del Botánic no fue objeto de las protestas sindicales que han paralizado la educación pública valenciana y han llenado las calles en concentraciones y manifestaciones estos 14 días?

Todas las personas consultadas para este reprotaje tienen claro que, al menos, el gobierno del Botánic tenía mano izquierda y sabía ofrecer mejoras, no las suficientes, desde luego, pero sí algunas.

Por contraste, el actual gobierno, ya desde la presidencia de Mazón y la gestión de Rovira, ha mostrado una cara rígida, sin ánimo de negociación (al menos hasta la convocatoria de la huelga).

La más crítica es Soler. «Teníamos motivos para movilizarnos durante el Botánic, pero creo que se esperaba más de su acción que no fue la esperada».

Para Añón, el Botánic tenía «capacidad de mediar, comprender, frenar, contentar a algunos», con la que, por lo menos, no se generó este «ambiente de tanta quemazón, de hartazgo». Ahora, «los sindicatos tienen enfrente gente que les ningunea, sin mano izquierda».

Para Justo, una cosa es clara, las condiciones han ido empeorando con los años. Los recortes son continuos. Él dirige un centro de línea uno y el año que viene tiene que contar con un maestro menos. Ahora bien, «a la derecha se le hacen manifestaciones y a la izquierda, no», asegura, señalando cómo al Botánic, a pesar de haber razones, no se le afearon ciertas conductas.

Inclusión

Este es uno de los puntos calientes de las protestas. La diversidad de la aulas valencianas, así como las de todo el país, ha ido en aumento sin que los recursos destinados a su atención hayan aumentado lo más mínimo.

Entre los puntos duros de la negociación está la contratción de PT y AL para los centros educativos, al mismo tiempo que la Conselleria, contraviniendo los mandatos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, quiere ganarse a los sindicatos (que parecen haber comprado el marco) con la apertura de 150 aulas específicas en centros ordinarios, lo que supondría mantener la segregación de este alumnado, aunque sea dentro de la red ordinaria.

Colectivos como Quererla es Crearla han criticado esta actitud de la Administración educativa valenciana.

Justo habla de que no se adjucidan PT ni AL suficientes, o no llegan o no se adjudican más a pesar de que el alumnado con necesidades siga creciendo. Habla de aulas de infantil en las que las maestras tienen que llevar de la mano a criaturas con TEA para que las clases puedan funcionar «porque no hay educadoras o no se las sustituye».

Justo se encuentra con que para cubrir las necesidades de PT que tienen tiene que quitar recursos de un lado para ponerlos en otro sitio. Critica duramente el tener a este personal a media jornada porque están compartidos con diferentes centros, de manera que vienen dos o tres días a la semana: «¿El lunes tienen necesidades y el miércoles, no?», se pregunta este director. «No tiene sentido, el alumno necesita la atención todos los días».

El valenciano

Otro de los temas que están en la mesa y que ha generado ciertas fricciones entre los sindicatos huelguistas, es el valenciano.

El idioma se vio relegado con la llegada de Mazón a hombros de Vox. Decidieron aprobar la Ley de Libertad Educativa que relegó el uso del valenciano como lengua vehicular y permitió que fueran las fmailias las que decidieran en qué lengua se aprendería en sus centros.

Esto ha provocado importantes problemas de organización en los centros educativos a la hora de conformar los grupos, así como protestas por el hecho de que, donde antes se certificaba el conocimiento del idioma en centros oficiales, ahora, con tener un 7 en la evaluación se pretendía otorgar un C1.

También se ha retirado del currículo escolar a las y los autores catalanes y baleares a pesar del uso de una lengua común.