Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
Acogemos de manera esperanzada, a la vez que crítica, el texto del borrador de Anteproyecto de Reforma Educativa del Gobierno.
Siempre será bienvenida una propuesta para retomar el rumbo de un sistema educativo que se sustente en el respeto a la Convención de los Derechos de la Infancia, la búsqueda de la equidad, la participación, el reequilibrio de responsabilidades en la organización y gestión de los centros educativos, y que se muestre abierta a la complejidad e incertidumbre de los nuevos tiempos.
El compromiso de la mayoría de las fuerzas políticas para derogar la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), manifestado en reiteradas ocasiones ―recordemos, por ejemplo, el apoyo parlamentario conseguido, en noviembre de 2016, a la proposición de ley del PSOE de ‘iniciar los trámites para suspender la Ley Orgánica para la Mejora Educativa’―, obligaba moralmente a su cumplimiento en la primera oportunidad que fuera posible. El borrador de Anteproyecto así lo hace al incluir una Disposición derogatoria de la LOMCE. Esta decisión explica nuestra acogida inicial al borrador.
El texto, sin embargo, no colma las aspiraciones planteadas en el documento colectivo de ‘Bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo Social y Político Educativo’, participado, difundido y apoyado por amplios sectores de la comunidad educativa y remitido, en su día, a la Administración; y en esta constatación se sustenta nuestra posición crítica.
La derogación de los aspectos más polémicos de la LOMCE, sin ser la solución a las deficiencias estructurales de nuestro sistema educativo, nos lleva a manifestar nuestro apoyo inicial a este borrador; más aún, considerando el equilibrio de fuerzas en el actual Congreso de los Diputados. En ningún caso deseamos poner en peligro este propósito largamente reivindicado por la mayoría de la comunidad educativa.
Estamos convencidos de que con la LOMCE no se puede avanzar en justicia social y en equidad y que su derogación permitiría retomar cierta continuidad de progreso que, a pesar de todo, y gracias a la labor del profesorado y de otros colectivos, se sigue manteniendo en la práctica real de nuestras instituciones educativas.
El sistema educativo que defendemos es más ambicioso y abarca un extenso abanico de principios… “igualdad, laicidad, diversidad, inclusión, sostenibilidad, autonomía, convivencia, participación democrática, solidaridad, antiautoritarismo y coeducación”, que en su articulación no se recogen suficientemente en esta propuesta de reforma. Somos conscientes, sin embargo, de lo imprescindible que resulta, para su tramitación parlamentaria, contar con el apoyo de todos los grupos políticos que auparon al actual Gobierno, y que expresen su apoyo los movimientos sociales, organizaciones representativas y colectivos de la sociedad civil.
Lo que no significa quedarnos anclados en esta posición; reivindicamos, con el mismo empeño, la reversión de los recortes educativos en la escuela pública y una financiación en línea con la media europea. Igualmente, consideramos imprescindible la apertura de un gran debate cultural con la ciudadanía para la definición y articulación de un derecho a la educación más justo, pleno y fecundo en posibilidades, tal y como viene recogido en el referido documento colectivo de ‘Bases para una nueva Ley de Educación. Acuerdo Social y Político Educativo’.
Más allá de la anunciada derogación de la LOMCE y la acertada técnica jurídica utilizada para la modificación de la LOE (evitando, con ello, cualquier vacío legal), el borrador de reforma educativa incorpora una serie de avances que relacionamos a continuación.
Establece la desaparición de los itinerarios curriculares en la Educación Secundaria Obligatoria y su sujeción a un único título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria; elimina las evaluaciones externas de final de etapa y la confección de rankings de centros; simplifica la estructura curricular y suprime los estándares de aprendizaje; flexibiliza el sistema educativo, facilitando el retorno de cualquier egresado; considera la materia de religión como no computable a efectos de titulación, acceso a la universidad y concesión de becas, obviando cualquier contenido alternativo; incorpora el área/materia de Educación en valores cívicos y éticos en el currículo de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, prestando especial atención al conocimiento y respeto de los Derechos Humanos y de la Infancia y a la igualdad entre hombres y mujeres.
Este borrador, además, apuesta decididamente por el valor de la evaluación colegiada en las decisiones de titulación; restablece las funciones directivas de los consejos escolares y les otorga un papel relevante en la selección y nombramiento del director o directora; recupera la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en lo concerniente a los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas; recupera los programas de diversificación curricular, posibilita la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria desde la formación profesional básica, restablece una única prueba de acceso a los estudios universitarios…
Incorpora también elementos estructurales como la supresión de la “demanda social” como vía de acceso a la concertación de centros escolares (evitando la cesión de suelo público y la concertación previa), aunque sigue manteniendo y sosteniendo un sistema de conciertos obsoleto; “obliga” a las administraciones a ofrecer plazas escolares públicas suficientes; formula la proximidad al domicilio como criterio para la admisión del alumnado; retoma el carácter educativo de la educación infantil y la exigencia de regular los requisitos mínimos de los centros que la imparten; restituye los tres ciclos en la organización curricular de la educación primaria; fija el compromiso de la Administración educativa para que, en el plazo de un año, se elabore una propuesta de regulación de la función docente, así como, el plazo de 8 años para revertir la situación actual de escolarización del alumnado en los centros de educación especial, promoviendo su paulatina incorporación en centros ordinarios…
A pesar de los avances referidos, nos preocupan otros aspectos fundamentales no tratados. Por ejemplo, no asegura la modificación de los currículos extensos y memorísticos que abocan a la desafección del alumnado y a una formación domesticadora; no establece el carácter subsidiario de la enseñanza concertada y su desaparición en un periodo de tiempo determinado; no sitúa la Religión fuera del currículo; es insuficiente la formulación que plantea de la llamada “educación diferenciada” (segregación escolar según el sexo); no apuesta definitivamente por mantener la etapa de educación infantil, en toda su amplitud, en instituciones específicas…
Como hemos apuntado, insistimos en que nuestro relato del sistema educativo es más ambicioso, comprometido con el logro de mayores cotas de justicia social, de participación y empoderamiento de las comunidades educativas, de la ciudadanía de barrios y distritos, con una financiación educativa suficiente (aproximándose al 7% del PIB); una educación pública, laica y gratuita.
Apostamos por una transformación cultural del significado del derecho a la educación, que rompa con los ‘techos de cristal’ de la moda reaccionaria de idealizar el pasado, instalada desde la cultura LOMCE. Deseamos elevar las aspiraciones de la ciudadanía para construir una sociedad más justa que sea capaz de apropiarse de los derechos básicos que son de todos.
En resumen, con algunos elementos a favor, y a pesar de que demandas de amplios sectores de la comunidad educativa no quedan recogidas, somos conscientes de que, en estos momentos, son precisos los votos de una mayoría suficiente en el Parlamento y no podemos permitirnos hacer peligrar el objetivo común de derogar la LOMCE. De ahí nuestro apoyo a la tramitación parlamentaria de este Anteproyecto, en la confianza, traslada por el Ministerio a diversas organizaciones ciudadanas y profesionales, de que en una próxima legislatura se elabore y gestione una reforma alternativa y de calado que establezca las líneas básicas y de un sistema educativo estable y más justo.
Jordi Adell, Enrique Díez, Rodrigo J. García, Francisco Imbernon, Javier Marrero, Mª Montserrat Milán, Carmen Rodríguez Martínez, Julio Rogero y Francesca Salvà forman parte de la Comisión Permanente de ‘Por Otra Política Educativa. Foro de Sevilla’
