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En la distancia, he asistido desde la semana pasada a unas movilizaciones docentes en Cataluña y la Comunidad Valenciana que tienen toda mi admiración.
Continuando con el estallido del pasado año en Asturias, estas huelgas no son un episodio aislado. Me parecen más la expresión visible de un malestar que lleva tiempo acumulándose en silencio. Salarios que pierden poder adquisitivo, sobrecarga laboral, burocracia creciente, aulas cada vez más complejas y una sensación extendida de no llegar, no poder, no estar a la altura de lo que la sociedad nos exige.
Pero quien reduzca estas protestas a una reivindicación exclusivamente laboral cae en un error. Lo que está en juego es más profundo, y por eso resalto la importancia de lo que está pasando: por primera vez veo una dirección clara que abre la posibilidad real de sostener un proyecto de educación pública que sea inclusivo, democrático y capaz de garantizar igualdad de oportunidades. Y nace, como otras grandes revoluciones históricas, de abajo a arriba, no como aspiración de despacho.
El problema aparece cuando se exige a los centros que respondan a esa complejidad sin los recursos necesarios
Reconozcamos que en los últimos años la escuela pública ha asumido casi en solitario la responsabilidad de escolarizar a la mayoría del alumnado migrante que llega a mitad de curso, a quienes viven situaciones de vulnerabilidad social, a quienes presentan necesidades educativas específicas, a quienes requieren apoyos constantes para participar y aprender. Y por eso, el loable propósito de una educación inclusiva tropieza siempre al aterrizar en el aula.
La diversidad no es un problema, sino una realidad de un país plural. El problema aparece cuando se exige a los centros que respondan a esa complejidad sin los recursos necesarios, sin claustros estables, sin horas para coordinarse, sin apoyos suficientes dentro de nuestras clases. La inclusión, entendida como derecho y como principio, se convierte entonces en un ideal que se sostiene sobre la épica individual de docentes exhaustos. Y por eso, todo estalla, como ha ocurrido otra vez y va a seguir pasando.
La inclusión exige transformar la manera en que enseñamos, evaluamos y organizamos los centros
La educación inclusiva no consiste en “meter a todos en el aula” sin más. De esto ya hablaba en otro artículo justo en este mismo medio. La inclusión exige transformar la manera en que enseñamos, evaluamos y organizamos los centros. Exige revisar programaciones, flexibilizar los tiempos, repensar los agrupamientos, escuchar a las familias, trabajar con la comunidad, construir culturas escolares donde la diversidad no sea carga sino oportunidad para aprender.
Exige, sobre todo, que el profesorado disponga de condiciones dignas para pensar, investigar, coordinarse y poder acompañar. Que ese tutor que siempre está desbordado en un segundo de la ESO tenga más tiempo y apoyos para sacar adelante a su grupo, junto a su equipo docente. Sin medidas como estas, la inclusión es un eslogan vacío.
Concertada: opción aspiracional
Mientras todo esto ha ocurrido en la educación pública, tal vez el proyecto común más importante de una democracia fuerte, la red concertada ha ido consolidando un modelo que ofrece en apariencia estabilidad, atención individualizada, servicios, sensación de comunidad y participación. Si me apuran, parece haber sabido ocupar el espacio que la histórica desinversión pública ha ido dejando.
En muchas ciudades, la concertada se ha convertido en una opción aspiracional para familias que buscan seguridad, orden, escucha o simplemente escapar de los problemas reales (o imaginados) de la pública. Lo ha hecho ocupando espacios que la desinversión pública dejó abiertos. Un menú amplio que ha permitido a muchas familias encontrar un lugar donde las comprendan.
El resultado, un proceso silencioso pero devastador: la pública ha perdido peso social, legitimidad. Como le ha pasado a la sanidad pública, ha perdido su razón de ser como servicio común.
Esperanza
Pero la esperanza que a todos nos mantiene y que ha sacado a miles de docentes otra vez a las calles es que la educación pública es más que un servicio: es un proyecto de convivencia. Nuestra escuela, la de todos, es el espacio donde aprendemos a vivir juntos y donde se construye un “nosotros” que no excluya ni segregue. Cuando ese espacio se convierte en refugio para quienes no han podido elegir otra cosa, deja de ser pública en el sentido más profundo del término.
La frustración acumulada puede derivar en discursos catastrofistas que confunden malestar laboral con diagnóstico pedagógico
Las huelgas de estos días deberían entenderse también desde ahí: como una exigencia de las condiciones mínimas para que la inclusión pueda sostenerse en las aulas. Un sistema educativo que no cuida a quienes lo sostienen no puede cuidar a su alumnado. Un profesorado agotado no puede acompañar procesos complejos de aprendizaje. Un centro sin recursos no puede garantizar participación y logro para todos. La inclusión es un horizonte exigente que se construye con tiempo, equipos, estabilidad, formación, apoyo institucional y políticas valientes.
Pero hay riesgos evidentes. Por ejemplo, la frustración acumulada puede derivar en discursos catastrofistas que confunden malestar laboral con diagnóstico pedagógico. También, que la pública, en su intento de sobrevivir, siga imitando lógicas de organización propias de la concertada, como por ejemplo la competitividad entre centros, el marketing escolar o la excesiva externalización de servicios.
Es otro peligro que se normalicen prácticas que excluyan de manera sutil: desde criterios que privilegian a algunos hasta expectativas bajas hacia determinados grupos. Cuando eso ocurra, no olvidemos que la pública se traiciona a sí misma.
Pero también hay una oportunidad, una esperanza permanente. Las movilizaciones de estos días abren, por fin, un debate imprescindible sobre qué escuela queremos y qué sociedad estamos dispuestos a sostener. Porque la inclusión solo deja de tropezar cuando una democracia decide cuidar de verdad su escuela pública.
