Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
México parió en días pasados la anunciada reforma educativa que había prometido Andrés Manuel López Obrador en su tercera campaña presidencial. La modificación a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política se consumó con la aprobación de la mayor parte de los congresos de diputados en los estados de la República.
Destacan como bondades que se promueven con la reforma, en primer término, la muerte de la evaluación docente con “fines punitivos” y la instauración de la “nueva escuela mexicana”; se celebra el surgimiento de otra etapa, donde se reconocerá la importancia social del maestro, centrada en la formación y no en la evaluación, a partir de la creación de un sistema integral de formación y actualización y del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Junto a estos cambios, se prioriza el interés superior de niños y jóvenes como referente de los servicios educativos, la obligatoriedad de la educación inicial y con regulaciones, de la enseñanza superior, entre otros.
El conjunto de cambios propuestos por el presidente, largamente discutido con los partidos políticos, sectores académicos, intelectuales y sindicatos, es juzgado por actores centrales como una continuación de la reforma anterior, a la cual se pretendía desterrar; para otros, es un paso adelante. Más allá de ese debate, relevante por las repercusiones que podría tener en el juego de fuerzas entre la combativa disidencia del sindicato magisterial y el gobierno federal, las decisiones que se aprobaron están en consonancia con las reformas emprendidas en las décadas más recientes en Latinoamérica. Dicha conclusión se desprende de los hallazgos contenidos en el documento La política educativa en México desde una perspectiva regional, publicado a finales de 2018 por el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación de la Unesco y el ahora extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México.
Una de las primeras tesis del reporte es que hay evidencias para afirmar que las políticas educativas en América Latina se “inscriben en un diálogo permanente con las de los otros países, con notables puntos de convergencia, aún en contextos tan diversos”. El proyecto de López Obrador abreva en la misma fuente.
La segunda parte del documento se detiene en la lectura de las distintas leyes de educación en la región. Su conclusión: en todas, de una u otra manera, se alude a la educación como derecho humano fundamental; así, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional de Guatemala, de 1991, señala: es un derecho inherente a la persona humana. En Perú (2003) se postula: “La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad”. Nicaragua, por su parte, declaró en 2006: “La educación es un derecho humano inherente a todas las personas sin distingos de edad, raza, creencia política o religiosa, condición social, sexo e idioma”. Mientras que las leyes de Venezuela y Ecuador anticiparon la redacción que se aprobó en la reforma mexicana de 2019.
Las conclusiones del informe son pistas que el nuevo gobierno mexicano tendría que leer, comprender y traducir en estrategias intersectoriales; por ejemplo, cuando se concluye que el país enfrenta un escenario “sumamente complejo para sostener un sistema educativo universal y de calidad”, por su demografía (el peso de la población infantil y juvenil), la distribución de la riqueza y la pobreza, la dispersión poblacional en un territorio vasto, así como la desigualdad y el flujo de ingresos a la población más pobre.
De esa situación derivan retos financieros colosales. México, pese a su riqueza, no es de los países que más invierten en el contexto de América Latina, medido como porcentaje del Producto Interior Bruto. Esto es, que además de resolver los ingentes problemas pedagógicos, demanda una inversión extraordinaria.
Uno de los logros que más pregonan los impulsores es la colocación del interés superior de los niños y jóvenes en la definición del rumbo educativo. Veremos cómo se plasma en las leyes respectivas y luego cómo se concreta. América Latina tiene experiencias ricas. Perú avanzó en la consideración de los derechos de niños y jóvenes en su Ley General de Educación de 2003, y Nicaragua, en su Ley de 2006, es más explícita al postular que cada estudiante tiene derecho a: “a) Ser tratado con justicia y respeto, y no ser sujeto de castigos corporales, humillaciones ni discriminaciones. Ser evaluado con objetividad y solicitar revisión, según sea el caso. (…) d) Integrar libremente los gobiernos estudiantiles y asociaciones tendientes a mejorar la vida escolar y elegir o ser electo democráticamente dentro de las mismas. e) Reclamar ante la Dirección del Centro Educativo, y de ser necesario a instancias educativas superiores, sobre las situaciones que vulneren los derechos, prescritos en esta ley”.
Del análisis de las tres reformas seleccionadas para ponerlas en diálogo con el sistema educativo mexicano, los investigadores concluyen: “Las reformas encaradas por Perú, Chile y Ecuador se inscriben dentro de las iniciativas reformistas características del nuevo siglo, ya que, en primer lugar, consideran a la educación como un derecho y un bien necesario para el desarrollo social y humano que cada país debe garantizar”.
Son tres los ejes que estructuran las reformas en esos países: calidad de los aprendizajes, políticas de revalorización y rediseño de la carrera docente y reorientación de la gestión del sistema educativo y las escuelas. Sumaría otras claves, como el derecho a la educación y la ampliación del acceso en todos los niveles, políticas para favorecer la inclusión y la equidad, la evaluación como insumo para distintos procesos y actores, el sentido de la educación (las distintas funciones que se le adjudican) y aumento del financiamiento.
Consideraciones finales
Los retos para México son imponentes y más difíciles por su complejidad, diversidad, tamaño y demografía.¿Será la transformación prometida el principio de otra era o la continuación de los lentos avances que atestigua el siglo XXI? Pronto se empezarán a desvelar las interrogantes con la aparición del marco normativo, planes y estrategias nacionales.
Observar la experiencia de países latinoamericanos podría iluminar los caminos para el sistema educativo mexicano. En educación inicial, por señalar un caso, México tiene mucho que aprender de naciones como Cuba, Colombia y Chile, que articulan la atención pedagógica con un programa de protección integral. ¿Habrá la humildad y apertura para aprender de otros?
