Vox y el PP han elegido cuál va a ser la primera batalla contra el nuevo Gobierno: la defensa del mal llamado ‘pin parental’, o lo que es lo mismo, que los padres tengan capacidad para vetar la asistencia de sus hijos a actividades contrarias a sus convicciones morales o éticas. No se trata de contenidos extraescolares sino de charlas y jornadas formativas que están incluidas en el currículum de los centros. La ofensiva, ideada por Vox y a la que se ha sumado el líder del PP, Pablo Casado, ha atrapado a Ciudadanos, socio de ambos en varios gobiernos autonómicos, que después de amagar con que apoyaría la medida ahora se posiciona en contra.
Primero el partido de Santiago Abascal y después el PP haciendo seguidismo de la extrema derecha han decidido convertir la polémica surgida en Murcia en un ariete para su oposición nacional. En esa comunidad autónoma, el partido de extrema derecha reclama que se instaure ese veto previo en la Educación como condición irrenunciable para votar a favor de los presupuestos. El PP lo apoya y Ciudadanos de momento titubea. Aunque la medida aún tiene que debatirse y aprobarse, el gobierno murciano ya ha dado pasos en ese sentido obligando a lo centros a que pidan autorización de los padres para ciertas actividades.
En síntesis, ese veto parental consiste en dar a los padres el poder de rechazar ciertos contenidos educativos si consideran que no se adecúan a sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. Los padres de los alumnos tendrían conocimiento previo del contenido de esas actividades y podrían solicitar por escrito que sus hijos no participen. Aunque podría afectar a cualquier tipo de actividad, la iniciativa –una de las medidas estrella del programa de Vox– está centrada en cargar contra las charlas sobre diversidad e igualdad.
El Gobierno ya ha enviado un requerimiento al Ejecutivo murciano para que dé marcha atrás. Sin respuesta por parte de la administración murciana, la ministra de Educación, Isabel Celáa, ha decidido este lunes poner un plazo a ese requerimiento: tienen un mes para «restaurar la legalidad». El siguiente paso será acudir a los tribunales con el argumento de que la medida es contraria a una norma de rango superior, y por tanto la comunidad autónoma no tiene competencias. Además, en el texto que ha remitido, el Ministerio recuerda que la decisión del Gobierno murciano contraviene varios tratados internacionales.
Diferencias en el PP
Casado ya ha hecho de esta polémica el centro de sus discursos públicos y de sus ataques al nuevo Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. El líder del PP, una vez superado el ensayo fallido de la moderación, ha pasado a equiparar la defensa del Gobierno de las charlas sobre diversidad e igualdad al adoctrinamiento de países comunistas: «¿Me están diciendo que es como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución? ¿Vamos a llegar a que los niños también delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios como pasa, a día de hoy, en Cuba?».
Mientras tanto, dirigentes del PP hacen ver que se trata de un problema artificial. El consejero de Educación de Madrid hizo públicas este lunes algunas cifras: contó que entre 1,2 millones de alumnos, la Comunidad de Madrid había registrado una única queja, que la administración investigó y que se quedó en nada.
Desde Galicia el presidente Alberto Núñez Feijóo pidió no «banalizar» sobre asuntos que requieren un debate sereno, dando a entender que él –que está a las puertas de unas elecciones y necesita exprimir su perfil más centrista– no va a hacer seguidismo de Vox. El PSOE, por su parte, ya ha anunciado que presentará iniciativas en parlamentos regionales y en otras instituciones para retratar a las derechas.
Mientras Feijóo se desmarca, su jefe de filas sí está decidido a abrazar una estrategia conocida en la derecha: hacer de la Educación un terreno de batalla política. El problema para Casado es que la vía judicial, que ya atisba la ministra, no siempre ha salido bien a un PP que ha encallado en los tribunales.
El Supremo rechazó que quepa objeción de conciencia
El caso más claro es el de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que introdujo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Como ahora, el PP liderado por Mariano Rajoy centró todos sus esfuerzos en cargar contra esa materia y convertir su lucha en una supuesta batalla por la libertad individual. Se estaba acabando 2006 cuando se conoció el contenido de la asignatura como parte de la nueva ley, la LOE. La materia era obligatoria y respondía a una recomendación del Consejo de Europa, que afirmaba que era esencial para promover una sociedad libre, tolerante y justa.
A los sectores más conservadores les faltó tiempo para denunciar que la asignatura tenía «un contenido moral y político de un sesgo muy determinado», como alertó el Gobierno de la Comunidad de Madrid, entonces presidido por Esperanza Aguirre. Centenares de familias apelaron a un supuesto derecho a la objeción de conciencia para pedir que sus hijos no cursaran la asignatura. Elementos como la educación sexual, las familias monoparentales u homosexuales o el laicismo se cuestionaron como inapropiados e invasivos en la educación de los niños.
El asunto escaló y acabó en los tribunales, que fueron sentenciando en diferentes sentidos. Tuvo entonces que pronunciarse el Tribunal Supremo, que en 2010, tras dos días de deliberaciones –cuando había 114 objetores, según un recuento de El País–, unificó doctrina y estableció por 22 votos a 7 que no era posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia para una asignatura. Sí pedía el Alto Tribunal que se controlara el contenido de los manuales de la asignatura.
Esta imposibilidad de hacer objeción de conciencia educativa es la misma a la que alude el Ministerio de Educación en el requerimiento que le ha hecho a Murcia para que retire el veto parental de Vox. Finalmente, la polémica acabó cuando el PP llegó al poder y eliminó la asignatura al aprobar la LOMCE.
Feijóo, el precursor del veto parental
Hay otro precedente que acabó en los tribunales y que también apostaba por el veto parental, aunque en este caso sobre la educación lingüística. Fue también durante el Gobierno de Zapatero. En Galicia, el introductor de la exigencia de control paterno sobre las aulas fue el PP durante su breve estancia en la oposición al gobierno de PSdeG y BNG que dirigió la Xunta entre 2005 y 2009.
En ese contexto de movilización prácticamente continua del PP de Mariano Rajoy contra el Ejecutivo de Zapatero sobre cuestiones territoriales, el entonces nuevo líder de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijóo, se aferró a una bandera que su antecesor, Manuel Fraga, nunca había utilizado en sus casi dos décadas como presidente: la de una supuesta «imposición» del gallego en Galicia. Fue ahí donde encajó su propia versión de un veto parental que acabaron tumbando los tribunales.
En unos años en los que el PPdeG llegó a temer que parte de su voto urbano fuese a parar a la entonces emergente UPyD de Rosa Díez, los de Feijóo decidieron romper la baraja del consenso lingüístico que habían estado a punto de firmar con el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas. Además de alentar manifestaciones y otras protestas, el candidato Feijóo lanzó una propuesta en aras de la «libertad». «En el sobre de matrícula meteré una casilla para que los padres elijan el idioma de las asignaturas troncales», aseguró en una entrevista con El País pocos días antes de las elecciones gallegas de 2009.
El programa electoral del partido, no obstante, matizaba la promesa. Se trataba de «escuchar, a través de procedimientos reglados, la opinión de los padres en relación con las materias que se impartirán en cada idioma», indicaba. Asumía, en esencia, las reivindicaciones de pequeños grupos como la asociación denominada Galicia Bilingüe, que exigían a la Xunta que permitiera a las familias del alumnado decidir el idioma en que eran impartidas las materias escolares y excluir el gallego si padres o madres así lo determinaban.
De este modo, diez años antes de que Vox lanzase su exigencia de veto parental, Feijóo ya equiparaba «libertad» con permitir que las familias determinasen el funcionamiento de las aulas en función de su ideología. Cuando, pocos meses después de lograr la Presidencia de la Xunta, anunció los rasgos generales de lo que presentó como «decreto del plurilingüismo», su promesa ya no era esa «casilla en el sobre de matrícula», sino repetir una encuesta a las familias como la que la Consellería de Educación había realizado en los meses previos y cuyos resultados íntegros no había divulgado. El plan, había explicado Feijóo, consistía en una «consulta que se realizará cada cuatro años y que orientará el reparto horario» de materias entre lenguas.
Cuando, en mayo de 2010, vio la luz el texto íntegro del decreto, la encuesta estaba presente, aunque restringida a la enseñanza infantil. Fue en este punto en el que entraron en juego los tribunales. Entidades de defensa del gallego, sindicatos y la Real Academia Galega recurrieron el decreto ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. En varias sentencias, los jueces rechazaron frenar el conjunto de la norma, pero sí la controvertida encuesta y otros aspectos vinculados a la misma.
Concretamente, el TSXG determinó que la Xunta estaba «vulnerando la configuración del derecho fundamental a la educación» recogido en la Constitución, puesto que «los poderes públicos tienen encomendada la programación general de la enseñanza, de cuya potestad la Administración (…) no puede abdicar, sometiendo la votación un aspecto tan fundamental como la lengua». La elección familiar, matizaba, se restringe únicamente a la decisión de si el alumnado cursa o no la materia de Religión.
Después de aquellas sentencias, que también suprimían el artículo que otorgaba «libertad al alumnado para utilizar en las manifestaciones oral y escrita la lengua oficial de su preferencia», con independencia del idioma de la asignatura, la Xunta se embarcó en una batalla legal y, al mismo tiempo, continuó distribuyendo encuestas lingüísticas a las familias del alumnado de Infantil. Pero su resultado, afirmó, ya no sería «vinculante». «Seguiremos haciendo las consultas, pero no producen efectos legales porque las sentencias lo impiden, pero será determinante para que nosotros adoptemos una decisión u otra», había asegurado el presidente de la Xunta.
