La huelga indefinida de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid cumple un mes sin que la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades se haya sentado a negociar con quienes la convocan.
El paro comenzó el 14 de octubre a iniciativa de un comité mixto formado por CCOO, UGT, CGT, CNT, STEM, Solidaridad Obrera y colectivos como la Asamblea Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna. Reclama, entre otras medidas, menos horas lectivas, bajada de ratios y mejoras salariales.
Requerimiento formal y amenaza judicial
El 26 de octubre, el comité registró un requerimiento formal a la consejera, Mercedes Zarzalejo, para exigir una negociación “real y efectiva”. Se apoya en el artículo 8.2 del Real Decreto-ley 17/1977, que obliga a negociar desde el preaviso de huelga y durante su desarrollo, y advierte de que, si la Consejería mantiene su negativa, valorará acciones judiciales.
El comité recuerda que ya en agosto entregó su tabla reivindicativa y pidió abrir negociaciones. También rechaza que la Consejería se escude en la Mesa Sectorial y en el acuerdo firmado allí en abril de 2025: según los convocantes, un acuerdo con el comité de huelga tiene la misma validez jurídica. Por ahora no consta que se haya presentado una demanda por la falta de negociación, aunque CCOO ha planteado la posibilidad de una demanda colectiva.
CSIF, que no forma parte del comité unitario y mantiene sus propios paros parciales, denunció el 12 de noviembre a la Consejería ante la Inspección de Trabajo por presunta vulneración del derecho de huelga y pidió que se la requiera para recibir a su comité.
Los servicios mínimos, en los tribunales
El único encuentro entre la Consejería y el comité se celebró este viernes, por videoconferencia, y trató solo el endurecimiento de los servicios mínimos. La nueva orden fija un profesor por cada 70 alumnos en bachillerato y FP y obliga a cubrir en 2º de bachillerato al menos la mitad de las horas de las materias de la PAU, hasta el 90 % según se acerque la prueba.
El comité, que ya recurrió los mínimos anteriores por abusivos, pedirá medidas cautelarísimas en cuanto se publique la orden, que considera injustificada. Tiene un precedente reciente: el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió, a petición de CCOO, los mínimos de la huelga general del 11 de noviembre en educación, justicia y transporte por vaciar de contenido el derecho de huelga.
Los convocantes anuncian además acciones contra la instrucción que obliga a retirar carteles de apoyo a la huelga en los centros. La asociación de directores de instituto, Adimad, ha rechazado la subida de los mínimos, que a su juicio enquista el conflicto.
Las familias, al Defensor del Pueblo
La Koordinadora de Familias por la Educación Pública, en la que participan CONFAPA, Defensa del Alumnado TEA, FAMPA Alcalá, Familias 0-3 En Lucha, Comedor Universal y Aprender Sin Calor, ha anunciado este sábado tres iniciativas. Ha registrado una petición de reunión con la consejera; ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo para que valore si se está garantizando el derecho a la educación y recomiende medidas para una solución dialogada, y ha llamado a las AMPAS a presentar reclamaciones formales ante la Consejería por la falta de avances.
Piden también un plan de recuperación curricular al acabar el conflicto, con atención especial al alumnado con necesidades específicas de apoyo. “La Administración educativa tiene la responsabilidad de impulsar activamente el diálogo social”, afirma su portavoz, Fernando Mardones. La FAPA Francisco Giner de los Ríos, que no convoca la huelga, también ha pedido que la Consejería se siente con los sindicatos.
Mientras, la presión sigue en la calle: concentraciones diarias ante la Consejería, el encierro de miembros del comité en la Dirección General de Recursos Humanos el 5 de noviembre y cortes de tráfico en la Gran Vía y la A-42.
El Gobierno regional mantiene su posición. Zarzalejo califica la huelga de política y defiende que ya se reúne con los sindicatos en la Mesa Sectorial, sin ampliar interlocutores; Isabel Díaz Ayuso ha hablado de “corrupción mafiosa de los sindicatos”. El comité insiste en que cualquier propuesta se votará entre el profesorado y en que la huelga seguirá mientras no haya negociación.
