Educación emocional lo llamamos en la escuela, quizá nuestra clase política debería asistir a nuestras aulas para aprender a no dañar lo que debería cuidarse.
Este sentir es, seguramente, el de muchas docentes madrileñas. Siento frustración, tristeza, enfado e incomprensión. Pero también agradecimiento. Agradecimiento a las familias que han comprendido que esta lucha no es solo del profesorado. A las AFAS y AMPAS que organizadas han estado acompañándonos. Y a las compañeras y compañeros que, pese a tener sensibilidades políticas muy diferentes, hemos sido capaces de caminar en la misma dirección porque compartimos una convicción sencilla: la escuela pública merece algo mejor. Porque eso es precisamente lo que se está reivindicando.
Mejores condiciones para la escuela pública
Las reivindicaciones de la comunidad educativa madrileña convergen en una misma idea: mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la escuela pública mediante la reducción de ratios y carga lectiva, el refuerzo de las plantillas y de la atención a la diversidad, la lucha contra la segregación escolar, la recuperación del poder adquisitivo perdido, la reducción de la burocracia, la mejora de las infraestructuras y la estabilización del empleo docente. A estas demandas comunes se suman reivindicaciones específicas para la Formación Profesional, la Educación Especial y los servicios de orientación educativa.
Sin embargo, el debate público se ha visto desplazado de las reivindicaciones a los insultos. Y este desplazamiento del debate no ha sido casual. Ha sido alimentado desde las propias instituciones madrileñas por quienes deberían estar buscando soluciones al conflicto.
Durante estas semanas quienes participamos en la huelga hemos tenido que escuchar cómo se nos llamaba: coro rociero, activistas, radicales, violentos, fascistas o integrantes de una supuesta «mafia sindical». Incluso la propia Consejería ha llegado a acusar al comité de huelga de comportamientos mafiosos utilizando el término de “prácticas mafiosas”. Resulta difícil no percibir una profunda contradicción cuando hace apenas unas semanas al inicio del curso escolar el mismo profesorado era felicitado por los buenos resultados educativos y por su contribución al informe PISA, mientras que hoy es señalado como responsable del conflicto y descrito con términos propios de la delincuencia organizada.
No debería normalizarse que una administración pública desacredite de esta manera a quienes ejercen un derecho constitucional como es el derecho a la huelga.
La huelga no es una anomalía del sistema democrático; todo lo contrario, es una de sus garantías. El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce expresamente el derecho de huelga, y la normativa que lo desarrolla establece además la obligación de negociar para intentar alcanzar acuerdos. Desde el momento en que se registra un preaviso de huelga, las partes deben sentarse a dialogar y buscar soluciones. La comunidad educativa realizó este preaviso en junio.
La consejera de Educación ha tratado de trasladar a la comunidad educativa la idea de que el conflicto está siendo negociado porque mantiene reuniones con la Mesa Sectorial y aborda cuestiones como la carrera profesional docente. Sin embargo, esas negociaciones no responden a las reivindicaciones que motivan esta huelga ni sustituyen la obligación de dialogar con el comité de huelga, legítimo representante del conflicto.
Por eso resulta especialmente preocupante la insistencia en presentar la mesa sectorial como el único interlocutor válido. La realidad jurídica es otra. La representación de una huelga corresponde al comité de huelga, elegido específicamente para gestionar ese conflicto concreto. No es una cuestión de preferencias políticas ni sindicales; es una cuestión de legalidad. La Administración no puede elegir unilateralmente con quién quiere negociar ni ignorar a quien ha sido legítimamente designado para representar a las personas en huelga.
La Consejería evita negociar
Cuando la negociación se sustituye por la descalificación, el problema deja de ser únicamente educativo. Se convierte en un problema democrático. Se nos acusó desde el principio de hacer una huelga política. Sin embargo, la política consiste precisamente en escuchar, negociar y alcanzar acuerdos. Quien se niega a hacerlo no está despolitizando el conflicto; está renunciando a ejercer su responsabilidad política.
A esta despolítica se suman actuaciones policiales que muchos participantes hemos percibido como desproporcionadas para una movilización integrada fundamentalmente por docentes, familias y estudiantes, así como detenciones que han generado preocupación e incomprensión dentro de la comunidad educativa. Resulta difícil comprender que quienes reclaman más recursos para las aulas sean tratados como un problema de orden público.
Quizá lo más doloroso de todo sea constatar hasta qué punto se ha degradado el debate sobre la escuela pública. Una administración debería sentirse interpelada cuando miles de profesionales alertan de que las condiciones educativas se deterioran. Debería escuchar, negociar y proponer soluciones. En lugar de ello, asistimos a una estrategia que parece orientada a cuestionar la legitimidad misma de quienes protestan. Solo quieren ganar el relato mediático, no les importa la calidad de sus servicios públicos.
Defender la educación pública no es una actividad mafiosa
Yo no formo parte de ninguna mafia. Soy docente. No hablo desde una teoría política ni desde un despacho. Hablo desde un aula. Hablo desde la experiencia de quien ve cada día cómo aumentan las necesidades mientras los recursos e inversión resultan insuficientes.
Y es que no importa o no debería importar el color político cuando hablamos de servicios públicos esenciales.
Todos entendemos que la falta de médicos, listas de espera interminables o la saturación de los hospitales son problemas de la sanidad pública. Con la educación ocurre exactamente lo mismo: ratios elevadas, falta de especialistas o recursos insuficientes no son problemas del profesorado, son problemas de un servicio público esencial que afecta al conjunto de la sociedad. Quienes dependemos de ellos sabemos que son la base de una sociedad más justa: la escalera que permite ascender socialmente independientemente de tu código postal, identidad, origen o religión, la garantía de igualdad de oportunidades, el derecho a una educación de calidad y a una atención digna en cada etapa de la vida.
Yo no estoy en huelga para perjudicar a nadie. Ninguna de mis compañeras lo está. Estoy en huelga porque creo que la educación pública merece ser defendida cuando se deteriora. Porque callar ante lo que ocurre en nuestros centros escolares sería mucho más cómodo, pero también mucho más irresponsable.
Señora Zarzalejo, puede seguir llamándonos activistas, radicales o mafiosos. Puede intentar reducir una movilización plural a una caricatura. Pero la realidad seguirá siendo la misma: miles de docentes, orientadoras, especialistas, profesorado de FP, profesionales de Educación Especial, estudiantes y familias llevan semanas reclamando algo tan revolucionario como que la educación pública tenga los recursos y la inversión que necesita.
Y esta demanda merece respuestas, no descalificaciones.
