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La justicia da la razón al exdirector del IES Ciudad de Jaén sancionado en 2015 tras el suicidio de una alumna

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo asegura que la Administración no actuó conforme a derecho con al sanción impuesta y la condena al pago de las costas

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ciberacoso CC by-sa DariuszSankowski (Pixabay)

El 23 de mayo de 2015 una alumna de 16 años del IES Ciudad de Jaén, del distrito de Usera, en Madrid, se suicidó tras despedirse por WhatsApp de sus compañeras. Llevaba tiempo sufriendo acoso y extorsiones por parte de un compañero. Tenía una discapacidad intelectual y motora.

A los dos días de las hechos la Comunidad de Madrid expedientó al director del centro educativo alegando una falta grave de rendimiento que afectó al funcionamiento de los servicios. Como sanción, sufrió un traslado forzoso además de ser suspendido de sus funciones; en principio por un periodo de dos meses, que llegó hasta el máximo, de seis.

El pasado 30 de junio el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid falló a favor del Luis Carlos Pérez Aguado, director del centros, en su recurso contra la resolución que le sancionó “por no ser conforme a derecho” y “declarando su nulidad”.

El magistrado anula la resolución contra el director porque la negligencia de la que la Administración le quiere responsabilizar “no tiene encaje en la falta de rendimiento; todo ello sin perjuicio de que la negligencia pueda constituir otra infracción”.

Además, defiende que las actuaciones del centro estuvieron “dirigidas a comprobar y evitar el acoso, debiendo solventar determinados dificultades que les presentaban las mismas partes implicadas, y también es representativo el comportamiento de la Inspectora, que era a quien correspondía controlar la situación e intervenir en el caso de pasividad por parte del Centro, ya que estuvo informada del asunto”.

Desde Adimad ( Asociación de Directores de Instituto de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid) muestran su “enorme satisfacción” por lo que la sentencia afirma al suponer en cierta medida una reparación del daño causado en lo personal y lo profesional.

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Al mismo tiempo exigen a la Comunidad de Madrid la “depuración de responsabilidades y, sin menoscabo de otras actuaciones jurídicas, la destitución inmediata de los responsables de este vergonzoso episodio”.

Fuentes de la Consejería de Educación aseguran no haber recibido la sentencia, que puede ser recurrida. Cuando la tengan en su poder estudiarán el texto para conocer qué pueden hacer al respecto, aunque, aseguran “se cumplirá con lo que digan los tribunales”.

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