Opinión

El mito de Sísifo: andar y desandar

Cuenta la mitología clásica que Sísifo fue un astuto rey griego de Corinto, famoso por engañar a los dioses, revelando los secretos de Zeus y atrapando a la Muerte (Tánatos). Por ello fue castigado eternamente en el Hades a empujar una roca cuesta arriba solo para verla rodar hacia abajo, simbolizando la futilidad y el absurdo de la condición humana.

Sin llegar a caer en la desesperanza o en el nihilismo, el análisis de los últimos diez años en nuestro contexto educativo se parece un poco al mito de Sísifo, dando pasos hacia adelante, para retroceder después y volver a empezar.

Ley Wert

En el curso 2015-16, los centros educativos y sus comunidades de docentes, alumnos y familias, estaban inmersos en la implantación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), también conocida como “Ley Wert” por el apellido del Ministro de Educación que la presentó a la aprobación del Congreso de los Diputados.

Aquella ley proponía un cambio de mentalidad en la acción educativa, impulsando unos contenidos comunes a todas las comunidades autónomas, a través de las materias troncales, la implantación de itinerarios formativos estrictos en secundaria (hacia estudios universitarios o Formación Profesional) y la implantación de pruebas finales de bachillerato (mal llamadas “reválidas”), obligatorias para la obtención de esta titulación que daba acceso a la universidad o a los ciclos formativos de Grado Superior.

El ministro José Ignacio Wert y su equipo estimaron que no era necesario derogar las leyes orgánicas en vigor (LODE y LOE), de corte socialista, sino aplicar una mejora quirúrgica en aquellos aspectos del sistema que no funcionaban correctamente, pensando que la oposición política y mediática agradecería el gesto y apoyaría esta reforma educativa.

Sin embargo, la oposición no estaba dispuesta a aceptar que el sistema educativo tuviese una actualización de principios y esquemas, realizada por el Partido Popular, por lo que se “juramentó” para derogar la LOMCE tan pronto tuviese la mayoría parlamentaria suficiente para ello, evidenciando que el necesario Pacto Educativo seguía siendo una bonita quimera.

Freno a la LOMCE

Ante las quejas públicas de una parte un tanto exaltada de la comunidad educativa contra los pilares centrales de la LOMCE, en junio de 2015 se produce el cese del ministro Wert y el nombramiento de Íñigo Méndez de Vigo como su sucesor en el cargo. El nuevo titular de Educación provenía del ámbito diplomático y rápidamente comprendió que no era posible implantar la reforma educativa de la LOMCE con una oposición beligerante en argumentos y grandilocuente en sus diferentes formas de resistencia.

Como hombre pragmático, el nuevo ministro aceptó en 2016 la propuesta del Partido Socialista de suspender la aplicación de las pruebas finales de Bachillerato contenidas en la LOMCE, que serían sustituidas por la PAU de 2006 reconvertida en EVAU, a cambio de constituir en sede parlamentaria una Comisión específica para diseñar un Pacto Político y Social por la Educación, cuyas conclusiones serían elevadas a rango de ley y aceptadas por toda la comunidad educativa.

De esta manera, en 2017 se constituyó la conocida como Comisión por el Pacto Educativo, con participación de los principales grupos parlamentarios y con un listado de comparecencias de expertos difícil de igualar (más de 80 “primeros espadas” de todos los ámbitos y sectores del mundo educativo).

Pacto de Estado

La Comisión del Pacto dedicó todo el año 2017 a escuchar el análisis y las propuestas de los doctos especialistas, así como a esbozar un esquema compartido de conclusiones y líneas de trabajo. A pesar de tener muy presentes los intentos fallidos del pasado, el más cercano en el tiempo, el Pacto Educativo promovido en 2010 por el ministro Ángel Gabilondo, los trabajos se desarrollaron a un buen ritmo y nivel intelectual, creciendo la esperanza de que esta vez se lograría alcanzar el deseado Pacto y Sísifo podría, por fin, descansar.

Tristemente, nada más lejos de la realidad. En marzo de 2018, algunos miembros de la Comisión parlamentaria comenzaron a cuestionar su continuidad, argumentando que no se tenían en cuenta sus planteamientos, algo difícil de demostrar porque en ese preciso momento, solo existía una sencilla propuesta de índice de temas.

A pesar de los intentos integradores de algunos miembros de la Comisión, los representantes del grupo socialista comunicaron en abril su intención de no asistir a más reuniones. Acto seguido, como si de un guion predefinido se tratase, los representantes de Podemos se unieron al desplante y la Comisión quedó como barca a la deriva. La situación se tornó surrealista pues no se sabía con seguridad si la ausencia anunciada implicaba automáticamente la disolución de la Comisión o se podían seguir celebrando reuniones de trabajo, con menos representantes.

Finalmente, con una visión práctica, se procedió a la disolución formal de dicha Comisión, dado que el documento resultante no sería aceptado por el Partido Socialista, ni por Podemos. Al mes siguiente, casualmente, el grupo socialista en el Congreso presentó una Moción de Censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy, moción que fue aprobada gracias a los votos de algunos de los, hasta entonces, socios del grupo popular.

Llega la LOMLOE

Lo que sucedió a continuación todos lo sabemos. El nuevo Gobierno anunció, con pública satisfacción, su voluntad de derogar la LOMCE y enterrar la reforma del ministro Wert. Y en 2020 fue aprobada la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), comúnmente conocida como “Ley Celaá”, barriendo todas las medidas contenidas en la ley anterior y planteando un esquema radicalmente diferente en los principales elementos del sistema educativo.

La LOMLOE dibujó un modelo más teórico que realista, basado en competencias básicas, con un esquema conceptual difícil de comprender y aplicar en la práctica por los docentes. Asimismo, introdujo medidas para facilitar el tránsito de los alumnos por los diferentes cursos y etapas (las repeticiones en convirtieron en el objetivo a batir), hasta alcanzar la titulación correspondiente (se rebajaron los requisitos para obtener el título) y provocando una mayor diferenciación en los contenidos de las materias entre comunidades autónomas.

Pero lo realmente grave de la LOMLOE no fue el movimiento pendular pedagógico, sino el giro que dio en la interpretación de la libertad de enseñanza contenida en el Artículo 27 de la Constitución y en las Leyes Orgánicas posteriores, tanto del PSOE como del PP.

Libertad de enseñanza

Bastan unos ejemplos: la LOCE de 2002 (PP) reconoció el “derecho al concierto” para aquellos centros que acreditasen matricular suficientes alumnos; la LOE de 2006 (PSOE) reconoció la “complementariedad de las dos redes que prestan el servicio público y social de la educación” (centros públicos y privados concertados), así como que la “prestación del servicio público se presta a través de centros públicos y concertados”; por último, la LOMCE de 2013 (PP) reconocía la “demanda escolar” como un criterio básico de concertación (si acreditas solicitudes o demanda de plazas, tienes derecho al concierto).

Sin embargo, este consenso interpretativo de la libertad de enseñanza constitucional, se quebró con la LOMLOE de 2020, que insistió desde el preámbulo hasta la disposición final, en la prevalencia de la enseñanza pública respecto a la concertada, olvidando que ambas pertenecen al conjunto de centros sostenidos con fondos públicos prestadoras del servicio de interés general educativo.

Esta nueva postura de los sectores “progresistas”, más cerca del eslogan “Por una educación única, pública y laica” que del pluralismo derivado de la Constitución Española, ha hecho imposible cualquier intento de consenso ante las urgencias del sistema educativo desde 2020 y las consecuencias son evidentes.

Las pruebas internacionales repiten en sus últimas ediciones una imagen pesimista del nivel académico de nuestros alumnos. Es más, algunas comunidades autónomas, ante el temor a dichos resultados, han declinado participar, como si la realidad se pudiera esconder debajo de la alfombra.

Polarización creciente

Ciertamente, la política educativa de los últimos 10 años se ha caracterizado por una polarización creciente, con altas dosis de ideologización.

El foco político se ha puesto en la inclusión de contenidos de corte ideológico y no en lo mejor para los alumnos. Muchas de las decisiones estratégicas se han planteado desde una óptica próxima a la “ingeniería social” y no desde las necesidades actuales de los alumnos.

Y las consecuencias han sido muy negativas en todos los sentidos, especialmente, para aquellos que estudian en la enseñanza pública. Y el descrédito de dicho modelo no obedece a falta de recursos (el gasto público por alumno, duplica en la enseñanza pública al equivalente en la enseñanza concertada), sino al desenfoque en las metas que debe perseguir el sistema.

La Constitución de 1978 nos indica que “la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana […]”, es decir, una educación integral, que abarque todas las facetas de la persona, tanto las materiales como las espirituales. Y, por desgracia, las competencias espirituales o trascendentes se han ido relegando paso a paso (véase el camino seguido por la clase de Religión).

Si la polaridad política actual no fuese tan alta, no sería difícil ponerse de acuerdo en la implantación de medidas necesarias en materia de formación inicial y permanente del profesorado, contenidos y competencias comunes y básicas, complementariedad y distribución equitativa de recursos entre redes, reconocimiento práctico de la libertad de elección, autonomía pedagógica de centro, ampliación de oferta de plazas gratuitas (no necesariamente públicas) en etapas no obligatorias pero necesarias (infantil 0-3, bachillerato o FP), adaptación al contexto en temas como el uso de medios digitales o plurilingüismo, incorporación de profesionales de otros ámbitos (psicólogos, trabajadores sociales, sanitarios …), canales que favorezcan la participación e implicación de las familias (conciliación de la vida familiar y profesional), transparencia en la gestión del presupuesto público dedicado a educación y búsqueda del bien común (no de un sector profesional, social o político).

En resumen, estos últimos 10 años han servido para aprender lo que no debe ser la educación sometida a la política. Pero los errores sirven para mejorar, siempre que se desee realmente mejorar. Nunca he creído en el principio de “cuanto peor, mejor”, ni siquiera para demostrar una política errónea. Apuesto por el consenso, la colaboración entre público y privado, la solidaridad entre territorios, la primacía del mérito y el esfuerzo frente al descenso de exigencia y la autonomía de cada centro para progresar por el bien de sus alumnos.

El diagnóstico está hecho y disponible. Tan solo hay que tener voluntad de aplicar los remedios que sanen nuestro sistema educativo.