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‘Exterminate all the brutes’ es una frase paradigmática, que ha dado título a un documental televisivo y a un ensayo literario. Pertenece al personaje genocida, Kurtz, en la novela de Joseph Conrad The Heart of Darkness, publicada en 1899. Más allá de semejantes crueldades humanas en sus variadas y trágicas formas de manifestación, esta mentalidad malévola de quienes se consideran superiores al resto, ha encontrado en nuestro siglo una renovada interpretación. La idea de que existen seres humanos inferiores a otros, se presenta en la actualidad en otros contextos mediante comportamientos autoritarios, expresada de una forma menos dramática y, por tanto, más difícil de discernir. Sin embargo, este concepto de superioridad de una cierta categoría humana sobre el resto, a los que intenta marginar, se puede desvelar fácilmente cuando se van descubriendo ciertos patrones de prepotencia y de menosprecio.
La extensión supremacista a nuevos ámbitos de nuestra sociedad se está ejecutando de una forma constante, aunque sutilmente, con disimulo y apariencia difusa para evitar que sus efectos de potenciación de la desigualdad se revelen abiertamente de forma inmediata y generalizada.
Un grupo opulento e influyente, al considerarse por encima del resto, se encuentra legitimado para imponer sus intereses económicos de privilegio y de dominio. Esta preeminencia social ontológica justifica la exclusión y la discriminación social que persiguen, lo que les dificulta integrar la palabra solidaridad en su vocabulario; mucho menos admiten otras que también consideran peligrosas como igualdad. Por ello, detestan otros términos que la promuevan. Entre estos destaca el adjetivo pública, aplicado particularmente a la educación y a la sanidad.
Ante el auge de ciertas opciones políticas, el paulatino desmoronamiento del estado del bienestar es un hecho que parece imparable. Afortunadamente, existen todavía voces que se rebelan a asumir como inevitable este destino. El plante actual del profesorado de los colegios públicos e institutos de la Comunitat Valenciana demuestra que existe suficiente fortaleza para oponerse a esta fatalidad.
La escuela pública es un obstáculo para los fines de una administración educativa de corte marcadamente neoliberal. Este marco político la anima a la promoción de acciones de favoritismo institucional, que intentan perpetuar situaciones de injusticia social. Por ello, se muestra reacia a asumir el incremento de gasto público que supone atender el descuido prolongado de las infraestructuras escolares, la reducción de ratios en las aulas y la recuperación salarial del profesorado.
Estas mejoras chocan frontalmente con el fomento de una visión de la educación que mercantiliza el aprendizaje mediante la promoción de centros que segregan al alumnado según el nivel económico de sus familias. Se asume que el conocimiento poderoso y, por tanto, el poder de decisión, no puede ser un derecho universal de la ciudadanía, sino el beneficio de una clase reducida.
Lamentablemente, a esta minusvaloración del saber y de la cultura está contribuyendo el enfoque competencial de nuestro actual sistema educativo. Se potencian procesos ‘de hacer’, en donde los contenidos disciplinares dejan de tener relevancia. Como consecuencia, se contribuye a crear un marco educativo en el que el ascensor social esté averiado o solo vaya hacia abajo, mientras la piqueta de la demolición sigue golpeando de forma imparable. No se entiende el motivo de por qué algunos gobiernos pretendidamente progresistas se han dejado engañar de una forma tan ingenua por organismos de claro sesgo economicista que promueven la perpetuación de la diferenciación social.
Existen antecedentes de síntomas del deterioro de la escuela pública valenciana. El incumplimiento del acuerdo de plantillas docentes y las largas demoras en las sustituciones del profesorado son hechos comprobables recientes. Pero sus cimientos ya estaban considerablemente socavados. Esta erosión ha aflorado de forma súbita con toda su intensidad y extensión en la actual huelga indefinida del profesorado valenciano de centros públicos.
Ante este conflicto, los actuales gestores educativos autonómicos están actuando de forma coherente con sus principios ideológicos. Su desaire hacia el profesorado de la escuela pública se fundamenta en metas disociadas del apoyo educativo, la cohesión social, la equidad formativa y el desarrollo humano, imposibilitando con ello que sus centros educativos atiendan convenientemente a la diversidad. Por el contrario, básicamente promueven una visión individualista (elitista) de la educación, destinada a que un sector social bien definido compita (con ventaja) en el futuro en el mercado laboral.
El profesorado de la escuela pública se convierte, por definición, en un peligro para sus intereses. Por ello, no resulta extraño comprobar su insensibilidad hacia sus demandas y la desidia con la que afrontan el grave problema existente. Alargan los plazos de la negociación de forma deliberada, dejando luego en blanco largos fines de semana, con el objetivo perverso de causar el mayor daño posible a la maltrecha economía de estos profesionales de la enseñanza. No se puede tener menos vergüenza.
Según señala Hattie, dentro de la escuela, el profesorado es el factor más importante de influencia en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, el actual Consell (particularmente, su presidente, la consellera de Educación y el conseller de Hacienda) devalúa vilmente su labor, censura sus peticiones y le priva del reconocimiento social que merece.
En este marco despreciativo, estos responsables educativos se muestran incapaces de aliviar el enorme peso burocrático que soporta el profesorado, que se resiste a que su labor se desprofesionalice de esta forma. Se trata de una sobrecarga agotadora de papeleo, que resulta inservible en la mayor parte de los casos.
La tutoría se manifiesta como una tarea abrumadora, con el agravante de que no está remunerada y otros asuntos de distinta índole que surgen a diario implican continuos informes detallados y exhaustivos, aunque de escasa utilidad.
Todo ello en un contexto laboral que exige el uso intensivo de plataformas de gestión educativa. Los múltiples trámites obligatorios hacen que el profesorado tenga que estar siempre pendiente de avisos o notificaciones digitales, lo que impide la necesaria desconexión de estos asuntos y dificulta otras labores verdaderamente educativas.
Puede que el hipotético exterminio de todo el profesorado de la escuela pública (empezado por el mezquino intento de su agotamiento psicológico y de la considerable merma salarial ocasionada, aderezados ilustrativamente con la reciente,, brutal y cobarde agresión de un corpulento policía a una indefensa maestra en una manifestación) sea un deseo oculto del Consell, sin que se atreva, de momento, a confesarlo de forma abierta.
El profesorado está decidido a que el edificio de la escuela pública no se siga deteriorando por el abandono manifiesto que la administración practica a conciencia. Con una dignidad que le honra, ha decidido decir basta.
El compromiso firme, la ilusión renovada y la competencia contrastada del profesorado hacen que se mantenga la esperanza de que la enseñanza pública y de calidad no se siga devaluando. A pesar del daño constante infringido y del cansancio acumulado, el profesorado valenciano sigue exigiendo con determinación a las autoridades educativas que sus reivindicaciones sean atendidas adecuadamente. La superioridad aniquiladora que manifiesta Kurtz en el viaje a las tinieblas de Conrad no puede ser la inspiración que termine destruyendo la educación pública.
