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Guadalupe Jover

¿Y si empezamos a desmontar la LOMCE por los currículos? Guadalupe Jover

Iniciar la derogación de la LOMCE por los reales decretos que establecen el currículo de Primaria y Secundaria es posible desde el punto de vista legislativo. Tendría la ventaja de partir de un acuerdo inicial en torno a su inadecuación y desmesura y afectaría a una cuestión de enorme relevancia en el día a día de docentes y estudiantes.

Guadalupe Jover

12/6/2018

“Hay que derogar la Lomce. Mientras, hay que adoptar medidas urgentes para suspender sus efectos más nocivos como las reválidas”, rezaba un tuit de la ministra Celáa de noviembre de 2016 que estos días inunda las redes. Adelante. Y a continuación, ¿por qué no empezar a desmontar la LOMCE hincándole el diente a los currículos? La propuesta tiene tres puntos a su favor: es técnicamente posible, podría concitar un gran consenso de partida y mejoraría, con efecto inmediato, las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Técnicamente es posible. Los currículos se fijan en un real decreto, y por tanto no necesitan pasar por el Parlamento para derogarse o promulgarse. Hay precedentes. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación con que el Partido Popular puso punto final a la LOGSE en diciembre de 2002 vino precedida del Real Decreto 937/2001 que modificaba el currículo de ESO o del Real Decreto 3474/2000 por el que se modificaba la estructura de bachillerato y sus enseñanzas mínimas, entre otros. A diferencia de entonces, el objetivo ahora no es sustituir las preferencias de unas minorías parlamentarias por las de otras, sino, bien al contrario, procurar un consenso que sustraiga lo que se aprende en las escuelas a los vaivenes políticos.

Frente a otros aspectos de la LOMCE no menos importantes aunque sí más proclives a la confrontación, para este debate partimos al menos de un punto inicial de acuerdo: los actuales currículos son inabarcables, trasnochados en muchos de sus postulados y caóticos. Inabarcables en su exhaustividad: listados enciclopédicos clasificados por asignaturas por los que se cabalga al galope sin respetar los ritmos de los aprendices y sin poder alumbrar apenas -salvo contadas excepciones- proyectos de trabajo que integren y den sentido a los diferentes contenidos. Ante la imposibilidad de abarcarlo todo, acaban por imponerse los consagrados por las rutinas escolares y por quienes están detrás de las editoriales de libros de texto. Son trasnochados porque no dan respuesta a las necesidades formativas de niñas, niños y adolescentes y a los desafíos del mundo en que vivimos. Ni siquiera, en muchos casos, a los avances de las disciplinas de referencia. Y son caóticos porque han sido concebidos como un conjunto de piezas aisladas que pretenden ensamblarse sin coherencia alguna entre las partes. Cómo pretender así miradas globalizadas y transdisciplinares si quienes los fraguaron jamás trabajaron en equipo.

Los decretos curriculares, con ser una de las dimensiones de la legislación educativa que tiene un efecto más directo en el día a día de los estudiantes, suelen gestarse en el silencio más absoluto -sin discusión ni debate, sin luz ni taquígrafos- y a toda prisa. Son las editoriales las que azuzan al gobierno de turno para que se los filtre cuanto antes para tener listos -a menudo también en medio de una precipitación escandalosa- los manuales del próximo curso. Las leyes se suceden pero los libros de texto, casi idénticos a sí mismos, permanecen.

Nos hemos dado de bruces con una coyuntura esperanzadora. Un nuevo Gobierno y una nueva ministra abren el horizonte a la posibilidad de dar respuesta a esa demanda social -y a ese compromiso parlamentario- de derogar la LOMCE. Pero en este tiempo hemos aprendido también que las cosas no pueden hacerse desde la confrontación y la revancha, y menos aún de espaldas a la ciudadanía. Por eso se nos antoja que iniciar el proceso de derogación de la LOMCE por aquello que suscita de entrada -de entrada al menos- mayores dosis de acuerdo podría ser una manera inteligente y radical de transformar un sistema educativo a todas luces obsoleto y segregador.

Y como el proceso, para hacerlo bien, será lento, proponemos la conformación cuanto antes de equipos de trabajo sólidos, de carácter interdisciplinar, de perfiles diversos, capaces de repensar el diseño curricular de la que haya de ser la nueva ley educativa. Si es verdad que hay coordenadas que irremediablemente han de sostener nuestra vida en común -el feminismo, la ecología, el diálogo intercultural, la noviolencia-, si hay pilares irrenunciables en una sociedad democrática -la participación, la inclusión, la equidad-, si la cualificación profesional de las nuevas generaciones es tan deseable como su bienestar personal y la cohesión social… los currículos habrán de ser coherentes con estas premisas. Y si el desacuerdo empieza por esos postulados, habrá de arrancar de ahí el diálogo social. Necesitamos tejer conjuntamente los cimientos para que el edificio resultante sea firme y duradero.

Lo que reclamamos, en fin, es que el debate sobre los currículos sea genuinamente democrático y escape, al fin, tanto a la dejadez y la precipitación como a la presión de unos grupos de poder -político, económico o religioso- que tradicionalmente vienen imponiendo su interesada mirada sobre el mundo a la ciudadanía en general y a la comunidad educativa en particular.

Guadalupe Jover es profesora de Educación Secundaria

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Comentarios

  • Juvenal Padrón Fragoso

    Me parece interesante la reflexión en su conjunto, pero particularmente en dos aspectos principales. En primer lugar, crear un currículum del y para el siglo XXI. En segundo lugar, la necesidad del consenso para sentar las bases de una educación que refleje la realidad de la sociedad española de una manera coherente.
    Ambas cuestiones van estrechamente ligadas porque deben funcionar en dos direcciones: la educación es un derecho y, por tanto, debe responder a unas necesidades comunes y universales. Y, en este aspecto encontramos infinidad de aportaciones desde el conocimiento que se genera desde los distintos ámbitos científicos y de pensamiento que se ocupan de esta temática. El problema es hacer una concreción de todo ello, especificado por etapas educativas desde una visión holística que proporcione un sentido unificado a todo el sistema educativo. No solo en lo referente al periodo obligatorio, aunque, es cierto, que hay que hacer hincapié de una manera especial en éste por su especial relevancia en el conjunto de la escolaridad y de la sociedad. Y, por otra parte, se trata de retomar un conjunto de principios básicos o fundamentales que se han ido obviando a medida que la política ha impuesto unos derroteros a la educación ajenos en muchos casos a las propias aportaciones que al respecto se han hecho y se hacen.
    En la dirección inversa, encontramos precisamente el efecto de la política en la articulación de los cambios que se precisan. La exigencia de una cambio consensuado es lo que permitirá albergar, sin fisuras ni bombas de tiempo, una educación con las piezas que representan la complejidad de una reforma educativa que responda con rigor y voluntad real a las demandas como ya hemos comentado del siglo que ya avanza de manera inexorable hacia un futuro que nada tiene que ver con lo que hasta ahora hemos experimentado. Pero ello no significa el cuestionamiento de esos valores universales a los que hemos hecho referencia, que siempre han estado presentes y seguirán estándolo en la educación por razones obvias.

    18/06/2018

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