El ministro Méndez de Vigo, durante su comparecencia en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado ha hablado de la posibilidad de llevar a cabo un pacto presupuestario que acompañe al pacto por la educación. No tanto por invertir mayores cantidades, pero sí de mejores maneras.
Esta es una de las novedades que se han podido escuchar durante la intervención en el Senado, en donde se han dado cita las y los consejeros de Educación de las autonomías y de las ciudades de Ceuta y Melilla.
Íñigo Méndez de Vigo hizo un repaso de las últimas medidas que el gobierno ha tomado en materia educativa, como la paralización del calendario de la Lomce o la supresión de los efectos académicos de las reválidas. También, claro, anunció el decreto ley que permitirá a las consejerías convocar oposiciones este mismo año y que, dijo, se aprobará en el Consejo de Ministros de este mismo viernes.
El ministro, tras hablar de la necesidad y la oportunidad de llegar en esta legislatura a grandes acuerdos, afirmó que si se consigue llegar al pacto educativo, habría que añadir dos ideas más: que dicho acuerdo fuera acompañado de de un pacto presupuestario para que haya una financiación estable y previsible en los diferentes ejercicios. Asimismo, insistió en que la cuestión no tiene por qué ser de mayor cantidad de inversión, aunque sí mejor, «como se ha demostrado en los últimos años».
A esta idea, Méndez de Vigo añade la de que sea necesaria una mayoría supercualificada en el Congreso para que, eventualmente, se produzcan cambios en la legislación educativa. De esta manera entiende el ministro, se dotaría de una mayor seguridad y estabilidad legislativa al sistema educativo.
Las primeras réplicas se las dieron las consejeras de País Vasco y Cataluña, Cristina Uriarte y Meritxell Ruiz, respectivamente. Ambas, desde posiciones diferentes, criticaron duramente a la Lomce y el modo en el que fue impuesta a las comunidades autónomas, sin el menor diálogo con la comunidad educativa.
Pero sobre todo, ambas consejeras hablaron de la necesidad de que el Gobierno respete las diferencias entre territorios, así como la manera en la que estas diferencias han de ser trasladadas al sistema educativo autonómico. «Más bilaterildad sí, pero con reconocimiento de nuestro sistema educativo», dijo Cristina Uriarte.
La consejera catalana también insistió en el respeto a las autonomías, a las «políticas propias que queremos hacer». Además, añadió, que debe hacerse «una ley desde la pedagogía y no desde la ideología».
Propuestas de mejora
Plurilingüismo, ampliación de la escolarización 0-3 (mejora y racionalización de los horarios educativos y sociales), cambios en la formación inicial de los docentes, así como en el acceso y en la formación permanente, cambios en las metodologías o transformación del sistema educativo.
Fueron muchas las diferentes propuestas lanzadas desde las comunidades autónomas en muy diversos ámbitos. Desde la necesidad de mejorar la autoridad y reconocimiento social del profesorado, hasta la dignificación de la Formación Profesional. Pero hubo una en que varias comunidades coincidieron y fue en la necesidad de que el pacto no sea solo social y político, sino que sea territorial también dado que son los territorios los que al fin y al cabo tienen la potestad de gestionar la educación.
