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El Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe), aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero de 2019, está a punto de iniciar su tramitación parlamentaria. No quisiéramos que se limitara a ser una vuelta a la LOE.
Desde Yo estudié en la Pública saludamos la derogación, tan ampliamente demandada por la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto, de los aspectos más lesivos de la Lomce. Celebramos que la inclusión, la coeducación y la crisis climática constituyan puntos centrales de la exposición de motivos. Echamos de menos, sin embargo, una apuesta más valiente en su articulado que nos permita confiar en la coherencia entre los objetivos que la propia ley establece -inclusión, modernización, mejora de resultados y estabilidad del sistema-, sus ejes transversales -derechos de la infancia, perspectiva de género y coeducación, educación digital, aprendizaje competencial y personalizado y educación para el desarrollo sostenible- y la concreción de los mismos a lo largo de la ley.
Ante la inminente tramitación de este proyecto de ley destacamos cuatro aspectos íntimamente relacionados entre sí que nos preocupan de manera especial y que nos sitúan aún lejos del horizonte de transformación profunda que nuestro sistema educativo necesita:
En primer lugar, el currículo y los ejes transversales. Observamos una continua alusión a los llamados ejes transversales (valores que sustentan la democracia y los derechos humanos y valores ecológicos). Esta reiteración, por lo tanto, debe concretarse en el currículo. Resultaría novedoso y oportuno que esos valores a los que tanta importancia se les da en un proyecto de ley lograran por fin materializarse en contenidos que, desde las diferentes áreas, les confirieran el protagonismo que se merecen. De otra forma, el tratamiento de los valores transversales dependerá de la voluntad del profesorado más concienciado, en la paradoja de tener que trabajarlos contra y a pesar de los currículos.
Por otra parte, si de verdad la Lomloe quiere evitar errores de anteriores leyes, resulta crucial la revisión de los currículos, también en el sentido cuantitativo. Lejos queda un Diseño Universal de Aprendizaje al que se hace referencia si mantenemos unos currículos inabarcables que expulsan a gran parte del alumnado a itinerarios segregados y condena la actividad educativa a metodologías endémicas en nuestro sistema: la clase magistral, el tratamiento apresurado y superficial de los contenidos y la memorización como forma casi única de ser evaluados.
Un proceso de enseñanza/aprendizaje que incida en metodologías activas, que invite a la reflexión y a la comprensión profunda y verdaderamente transformadora del conocimiento, pasa inexcusablemente por el aligeramiento de los currículos. Este cambio constituye una de las más insistentes y generalizadas demandas del profesorado a pie de aula. El currículo debe ser objeto de una honda revisión de manera que permita el abordaje interdisciplinar de cuestiones relevantes poniendo en el centro la coeducación y la educación ecosocial evitando la asignaturización y el enciclopedismo. Huelga decir que la religión confesional debe quedar fuera del currículo formal.
En segundo lugar, la red de centros. La doble red pública/concertada del sistema español representa una anomalía dentro de la Unión Europea. La existencia de esta doble red supone uno de los impulsos más dañinos y segregadores de nuestra escuela (segregación contra la que esta ley lleva por bandera luchar). Ello entra en conflicto con la consideración de la escuela como principal agente de cohesión y movilidad social, y en la que la coeducación no es una opción. Apunta, pues, a su esencia democrática.
En el proyecto de ley se perpetúa y refuerza el carácter segregador de nuestra escuela al ofrecer a los centros privados la posibilidad de acogerse al sistema de conciertos. Continúa así la deriva privatizadora de nuestro sistema educativo, de manera que el trasvase de fondos públicos a la iniciativa privada seguirá en aumento. En oposición radical a este planteamiento reclamamos la estimulación y oportunidad para que sean los centros concertados los que puedan transformarse en centros públicos y volver paulatinamente a la consolidación de la escuela pública como red hegemónica de nuestro sistema educativo y principal agente de cohesión y movilidad social.
En tercer lugar, las evaluaciones externas. En los últimos años la multiplicación de evaluaciones externas en el sistema educativo español, lejos de traducirse en una mejora de las condiciones de escolarización y docencia así como una apuesta por la equidad, ha provocado el efecto contrario. Sus secuelas más notables han sido el incremento de la segregación escolar y el teach to the test, de tan nefastas consecuencias.
El hecho de derivar la responsabilidad de los resultados en el alumnado y sus familias -o utilizarlos para orientarlos a determinados itinerarios- y de requerir planes de mejora a los centros sin dotarlos de recursos, mientras la Administración se inhibe por completo de cuanto corresponde a su ámbito de actuación ha creado una profunda desconfianza en la comunidad educativa acerca del sentido de estas evaluaciones externas. A falta de conocer si los nuevos currículos y las herramientas de evaluación del sistema educativo serán coherentes con los principios establecidos en el proyecto de ley, reclamamos:
- La eliminación de las evaluaciones censales y el carácter anónimo de las pruebas muestrales y plurianuales realizadas al alumnado, que deberán ser completadas con otro tipo de herramientas que permitan un análisis completo de nuestro sistema educativo y no se limiten a cargar sobre las espaldas del alumnado el resultado de lo que debería ser una evaluación mucho más completa y participada.
- Un compromiso claro e inequívoco de que la Administración asumirá su responsabilidad brindando los recursos necesarios para subsanar los problemas detectados.
Y, por último, todo cuanto afecta a la inclusión y la equidad, y que depende en gran medida de lo enunciado anteriormente. Uno de los principales retos a los que debemos enfrentarnos es el de construir una educación que siente sus bases en los principios de equidad e inclusión. Nos encontramos ante una situación en la que es urgente luchar contra la desigualdad, agravada por una creciente segregación educativa por motivos socioeconómicos; altas tasas de abandono que ponen de manifiesto el fracaso del sistema educativo; el encarecimiento de los costes educativos para las familias; el riesgo de pobreza y exclusión social; y una pretendida atención a la diversidad que las más de las veces se traduce en exclusión escolar de quienes no “encajan” en currículos estandarizados. Para afrontar esta situación reclamamos una mención explícita en la ley a tres de los ámbitos que más han sufrido la política de recortes de los últimos años:
- La reducción de las ratios, imprescindible para una atención personalizada del alumnado.
- La revisión de las condiciones laborales del profesorado, a fin de permitir la necesaria formación permanente y la coordinación en la elaboración de planes de refuerzo y mejora, así como una estabilidad en las plantillas y la reducción de las tasas de interinidad.
- La apuesta por los Equipos y Departamentos de Orientación con profesionales de distintos perfiles capaces de atender a quienes manifiesten alguna dificultad en los aprendizajes y como agentes imprescindibles para mejorar la convivencia en los centros educativos y atender la diversidad en las aulas.
- Desde Yo estudié en la Pública siempre hemos apostado por que cualquier cambio en materia de educación sea fruto de un amplio diálogo social y ciudadano. Por este motivo, junto a una amplia representación de colectivos, plataformas y partidos políticos elaboramos a través de “Redes para una nueva política educativa” un Documento de bases para una nueva ley de educación que esperamos que sirva como referente a los partidos políticos a la hora de introducir mejoras en el proyecto de Ley. Consideramos que la nueva Ley de Educación ha de ser:Democrática, en su contenido y en su proceso de elaboración.
- Estable, centrada en las necesidades de las personas y no en los intereses de los partidos.
- Comprometida con un mundo más justo y que afronte la situación de emergencia climática y de desigualdad que vivimos.
