Opinión

Campeones, derechos y deberes

Hace un par de semana, TVE1 emitió la película Campeones. En días anteriores se había producido una agresión de varios alumnos a un alumno con parálisis cerebral en el IES Leonardo Torres Quevedo. El ataque fue emitido en el programa de televisión El programa de Ana Rosa. La película Campeones tuvo una gran difusión y éxito cuando se estrenó e, incluso, su director Javier Freser trabajó en EEUU por su nominación al Oscar. En aquellos días el Forum Europeo de Administradores de la educación de Maxdrid celebró una jornadas por la inclusión en el Palacio de Cibeles. Se proyectó la película y al día siguiente hubo un debate, en el que participaron el sociólogo Mariano Fernández Enguita, representantes de Plena inclusión, organización que asesoró a Javier Freser y a uno de los protagonistas.

Javier Freser había pensado buscar actores que representaran el papel de las personas con discapacidad, como había pasado con Raiman, en la que Dustin Hoffmam interpretaba a una persona con autismo, en Mi pie izquierdo en la que Daniel Day Lewis interpretaba a una persona con parálisis cerebral o en Forrest Gump, en la que Tom Hanks interpreta a un persona con discapacidad intelectual. Lo convencieron de que los personajes de Campeones lo representaran personas con discapacidad. El éxito de público movió mentalidades y actitudes pero no todas ni con igual prevalencia. El Ministerio de Educación en Francia, compró la película para su proyección y debate en los centros de secundaria ¿lo hizo alguna Comunidad Autónoma? ¿En cuántos IES? ¿Si se hubiera proyectado y debatido en el Leonardo Torres Quevedo se hubieran cometido esos ataques? Javier Freser vendió los derechos de Campeones en EEUU con la condición de que los actores fueran personas con discapacidad.

La agresión a un alumno con parálisis cerebral por un grupo en un centro escolar supone algo más que su tratamiento como un acto más en el protocolo de acoso escolar. El Reino de España firmó la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad en 2008, !60 años después de la aprobación de los Derechos Humanos! se establecían los derechos humanos de las personas con discapacidad. Al tratarse de derechos fundamentales, los tratados internacionales debidamente firmados se incorporan a las legislaciones vigentes en los países que lo firman. Articulo 96 de la Constitución, “los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formaran parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas de acuerdo con las normas generales de Derecho internacional o de la forma prevista en los propios tratados. Para denunciar los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento para su aprobación».

En la Convención firmada, lo referente a educación se especifica en el articulo 24.1. Los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo `por el que las personas con discapacidad no queden excluídas del sistema de educación general por motivos de discapacidad y tengan acceso inclusivo de calidad y gratuito a la enseñanza primaria y secundaria en pie de igualdad con otros de la comunidad. en que vivan los niños con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria y secundaria gratuita y obligatoria por motivos de discapacidad. Se hagan los ajustes razonables para que las personas con discapacidad tengan acceso inclusivo de calidad y gratuito a la enseñanza primaria y secundarias en pie de igualdad con otros en la comunidad en que vivan,

Por lo tanto, la inclusión educativa es una cuestión de respuesta a los derechos de la personas con discapacidad, no es un invento o una ocurrencia de un partido ni de un Gobierno.

El Gobierno tiene la obligación de cumplir lo firmado, se han introducido cambios hasta en 13 leyes. La llamada ley Celaá, la LOMLOE, desarrolla ese mandato. La inclusión educativa es un derecho que asegura el acceso a la educación independientemente de las condiciones personales o sociales siguiendo los principios de participación, inclusión y no discriminación o segregación. En cumplimiento de esta norma, madres y padres de familia de hijos con discapacidad reclamaron a la Administración educativa que sus hijos con discapacidad, con necesidades educativas especiales se escolarizaran en la escuela de todos, en la escuela ordinarias. Se llegó a los tribunales porque administraciones educativas denegaban esta escolarización. Algunas, incluso, amenazaron a las familias con denuncias por el abandono de la escolarización de su hijo si no se escolarizaba en un centro de educación especial. Familias denunciaron ante la ONU el incumplimiento de la Convención en sus artículos sobre la inclusión educativa. Naciones Unidas comprobó las denuncias, envió una misión a España, que entrevistó a afectados, profesionales y autoridades en distintas ciudades y emitió un informe demoledor sobre la situación del incumplimiento de la inclusión educativa. Un medio de comunicación publicó que el Ministerio iba a escolarizar 35.000 alumnos de educación especial en centros ordinarios; se desencadenó la contienda: se atacó y denigro el informe de la Comisión de la ONU; la patronal de los centros concertados de educación especial llamó a las protestas; en los medios de comunicación se plantearon debates; padres y madres de alumnos de educación especial buscaron apoyos y se organizaron, Inclusiva Si, Especial también, alegando que el Ministerio y el CERMI no quieren cerrar los centros de educación, sino vaciándolos poco a poco. Se llegó a plantear la inclusión educativa como una amenaza para los alumnos con discapacidad. La disposición adicional cuarta de la LOMLOE sobre la evolución de la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales dice que «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones a los alumnos con discapacidad en un plazo de 10 años”. ¿ Estamos a mitad de camino o en el punto de partida?

¿ Y mientras tanto?

En el pasado proceso experimental de integración, a partir de 1985, también con plazos, cada año se iban incorporando o consolidando recursos y medidas para hacerla efectiva. Ahora todo se deja en el aire, las comunidades autónomas, las responsables de la educación, responden a sus planteamientos y urgencias próximas e, incluso, actúan contra la LOMLOE, olvidándose de que lo firmado por el Reino de España les obliga, como si ellas no fueran Estado, y por lo tanto responsables.

Los padres y madres siguen reclamando ante las administraciones educativas y ante el Observatorio de la Convención de las Personas con Discapacidad de la ONU. Los profesores siguen demandando recursos y apoyos para la adopción de los ajustes necesarios para que la inclusión educativa sea real y efectiva. En los medios de comunicación aparecen llamadas de familias de alumnos con discapacidad denunciando los problemas para la escolarización de sus hijos en los centros ordinarios, o la falta de recursos y de los ajustes necesario si están ya escolarizados.

Para aprender de lo sucedido en Cantabria

En cualquier centro educativo ningún alumno puede ser discriminado. Para que quien tenga una discapacidad se escolarice en un centro, este debe adoptar primero la inclusión educativa como un principio de su Proyecto Educativo. En todos y en cada aula ha de plantearse la atención debida, el respeto, el apoyo y la solidaridad con cada alumno con discapacidad en condiciones de igualdad; su derecho a ser atendido en su participación; en nada puede ser excluido.

Si hay un código de conducta de aula o un reglamento de régimen interno, las conductas en relación con los alumnos con discapacidad tendrán la tipificación adecuada. Si la educación es más que matemáticas o inglés; si es aprender a ser libres y responsables como nos dice la UNESCO, o dirigir nuestra propia vida como nos decía hace muchos años Giner de los Ríos, lo acontecido en Cantabria es un accidente, lo importante es que no vuelva a producirse. El Consejero de Educación de Cantabria dijo: ”Es muy triste que alumnos menores de edad se vean involucrados en esa situación”; no sabemos si se refería a los agresores, pero la peor, es la del agredido. Dice el consejero que “no hay interacción entre el menor agredido y los cuatro atacantes»??», “que el equipo docente, los profesores de apoyo, orientador y técnico sanitario que acompañan al menor por sus especiales características hacen que en ningún momento se encuentre solo”. Todos los profesionales están implicados en el proceso y también todos los alumnos; la inclusión educativa no se refiere solo al alumno con discapacidad; lo es para el grupo o grupos en los que está. Es casi imposible que el alumno esté solo porque la atención de los profesionales también se orienta a los miembros del grupo. Los profesores de apoyo, la orientadora e, incluso, el técnico sanitario no están en el centro para la atención exclusiva al alumno con discapacidad sino para dotar al centro de los ajustes necesarios para que la inclusión sea posible, en su trabajo con los otros alumnos, con los profesores e incluso con las familia; para que el centro sea inclusivo.

Ha sido importante la reacción de los alumnos y de las familias del instituto condenando la agresión y exigiendo responsabilidades. Según la Consejería los alumnos que agredieron estuvieron unos días recibiendo clases telemáticas, “para que el impacto sea lo menos posible”. El procedimiento disciplinario se vio interrumpido por la iniciación del judicial y al parecer los alumnos dejan el instituto. “Ahora se está trabajando para fomentar el respeto a los compañeros, se ha desplazado a este centro un equipo de atención para alteraciones de emociones y de las conductas para que trabaje con las familias y los alumnos implicados”. ¡!Mangas verdes!!

Confiemos en que la justicia en su resolución de carácter educativo y ejemplarizante para con el alumno agredido, para los alumnos implicados en la agresión y para los centros educativos.

Horizonte 2028, 4.800 millones y 316 medidas

“Después de más de 17 años de los Derechos Humanos de las Personas con discapacidad, la Comunidad de Madrid da un paso importante en su desarrollo con medidas en la prevención, en la atención temprana, la sanidad, en la inclusión educativa, en el apoyo al empleo, en la accesibiidad en la vivienda y en el transporte, en las ayudas técnicas y en el acceso a la cultura y al ocio, sin olvidarnos de la educación especial y el empleo protegido. A ello destinaremos 4.800 millones de euros especificados en 136 medidas de ejecución”. Este podría ser lo escrito que leyese la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no. ”La Comunidad de Madrid es una región popular donde todos contamos y en todos se piensa. Amamos la libertad y la autonomía personal, la dignidad de la vida desde su concepción hasta el último suspiro”.

Ni una sola palabra, en todo lo que refieren los medios, a los derechos de las personas con discapacidad ni a la inclusión educativa. Sí a tres nuevos centros de educación especial y 54 aulas de educación especial. Estos centros y aulas vienen de la Ley General de Educación de 1970, cuando no había esos derechos ni democracia, y la sociedad no es la de 1970. No conocemos el contenido de las 136 medidas, ni cuántas se van a desarrollar en estos cuatro años, ¿34 al año? Ni siquiera, porque la legislatura es hasta 2028. De momento lo importante son los focos y el anuncio, lo demás… ya veremos.

Destacan alguno medios el apoyo entusiasta al acto y a las medidas por parte del presidente del Consejo Español de Defensa de la discapacidad y la dependencia, CEDD. Esta organización privada, que llama a la tulela y no a los derechos, que utiliza la Constitución sobre el derechos de los padres a la elección de la educación de sus hijos, frente a un funcionario que lo decide; que ataca al Gobierno, a la LOMLOE y al CERMI, Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y que afirma que una línea importante de su trabajo es acoger en los centros de educación especial a los muchos alumnos que tienen que abandonar su inclusión en los centros ordinarios.

La presidenta, sin papeles, también dogmatiza: “Amo la educación especial”, “en la educación especial aprenden cosas importantes, como hacer las camas”, !Qué dirán los profesores y profesionales de la educación especial!

La primera Escuela Central de Anormales, Madrid, 1923, ya introdujo laboratorios de psicología y metodologías activas que se fueron incorporando a la educación ordinaria. Hoy los derechos de las personas con discapacidad, y los avances en psicología, pedagogía, neurociencia y sociología deberían facilitar la inclusión educativa. Es responsabilidad de todos.