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A unos día de que se materialice la toma de posesión del nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, son muchas las voces que prefieren ser prudentes antes de alzar la voz sobre qué puede pasar si Vox, como se rumorea, tomara posesión de las consejerías de Educación, Servicios Sociales y Agricultura.
El horizonte de bregar con el veto o pin parental, el futuro de la política lingüística tanto en lo relativo al uso del valenciano como lengua vehicular en los centros o como parte de los requisitos necesarios para el ejercicio de la profesión docente en la escuela pública, la situación de la educación relativa a la igualdad de las mujeres o sobre los derechos de las personas del colectivo Lgtbiq+ preocupa, al menos, a los sindicatos docentes.
Al cierre de esta edición parecían estar manejándose dos nombres diferentes para ocupar la Conselleria. Por un lado, el de la extrema derecha, estaría Julia Llopis. Llopis fue hasta el mes de abril concejala de Educación y Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante, liderado por el PP. Allí ha sido protagonista de algunas polémicas en relación a la normativa de servicios sociales, la ordenanza que multa a mendigos y prostitutas, o por la situación de una escuela infantil que tuvo que cerrar ante la posibilidad de derrumbe.
Llopis también fue representante de las familias de la escuela católica concertada, Concapa, defensora de los conciertos, crítica con la política lingüística y es representante ante el Consejo Escolar del Estado desde 2021.
Muchos dudan de que el Partido Popular vaya a «soltar» la conselleria de Educación dada su importancia, no solo presupuestaria sino, principalmente, ideológica. De esta manera, parece que el futuro presidente valenciano había asegurado que su hombre de confianza es José Antonio Rovira.
Rovira también viene del entorno de Alicante, ciudad en la que fue concejal durante varios años y de cuya provincia ha sido en la última legislatura diputado en el Parlamento autonómico. Además, entre 2001 y 2007 ostentó el cargo de director General de Personal. También ha sido gerente de Personal de la Diputació d’Alacant (2007-2011) y director territorial de Alicante de la Conselleria d’Educació (2013-2014), según reza la web de las Cortes valencianas.
Preocupación
Carmen (nombre ficticio) es docente en secundaria, en un centro de la Comunitat valenciana. Mira con preocupación la vuelta del PP. Durante las anteriores legislaturas tuvo que estar una década esperando a consolidar su plaza porque no hubo manera de hacerlo antes.
Teme que con la entrada de Vox se realicen cambios importantes en materias como Geografía e Historia o que se surpiman «optativas como la que se iniciaba el próximo curso de Cultura Valenciana». También sospecha que «modificarán el programa de plurilingüísmo, eliminarán la FP de Promoción de la Igualdad, reducirán las horas dedicadas a los apoyos para el alumnado con dificultades de aprendizaje, aumentarán la ratios por aula…».
«Preocupantes», así califica las informaciones sobre la posible entrada de la extrema derecha en la educación valenciana el responsable de pública en la Federación de CCOO, Rafael Martínez. Lo cierto es que han oído esta posibilidad, pero mantienen cierta calma a la espera de que se tome una decisión definitiva sobre el asunto.
En cualquier caso, señala que les preocupa la campaña que ha venido haciendo el partido ultra en relación al pin (veto) parental, la enseñanza en valenciano y las declaraciones hechas en relación a la igualdad de las mujeres o los derechos del colectivo Lgbtiq.
Marc Candela, responsable del sindicato mayoritario en la Comunitat, Stepv confirman que está todo el mundo a la expectativa aunque cree que la conselleria caerá del lado del PP.
Piensa que aunque la política lingüística se verá alterada, esta viene de años atrás, de los gobiernos populares previos al pacto del Botánic, de manera que se mantendría, sin avances, eso sí («tampoco es que haya avanzado mucho», dice, en estos últimos años). Más dudas puede haber sobre los requisitos de habilitación lingüística que recaen sobre el personal docente de la comunidad. Estos podrían desaparecer y habría que esperar hasta las elecciones del 23 de julio para ver si habrían de preocuparse por la posible pérdida de peso en el concurso de traslados, en donde cuentan como mérito.
Todos coinciden en que, en cualquiera de los casos, la legislatura promete ser dura en la Comunitat valenciana.
