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El Ministerio de Educación y FP «coló» hace unos días en el Consejo de Ministros la aprobación de 38 millones de euros para la mejora de la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, es decir, principalmente, para chicas y chicos con problemas edrivados de alguna discapacidad. Entre los objetivos anunciados, además de la mejora de la detección y atención temprana de casos, se encuentra la transferencia de fondos a centros ordinarios y de educación especial financiados con dondos públicos.
La Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, firmada por España en 2008, que todas las personas tienen el derecho a una educación inclusiva de calidad, para todo el mundo. Esta educación inclusiva, eso sí, la entienden las Naciones Unidas como la que se da en aulas y centros ordinarios. No en centros de educación especial ni en aulas específicas en ordinarios. De hecho, hace no tanto el Comité que hace seguimiento del cumplimiento de los acuerdos, aseguró que España incumplía sistemáticamente la Convención al mantener aulas y centros segregagos. Algo contra lo que vienen luchando decenas de colectivos y familias por todo el país.
Según fuentes de Educación, hasta que no se terminen de aprobar los Presupuestos Generales del Estado no se podrá aclarar el pormenor del plan de distribución de los 38 millones de euros aprobados hace unos días. Solo se conocen los datos ofrecidos en la nota de prensa tras el Consejo de Ministros. En ella se establece que la inversión está pensada para la educación infantil de 3-6 años y los primeros ciclos de primaria.
Los objetivos, literalmente, según la nota «son actualizar y ajustar las medidas de atención a la diversidad para garantizar la educación inclusiva en las primeras etapas educativas; impulsar la colaboración con las familias en la vida del centro y desarrollar sentimiento de pertenencia; garantizar la detección precoz de estas necesidades de apoyo educativo y la intervención temprana; y asegurar una atención especializada para este alumnado».
Según los últimos datos oficiales del Minsiterio, los centros de educación especial escolarizan a 38.907 chicas y chicos. El 61 % se encuentra en centros públicos y el resto en concertados. A este colectivo hay que sumar el de la escuela ordinaria. En infantil se encuentran 17.853 de los cuales, el 78 % está en centros públicos. La misma proporción que en primaria, aunque en este caso con 64.724 niñas y niños quienes están en estos centros públicos. El total asciende a 82.984.
La Lomloe impone un plazo de 10 años en los cuales debería aumentar la financiación de los centros ordinarios en aras de escolarizar a la totalidad del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo mientras los centros especiales se convierten en centros de referencia para aprovechar la experiencia que acumulan con los años.
