Suprimir las universidades privadas

No es posible concebir la Educación Superior como negocio. Sea como negocio ideológico (universidades creadas por instituciones religiosas o ideológicas) ni económico (universidades creadas por empresas o fondos de capital riesgo). La Educación Superior, como la educación en general, es un derecho humano. Su organización, por tanto, no puede diseñarse desde una concepción mercantil y de obtención de beneficio económico o ideológico. Otra cosa distinta es que la ciencia, la investigación, los descubrimientos y los productos resultantes de esa Educación Superior puedan producir beneficios económicos o ideológicos a la sociedad.

Las universidades son instituciones que debe cumplir tres misiones fundamentales, la enseñanza, la investigación y el servicio a la sociedad:

• La formación superior de la ciudadanía, conservando los saberes adquiridos a lo largo de la historia, produciendo nuevos saberes y transmitiendo unos y otros al máximo de personas junto con las controversias que los han rodeado o que los rodean;
• La investigación y generación de conocimiento con referentes universales, preparando a los estudiantes en las metodologías de investigación y en el análisis crítico de los desafíos y efectos sociales de los interrogantes, prácticas y resultados del ámbito científico, en el ejercicio de un pensamiento liberado de cualquier dogma, que busque el bien común, y en la preparación para el desarrollo de una actividad profesional experta y responsable;
• El servicio a la sociedad mediante el más amplio impacto cultural, social y económico de su actividad que permita alimentar la reflexión de las sociedades sobre ellas mismas y especialmente sobre su modelo de desarrollo y de construcción de una sociedad mejor, más justa y democrática.

Estos objetivos solo pueden alcanzarse manteniendo y potenciando un modelo social no mercantil de universidad pública, de titularidad y gestión públicas. Lamentablemente, frente a este modelo social de universidad, nos encontramos con las propuestas neoliberales y de marcado tinte antidemocrático que en los últimos años propugnan reducir la educación superior a una simple mercancía y la universidad a una industria del conocimiento, donde solo tendría cabida una educación superior como nicho de negocio de empresas y corporaciones privadas que buscan el beneficio (sea económico o ideológico), una docencia universitaria que encajara con las exigencias de capital humano provenientes del sector privado y la investigación susceptible de ser comercializada de forma inmediata de cara a generar beneficios para la industria privada.

Para justificar este modelo mercantilista hemos venido asistiendo a una campaña ideológica sistemática, con ingredientes tales como: desprestigio de lo público frente a la exaltación de lo privado; catastrofismo en el balance sobre la universidad pública de las últimas décadas; exageración de las deficiencias actuales; falseamiento de las cifras sobre el tamaño o el coste de nuestras universidades públicas; priorización exclusiva de la vertiente mercantil de la “tercera función”, limitando la transferencia de conocimiento a sólo la parte de la sociedad ligada a los intereses del sector productivo; ataque frontal a la autonomía universitaria pretendiendo que órganos de gobierno no sean elegidos por la comunidad universitaria, sino regidos por autoridades o grupos de poder ajenos a la misma; proliferación de universidades-chiringuitos privadas, prácticamente sin ningún control, en un contexto de estancamiento de la demanda de estudiantes y con una oferta de titulaciones ya cubierta por el sector público; etc.

Esta ofensiva contra la universidad pública ha ido subiendo de nivel en los últimos años. El ataque ha traspasado la barrera de la mercantilización y la descalificación para entrar directamente en el desmantelamiento, mediante medidas de destrucción de nuestro sistema público universitario (aumento de tasas, reducción de financiación, subvenciones y becas, plantillas y personal, etc.).

Es cierto que se hace necesario repensar los auténticos problemas de la universidad pública y hacerles frente: desde el ahogamiento financiero por vía del recorte en la financiación pública; la evolución científica o académica en función de las presiones de los clientes (financiadores) derivadas del mecenazgo de la universidad pública por parte de la empresa privada; la privatización del conocimiento; el establecimiento de relaciones de competencia para la consecución de financiación para la investigación; la dificultad para configurar una educación superior que forme ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en su mundo y transformarlo; las estructuras de gobierno universitario poco participativas y democráticas, con injerencia del mundo empresarial; pérdida de la autonomía universitaria; la precariedad en las condiciones de trabajo de investigadores e investigadoras, profesorado contratado de manera precaria o becarios y becarias…

Pero esto no es óbice para que afrontemos de una vez por todas el gran problema de la Educación Superior: convertirla en sí misma en un negocio privado donde se forme, se investigue y se transfiera el conocimiento en función de criterios mercantiles, es decir, del modelo esencial propio del capitalismo. Y esto es lo que estamos haciendo con el impulso cada vez mayor de universidades-negocio privadas, que se han convertido en un nicho de negocio de grandes rentabilidades en el que desembarcan cada vez más compañías y fondos buitre para obtener beneficios. Pero que, sobre todo, están modificando la finalidad y el sentido esencial de la Educación Superior. Y, lo que es peor, normalizando la apropiación del conocimiento y el saber al servicio del capital y al propio capitalismo, que mercantiliza todo lo que toca.

En definitiva, seguir admitiendo la existencia de las universidades privadas supone asumir que el capitalismo, el lucro, la usura, las relaciones comerciales y la extracción de beneficio pueden regir la ciencia, el conocimiento y la formación propia de la educación superior. Algo que contradice abiertamente el sentido básico de la Educación Superior como un derecho esencial. Debemos cuestionar la asunción de estas supuestas “normalidades” que consolidan cada vez más un sistema anómalo que parece presentársenos como el único pensable y posible.

Nuestra preocupación no debería ser precisamente asegurar mediante la educación superior una ‘inserción armoniosa’ de nuestros estudiantes en ese tipo de sociedad y en su estructura económica y mercantil. Lo que debería preocuparnos es cómo dotar de herramientas a los jóvenes universitarios y cómo organizarnos con ellos y entre el personal docente y de administración de las Universidades Públicas para construir alternativas y rebelarse no sólo contra el actual modelo de universidad que admite estos “negocios privados” como parte del sistema de Educación Superior, sino contra el modelo económico, cultural y social imperante que los consolida y normaliza.