Somos una Fundación que ejercemos el periodismo en abierto, sin muros de pago. Pero no podemos hacerlo solos, como explicamos en este editorial.
¡Clica aquí y ayúdanos!
El 7 de abril comenzó en Madrid una huelga indefinida en las escuelas infantiles de primer ciclo,ese tramo de 0 a 3 años que la legislación española trata desde hace décadas como si los niños no existieran del todo. Este miércoles 7 de mayo, la protesta se extiende al resto del país en una jornada de huelga nacional.
Las razones son conocidas y viejas a la vez: precariedad laboral, ratios insostenibles, financiación insuficiente, una estructura que mezcla asistencialismo y mercado sin terminar de asumir que lo que ocurre en esos primeros tres años de vida tiene consecuencias que duran toda una existencia. Pero mientras la tormenta arrecia en la capital, en dos ciudades del norte y del sur de España llevan décadas haciendo las cosas de otra manera.
Dos modelos, dos apuestas municipales, dos formas de entender qué significa cuidar y educar a los más pequeños desde lo público. Pamplona. Granada. Dos aldeas galas que resisten.
Pamplona: la escuela como institución total
Alfredo Hoyuelos ha dedicado su vida profesional a pensar —y a hacer— la educación infantil.
Doctor en filosofía y ciencias de la educación, docente universitario durante ocho años en Navarra.
Lleva décadas vinculado a las escuelas municipales de 0 a 3 años de Pamplona, 12 centros que acogen a algo más de 1.000 criaturas y que representan uno de los proyectos de escuela pública infantil más sólidos y coherentes del Estado.
Lo primero que llama la atención cuando Hoyuelos describe el enfoque pamplonés es la palabra «todo»: todo el personal —educadoras, direcciones, personal técnico, cocineras, personal de limpieza— es contratado o funcionario del Ayuntamiento.
No hay empresas externas. No hay catering. No hay subcontratas. Hay cocinas propias en todos los centros menos uno, coordinadas bajo el proyecto Hemengoak —»de aquí», en euskera—, que garantiza alimento fresco, de temporada, ecológico y de cercanía. La escuela, en Pamplona, no es un servicio que se externaliza cuando sale más barato: es una institución que el municipio sostiene.
Y entre ese «todo», destaca un equipo de profesionales técnicos que no existe en casi ningún otro modelo de España: trabajadora social, enfermera, nutricionista, coordinadora de talleres, tallerista, psicóloga, además del equipo pedagógico, de gerencia y el personal administrativo. Figuras que no se limitan a resolver problemas determinados sino que forman parte del tejido pedagógico del proyecto. «Es algo que nos distingue», dice Hoyuelos sin énfasis, como quien describe algo que debería ser más habitual.
La organización de los grupos también rompe con los esquemas habituales. El principio rector es el trabajo cotutorial: cada grupo es acompañado por un mínimo de tres o cuatro educadoras
(dos a jornada completa de 7 horas y una —en ocasiones dos cuando los grupos son mixtos— a jornada parcial,de 4,5 horas, con las mismas condiciones laborales y las mismas funciones. No existe jerarquía interna en el aula, no hay tareas subalternas, todas las profesionales, sean maestras o técnicas hacen todo.
En Pamplona, la unidad de cuidado es sagrada. «No puede ser que trocees funciones en una unidad holística», dice Hoyuelos, y la frase resume un problema que afecta a todo el sistema español: la brecha entre la educadora con formación de Grado Superior y la maestra con titulación universitaria, dos figuras con sueldos distintos, calendarios distintos y funciones distintas que comparten el mismo espacio pero no el reconocimiento.
Las ratios o las jornadas del personal en Pamplona no son perfectas —Hoyuelos es el primero en señalar las reivindicaciones pendientes—, pero están pensadas con criterio pedagógico dentro de los límites y posibilidades presupuestarias. Los grupos de bebés, de cero a un año, tienen 16 criaturas con tres educadoras. Los de uno a dos años, 24 con el mismo trío. Los de dos a tres, 32, también con tres.
Cuando hay niños con necesidades específicas, derechos específicos como prefiere decir Hoyuelos, diagnosticados desde el Departamento de Educación, se añade una educadora más al grupo que no trabaja «solo con ese niño» sino en acción cotutorial con todo el grupo. La inclusión convivencial, aquí, no es un parche: es parte la línea pedagógica.
La financiación del conjunto asciende a 13 millones de euros anuales, de los que, aproximadamente, el 60 % procede del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y el 40 del municipio. Es una cantidad importante. Es también una apuesta política. «El Ayuntamiento de Pamplona está por encima de lo que hace el Departamento», reconoce Hoyuelos, consciente de que el modelo pamplonés existe porque alguien, en algún momento, decidió que merecía la pena invertir en él.
La formación continua es otro de los pilares: 300 personas —educadoras, auxiliares, cocineros, personal de limpieza, directoras y personal técnico— comparten un plan de formación común. Este año, el eje es la relación familia-escuela. El anterior, cómo estar presente y dar presencia a las criaturas, sin generar dependencia.
No se trata de cursillos sueltos: es una estructura que da coherencia a doce centros distintos y que garantiza que el proyecto sea reconocible en cualquiera de ellos. Las trabajadoras tienen 136 horas no lectivas anuales, 20 de las cuales son de formación obligatoria. El tiempo de pensar, en Pamplona, está dentro del contrato.
Granada: la aldea que lleva 45 años resistiendo
A más de 700 kilómetros al sur, en Granada, el modelo es distinto y, en ciertos aspectos, aún más insólito. Las escuelas municipales de educación infantil de la ciudad andaluza llevan 45 años funcionando como centros de 0 a 6 años, es decir, como instituciones que no parten el ciclo en dos mitades artificiales sino que acompañan a las criaturas desde los primeros meses de vida hasta que entran en la educación primaria.
Son cuatro escuelas gestionadas a través de Granada Educa, fundación pública local dependiente del Ayuntamiento, con tres fuentes de financiación: las cuotas de las familias, la aportación municipal —que ronda los 2,3 millones de euros anuales— y el concierto con la Junta de Andalucía para el tramo de 3 a 6 años, que aporta unos 600.000 euros al año.
La decisión de mantener el modelo 0-6 no es solo pedagógica: es política y, sobre todo, es una trinchera. «Lo que ha pasado en Madrid, Pamplona y Barcelona», dice Amparo Jerónimo, maestra y patrona de Granada Educa, nombrando sin rodeos la tendencia general a romper el ciclo, a gestionar el 3-6 como si fuera otra cosa, a dejar el 0-3 en manos de empresas o cooperativas mientras la escuela pública se retira. Granada ha dicho que no, una y otra vez, durante cuatro décadas y media.
El equipo docente en Granada es predominantemente de maestras —diez por escuela, con una técnica— y las ratios están pensadas para sostener esa coherencia a lo largo de la etapa completa: seis bebés con una maestra, 12 criaturas de uno a dos años con una maestra, 25 de dos a tres con dos adultos. En este ciclo todas son maestras menos una, que es técnica y que actúa como referente o como apoyo
En el ciclo 3-6 las cosas son un poco diferentes. Los diferentes tramos, de 3-4, 4-5 y 5-6, la ratio es de 25 criaturas con una maestra. Aquí todas con maestras. Para el alumnado con necesidades educativas, se cuenta con una técnica de la bolsa de trabajo del Ayuntamiento. Estará tantas horas como sean necesarias.
La diferencia con otros modelos, subraya Jerónimo, no está solo en los números sino en la concepción: no hay equipos docentes separados por ciclos, no hay culturas profesionales distintas para el 0-3 y el 3-6. «Escuela con coherencia a lo largo de la etapa, como en primaria, o secundaria», dice, y la comparación es intencionada: nadie se plantea dividir la secundaria en dos tipos de profesorado con sueldos distintos.
Las familias en Granada son más que usuarias: son parte estructural del modelo. Alhambra Nievas es una de ellas. Su hijo mayor ya ha pasado por las escuelas municipales y conoce la historia desde adentro: las movilizaciones de 2020 contra la subida de cuotas sin aplicar tramos de renta, la creación de la Plataforma 0-6 Granada en 2016, las declaraciones institucionales de todos los grupos municipales —PP, PSOE y Vox incluidos— comprometiéndose a mantener el modelo, el apoyo de la Facultad de Ciencias de la Educación, el más reciente. «Somos una aldea gala», dice Nievas: la resistencia aquí es cultural, colectiva y está bien documentada.
Pero la resistencia tiene sus costes. En 2025, el Ayuntamiento retiró 595.000 euros del presupuesto de Granada Educa para redirigirlos al transporte público, dejando a las escuelas con un déficit que amenaza su continuidad. «Qué mensaje mandas», pregunta Nievas con una mezcla de indignación y cansancio. «Dilapidas 600.000 euros de una institución educativa pública para dárselo a otra cosa».
Amparo es más directa aún: «La calidad cuesta dinero. Hoy hemos hecho formación y eso cuesta. El apoyo en cada ciclo cuesta dinero». El argumento, repetido hasta la saciedad desde que existe la escuela pública, sigue siendo necesario y sigue sin calar del todo en quienes aprueban los presupuestos.
El modelo granadino sostiene a unas 430 familias, muchas de ellas con bonificaciones importantes: el 33 % paga cuota cero. Otro tercio contribuye según su nivel de renta. Y el tercio restante, hasta unos 300 euros al mes.
La escuela pública de calidad, en Granada, incluye comida de proximidad cocinada en el propio centro, formación continua del equipo y entre 200 y 300 visitas de estudio al año de otras escuelas y profesionales de toda España y de fuera. Nacieron hace 45 años y desde casi el principio se convirtieron en referencia.
Lo que el debate nacional no ve
La huelga de Madrid pone sobre la mesa reivindicaciones urgentes y legítimas: mejora de las condiciones laborales, regulación de las ratios, financiación pública digna.
Hoyuelos lleva décadas apuntando a algo más profundo: el problema estructural de fondo, que es la división artificial del ciclo de educación infantil aprobada en 1990 con la LOGSE.
Dos ciclos con dos tipos de titulación, dos tipos de sueldo, dos culturas profesionales que conviven en el mismo espacio con resultados a veces absurdos: en algunas comunidades, la maestra con título universitario no cambia pañales porque «no está en sus funciones».
«Una maestra que se niega a cambiar un pañal en 0-6 no debería estar en la profesión», dice Hoyuelos, sin ambigüedad. No porque cambiar pañales sea lo que define la profesión, sino porque negarse a hacerlo revela una concepción fragmentada del cuidado que no tiene nada que ver con la manera en que los niños viven. Otra cuestión es que se den las condiciones organizativas, espaciales para poderlo llevar a cabo con tiempo y calidad.
La formación inicial es otro agujero. Hoyuelos, que ha enseñado en la universidad, lo dice sin eufemismos: «La formación inicial de magisterio en 0-3 es casi inexistente». No hay profesorado especializado, las prácticas de magisterio, al menos en Navarra, no están reconocidas en centros de 0-3, y el resultado es que generación tras generación de maestras llegan a las escuelas infantiles sin haber pisado nunca un aula de bebés durante su carrera.
En Granada, Jerónimo añade otra dimensión: la concepción social de la infancia. «Lo que se le olvida a los que crean los decretos es que no han visto un niño en su vida y no tienen concepción de infancia». Es una acusación dura, pero no es injusta: buena parte de la legislación que regula el 0-3 en España se ha construido desde lógicas economicistas —cuánto cuesta, quién lo paga, cómo se externaliza— sin preguntarse primero qué necesitan los niños y qué tipo de profesionales deberían acompañarlos.
El 7 de mayo, también en las plazas del sur
Mañana, cuando las concentraciones se extiendan por todo el país, quienes trabajen en escuelas como las de Pamplona o Granada sabrán que lo que defienden no es solo su sueldo ni su estabilidad laboral, aunque eso también.
Defenderán algo más difícil de resumir en una pancarta: que la calidad en la educación de los más pequeños no es un privilegio —la palabra que usó aquel concejal de Granada al hablar de la comida de proximidad— sino una condición. Que lo que ocurre entre los cero y los seis años deja una huella que no se borra. Que invertir ahí es, de lejos, la decisión más rentable que puede tomar una sociedad, aunque la rentabilidad no se mida en euros sino en ciudadanos.
Cuarenta y cinco años en Granada. Décadas de enfoque pedagógico en Pamplona. Doce millones de euros al año, formación continua, equipos cotutoriales, cocinas propias, trabajadoras sociales, psicólogas, nutricionistas. Familias que se echan a la calle cuando alguien intenta desmontar lo que han construido. Maestras que llevan décadas creyendo que la educación no es una guardería.
Dos aldeas galas que resisten. El resto del país, mientras tanto, hace huelga para pedir lo que ellas ya tienen.
