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La huelga indefinida iniciada el 11 de mayo por el profesorado de enseñanza no universitaria al País Valenciano es un acto de reivindicación pedagógica de los principios que fundamentan la educación pública. Los grupos de investigación y profesorado abajo firmantes queremos recordar cuáles son estos principios y como su defensa se sustenta también científicamente en numerosos estudios sobre el papel de la educación equitativa, inclusiva y de calidad en el presente y el futuro de las sociedades democráticas.
Educación pública de calidad
La calidad educativa no es únicamente una cuestión pedagógica; es, sobre todo, una cuestión de derechos humanos, democracia y justicia social.
Las sociedades que garantizan una educación pública, inclusiva y de calidad son sociedades más equitativas, cohesionadas y capaces de proteger la dignidad de todas las personas. Cuando el acceso en una educación digna depende del contexto socioeconómico, del lugar de nacimiento, de las capacidades individuales o de cualquier otra circunstancia personal o social, las desigualdades se amplían y los derechos humanos se vuelven más vulnerables.
Organismos internacionales como la UNESCO defienden que la educación es uno de los principales instrumentos para construir sociedades más justas y sostenibles. La Agenda 2030, a través del 4.º Objetivo de Desarrollo Sostenible, establece la necesidad de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad” para todas las personas. Esto implica entender que la educación no puede limitarse a transmitir contenidos académicos, sino que tiene que generar oportunidades reales de participación, desarrollo y pertenencia social.
Paulo Freire ya advertía que la educación nunca es neutral: o contribuye a mantener estructuras de opresión o ayuda a liberar las personas mediante la conciencia crítica, el diálogo y la participación democrática. En obras como Pedagogía del oprimido (1970), defendía una escuela capaz de formar ciudadanía crítica, comprometida con la transformación social y con la dignidad humana. Hablar hoy de educación pública e inclusiva es, también, hablar de qué modelo de sociedad queremos construir: una sociedad que excluye o una sociedad que reconoce y acompaña la diversidad humana.
Educación inclusiva
La convivencia democrática no se construye desde la segregación, sino desde el contacto, el respeto y el reconocimiento de las diferencias.
La educación es un derecho fundamental reconocido internacionalmente y, por lo tanto, todas las familias tienen que poder escolarizar sus hijos e hijas en cualquier centro público con garantías reales de inclusión, participación y calidad educativa. Este derecho implica no solo el acceso físico a en los centros educativos, sino también la posibilidad de recibir una educación ajustada a las necesidades, ritmos y características de cada alumno y alumna.
Las personas somos diferentes en nuestras maneras de sentir, aprender, comunicarnos, relacionarnos y vivir el mundo. Esta diversidad no es un problema que tenga que ser corregido; es una característica inherente a la condición humana. Tal como defiende Martha Nussbaum, una democracia saludable necesita una ciudadanía que pueda reconocer la vulnerabilidad y la dignidad de cada persona desde la empatía y el respeto. La escuela y los institutos, tienen un papel fundamental en esta construcción ética y social.
La diversidad presente en las aulas es un valor humano, social y educativo que enriquece la convivencia y contribuye a construir sociedades más democráticas, empáticas y cohesionadas. Una escuela inclusiva es aquella capaz de reconocer las diferencias, generar sentido de pertenencia y ofrecer oportunidades reales de desarrollo a todo el alumnado.
La inclusión educativa es un elemento central de esta mirada. Autoras y autores de referencia como Miel Ainscow, Tony Booth o Gerardo Echeita han insistido que la inclusión no consiste únicamente a escolarizar conjuntamente alumnado diferente, sino a transformar las culturas, las políticas y las prácticas escolares porque todas las personas puedan participar y aprender en igualdad de condiciones. La inclusión es, por lo tanto, una cuestión de derechos, de convivencia y de reconocimiento mutuo.
Por eso, las escuelas inclusivas son espacios esenciales para aprender a convivir. Cuando el alumnado comparte espacios con personas diversas, aprende a reconocer otras realidades, a desarrollar empatía, apoyo mutuo y sentido de pertenencia. En palabras de Boaventura de Sousa Santos, no hay justicia social sin justicia cognitiva: todas las personas tienen que sentir que su manera de ser y existir es reconocida y valorada.
Este es también el sentido del Decreto 104/2018 de inclusión educativa al País Valenciano, que plantea la necesidad de avanzar hacia centros más inclusivos y capaces de acompañar a todo el alumnado. El decreto representó una mejora importante pero los principios inclusivos no pueden materializarse sin recursos humanos suficientes, sin profesionales especializados, sin coordinación educativa y con ratios masificadas. La investigación educativa ha mostrado reiteradamente que las condiciones estructurales influyen directamente en la calidad del aprendizaje y en el bienestar emocional del alumnado.
Aun así, siete años después la aprobación de este decreto, muchos centros continúan denunciando que las medidas necesarias para hacer efectiva esta inclusión no han llegado de manera suficiente. La inclusión educativa requiere profesionales especializados, un aumento real de las plantillas docentes que permita desarrollar medidas inclusivas efectivas dentro de las aulas. No se trata únicamente de incorporar personal especializado, sino también de garantizar más maestros en los centros para poder realizar co-docencia, acompañamientos individualizados y apoyos educativos reales y continuos. Sin profesionales, sin reducción de ratios, sin espacios adecuados y con una sobrecarga constante del profesorado, la inclusión corre el riesgo de convertirse en un discurso vacío.
Defender una educación pública inclusiva implica, necesariamente, defender también las condiciones estructurales que permiten hacerla posible.
Reducción de las ratios
Cuando las aulas están masificadas resulta muy difícil generar espacios de acompañamiento real.
Se puede impartir materia sin garantizar un aprendizaje significativo; se puede estar físicamente en una aula sin establecer vínculos educativos profundos, pero esto no garantiza una educación de calidad y donde todo el alumnado pueda sentirse incluido.
La reducción de ratios es, por lo tanto, una necesidad pedagógica y humana. Educar no significa únicamente impartir contenidos; significa acompañar procesos de desarrollo personal, emocional y social. El papel docente no es el de un simple técnico transmisor de información. Tal como defendía Lev Vygotski, el aprendizaje es un proceso social que necesita interacción, guía y acompañamiento. También Nel Noddings ha insistido en la importancia de la ética del cuidado en la educación, entendiendo la relación educativa como un vínculo humano basado en la atención y el reconocimiento del otro.
No es posible hablar de inclusión en aulas masificadas. No es posible atender adecuadamente la diversidad cuando el profesorado se ve obligado a apagar fuegos constantemente. No es posible generar convivencia real cuando faltan recursos humanos y tiempos para el acompañamiento educativo y emocional. Educar significa acompañar personas en su desarrollo humano, emocional, social e intelectual. Y para lo cual, necesitamos grupos reducidos, donde cada cual pueda expresar y ser reconocido. Dónde podamos conocer la historia del otro y generar procesos de acompañamiento por parte del docente y del propio grupo.
Educación burocratizada
Un modelo neoliberal nos aleja de un modelo educativo humano.
La burocratización progresiva de los centros educativos está desplazando el foco de la educación: menos tiempo para pensar la escuela y más tiempo para justificarla documentalmente. Varios autores, como el sociólogo Michael W. Apple o el pedagogo y propulsor de la pedagogía crítica Henry Giroux, han advertido que, en las últimas décadas, la educación ha ido incorporando lógicas propias del mercado: rendimiento, control, competitividad, estandarización y cultura de la evaluación constante. En este contexto, el valor social y humano de la educación queda a menudo subordinado a criterios administrativos y productivistas.
Estas políticas neoliberales en educación tienden a reforzar mecanismos de control institucional y rendición de cuentas que reducen la autonomía pedagógica del profesorado y tienen consecuencias directas sobre la vida de los centros y la calidad educativa, como dicen autores de referencia (Apple y Giroux). Cuando el profesorado dedica gran parte del tiempo a completar informes, protocolos o tareas administrativas, disminuyen los espacios para el diálogo pedagógico, la reflexión colectiva y la construcción compartida de prácticas educativas. Se pierde tiempo para conversar sobre el alumnado, compartir experiencias, revisar dificultades o generar proyectos comunes.
Precisamente, la investigación educativa muestra que los centros con mayor cohesión profesional y sentido de pertenencia entre los equipos docentes desarrollan mejores prácticas inclusivas y mayores niveles de bienestar educativo. Andy Hargreaves defiende que las culturas de colaboración entre docentes son imprescindibles para construir centros educativos democráticos, humanos y preparados para responder a la complejidad social actual. Cuando los claustros tienen espacios reales para pensar juntos, compartir buenas prácticas y construir confianza, aumenta también la calidad del acompañamiento al alumnado.
Desde esta perspectiva, generar sentimiento de pertenencia dentro de los centros educativos no es una cuestión secundaria, sino una necesidad pedagógica y democrática. Los centros educativos no pueden funcionar únicamente como estructuras administrativas orientadas al cumplimiento documental; necesitan tiempo, confianza y espacios humanos para construir comunidad educativa. Sin esto, el riesgo es convertir la educación en una práctica técnica y burocratizada, alejada de su sentido social y transformador.
Dignidad profesional y reconocimiento
Sin dignidad y reconocimiento de los profesionales no podemos hablar de calidad en educación
En los últimos años, el cuerpo docente ha visto deterioradas sus condiciones laborales y profesionales. A la sobrecarga burocrática, la masificación en las aulas, la carencia de recursos y la deslegitimación profesional, hay que añadir también las cuestiones retributivas debido a la caída de poder adquisitivo. Esta situación no afecta únicamente el bienestar del profesorado; tiene consecuencias directas sobre la calidad educativa y sobre las posibilidades reales de generar procesos de acompañamiento e inclusión.
Tal y como señala Andy Hargreaves, el reconocimiento profesional, la confianza institucional y el bienestar docente son elementos fundamentales para sostener un proyecto público de escuela democrática. Cuando el profesorado trabaja desde el cansancio estructural y la precarización, se debilitan también los vínculos educativos y la vida comunitaria de los centros.
Defender la educación pública implica, necesariamente, defender también la dignidad profesional de los maestros y las maestras y de todas las personas que sostienen cotidianamente la vida de los centros educativos.
Espacios adecuados para el aprendizaje
Los espacios también educan
También los espacios educativos comunican y educan. Loris Malaguzzi, impulsor de la experiencia de Reggio Emilia, afirmaba que el espacio es el “tercer maestro”. Aprender en entornos amplios, cuidados, accesibles, muy climatizados y estéticamente acogedores favorece el bienestar, la participación y el desarrollo integral del alumnado. Los espacios transmiten valores: pueden generar calma, seguridad y pertenencia, o bien estrés, desconexión y desigualdad.
Aprender en aulas masificadas, mal climatizadas o deterioradas afecta directamente la calidad educativa. Los centros educativos necesitan espacios amplios, cuidados, accesibles y humanos. Necesitan lugares donde el alumnado pueda sentirse seguro, reconocido y respetado.
Cuidado de la cultura i la lengua
La defensa del valenciano no es solo una cuestión lingüística; es una cuestión de derechos culturales, identidad y cohesión social.
Las escuelas tienen la responsabilidad de preservar y dignificar las lenguas propias, así como de conectar el aprendizaje con los contextos culturales, sociales y comunitarios del alumnado. La lengua no es solo un instrumento comunicativo; es también memoria, identidad, pertenencia y vínculo con la comunidad. Cuando un centro reconoce las lenguas y las realidades culturales de su alumnado, está reconociendo también sus historias, sus familias y su manera de estar en el mundo.
Desde una pedagogía crítica e inclusiva, investigadores e investigadoras como Joan Traver, Odet Moliner, María Lozano o Auxiliadora Sales han defendido la necesidad de entender la escuela como una institución profundamente vinculada, incluida en el territorio y en la comunidad. La educación no puede desarrollarse de espaldas a la realidad social ni a los contextos de vida del alumnado. Una escuela inclusiva es aquella arraigada a su entorno, capaz de generar participación, red comunitaria y sentimiento de pertenencia.
Desde esta perspectiva, la inclusión no se construye únicamente dentro del aula, sino también en la relación entre el centro educativo, familias, barrio y territorio. Cuando el alumnado siente que su lengua, su cultura y su realidad son valoradas dentro de la institución, aumentan la participación, la vinculación emocional y el compromiso con el aprendizaje. Por el contrario, cuando las identidades culturales y lingüísticas son invisibilizadas o deslegitimadas, aparecen sentimientos de exclusión y desconexión.
Así mismo, la comunidad científica continúa remarcando la importancia de construir centros educativos democráticos basados en el diálogo, la participación y la justicia social. La escuela incluida en el territorio no es únicamente un espacio donde se transmiten contenidos académicos, sino un lugar de convivencia, reconocimiento mutuo y construcción colectiva de ciudadanía. Defender la lengua propia y la vinculación con el territorio es, por lo tanto, defender también una educación más humana, inclusiva y coherente con la realidad social de las personas.
Un centro educativo es un espacio de convivencia y democracia
Finalmente, hablar de educación es hablar de democracia y de justicia social. Los centros educativos son espacios políticos porque preparan la ciudadanía del presente y del futuro. Se trata de formar a personas que piensan críticamente, dialogan, argumentan y puedan convivir respetándose los unos en los otros y metiendo por encima el respecto a los derechos humanos.
Por eso, necesitamos centros que promuevan el diálogo, la reflexión crítica y la convivencia democrática; escuelas e institutos que entiendan la diversidad como una riqueza; con recursos suficientes, con ratios humanas y con profesionales reconocidos y cuidados. Apostar por una educación pública e inclusiva es apostar por una sociedad más justa, más cohesionada y más humana. Y por eso, la escuela pública como institución educativa es el lugar donde es posible encontrar esta transformación social, y el profesorado, el agente que puede promover estos cambios en la ciudadanía.
La convivencia no se aprende desde la segregación, sino conviviendo, en las escuelas, institutos y en las familias. Necesitamos centros educativos que reflejen la realidad social diversa que ya existe pero con los recursos para garantizar la calidad. Espacios donde las personas aprendan a reconocerse desde las diferencias, a dialogar y a cuidarse mutuamente. Y necesitamos docentes formatos, que busquen la manera de seguir desarrollando ese pensamiento crítico y trasladarlo a las aulas. Docentes que puedan sentirse agentes de cambio hacia un modelo humano y generador de oportunidades. Docentes apoyados y reconocidos por la ciudadanía para favorecer entre todas y todos esa transformación social.
