Una mañana cualquiera, en una escuela de un municipio con alta rotación de familias, una alumna recién llegada levanta la mano. Lleva poco tiempo. Su catalán es todavía frágil. Empieza a explicar una idea sencilla. Se detiene, duda, busca una palabra. Una compañera se la dice en voz baja. La repite. Continúa. Nadie se ríe. Nadie corrige desde arriba. La clase sigue. Habla. Y en ese gesto, pertenece.
Si alguien quiere entender qué es esto, que empiece por ahí. No por un titular. Por un aula donde la lengua deja de ser frontera y pasa a ser herramienta para estar.
La inmersión lingüística como herramienta de inclusión
Cataluña es lingüísticamente diversa. Mucho. En una misma clase conviven lenguas familiares muy distintas: catalán, castellano, árabe, urdu, rumano, wolof… Esto no es un marco teórico. Es lo que hay.
Y ante eso, la escuela tiene dos opciones: reproducir esa diversidad sin tocarla, o construir un espacio común que evite que esa diversidad derive en separación. Se eligió lo segundo. Y se concretó en una decisión: que el catalán sea la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la escuela, dentro de un marco que obliga, y esto es clave, a que todo el alumnado termine la enseñanza obligatoria con dominio efectivo tanto del catalán como del castellano. No es una elección simbólica. Es funcional.
¿Por qué el catalán? Porque el castellano tiene una presencia social ampliamente extendida fuera de la escuela, medios, entorno, consumo cultural, mientras que el catalán no siempre cuenta con esa misma exposición.
Sin la intervención de la escuela, una parte del alumnado no tendría acceso real a esa lengua. Y eso, en términos educativos, no es neutro: genera desigualdad. Esto no es una ocurrencia reciente ni una decisión improvisada. Se apoya en un marco normativo claro en sus principios, aunque discutido, y a veces tensionado, en su aplicación.
El marco legal
La Constitución establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que todos tienen el deber de conocerla, y reconoce la oficialidad de las demás lenguas en sus territorios. El Estatuto de Autonomía de Cataluña define el catalán como lengua propia y fija su uso normal en las instituciones y en la enseñanza.
La normativa educativa estatal, a través de la LOE – LOMLOE, no fija porcentajes de uso de las lenguas. Lo que exige, y lo hace de forma explícita, es que las administraciones educativas garanticen el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas cooficiales, y que al final de la educación básica el alumnado tenga un dominio pleno y equivalente de ambas. El foco no está en repartir horas, está en garantizar resultados.
La legislación catalana concreta este marco: el catalán es la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje, los centros deben definir su proyecto lingüístico en función de su contexto, y la presencia del castellano debe estar garantizada para asegurar la competencia en ambas lenguas. Ese es el equilibrio real. No el de los eslóganes.
Conviene decirlo sin rodeos: la inmersión lingüística es, sobre todo, una política de equidad
Equidad frente a segregación lingüística
La inmersión lingüística no busca sustituir lenguas. No pretende que un alumno deje de hablar su lengua familiar. Ni que abandone el castellano. Ni que “cambie” de identidad. Busca algo más exigente: que nadie quede fuera de la lengua que estructura la vida pública del territorio. Porque si la escuela no interviene, la lengua se convierte en un factor de desigualdad.
El alumno que ya tiene el catalán en casa parte con ventaja. El que no, queda fuera de determinados códigos sociales, culturales y administrativos. La escuela corrige eso. Por eso, conviene decirlo sin rodeos: la inmersión lingüística es, sobre todo, una política de equidad.
A veces se plantea una alternativa aparentemente razonable: que cada familia elija la lengua de escolarización. Sobre el papel suena bien. En la práctica, en contextos diversos, produce otra cosa: segmentación. Centros y grupos que se organizan por lengua, alumnos que dejan de compartir espacio común, comunidades que se fragmentan.
La escuela pública no está para eso. Está para mezclar. Para sostener un espacio compartido donde alumnos distintos convivan bajo unas mismas reglas, unas mismas expectativas y un lenguaje común que permita relacionarse. No es una restricción de la libertad. Es una forma de evitar que la libertad de unos se convierta en desigualdad para otros.
Existe también la idea, muy extendida fuera de Cataluña, de que este modelo genera déficits en castellano. La evidencia disponible, evaluaciones de diagnóstico y pruebas externas tanto autonómicas como estatales, apunta de forma consistente a que el alumnado alcanza competencias en ambas lenguas. Se puede discutir el nivel global del sistema, como en cualquier territorio, pero no hay base sólida para atribuir un déficit estructural en castellano al modelo de inmersión.
Qué ocurre realmente en las aulas
Quien quiera ver cómo funciona de verdad, que entre en un aula de acogida. Ahí llegan alumnos que no conocen la lengua ni el sistema. No se les deja al margen ni se les empuja sin más al aula ordinaria. Se les acompaña. Se trabaja la lengua de forma intensiva, pero también la orientación, la seguridad, las normas implícitas de la escuela. Es un espacio de transición. El objetivo no es que “estén”. Es que participen. Y cuando participan, cambian sus trayectorias.
En los últimos años, el debate se ha desplazado hacia la fijación de porcentajes de uso de las lenguas. Ahí el problema no es solo jurídico, es de enfoque. La lengua en la escuela no funciona igual en todos los contextos. Depende del entorno, del uso social, del perfil del alumnado.
El marco actual apunta en otra dirección: que los centros, a través de sus proyectos lingüísticos, ajusten la presencia de las lenguas con criterios pedagógicos, garantizando siempre la competencia en ambas. Sustituir eso por una distribución rígida es renunciar a la capacidad de adaptación que la escuela necesita.
El debate lingüístico se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en un campo de batalla política. Y en ese terreno, la simplificación es rentable. Se habla de imposición donde hay organización educativa. Se habla de conflicto donde, en la mayoría de centros, hay normalidad. Pero la escuela no funciona con consignas. Funciona con decisiones concretas, con contextos cambiantes y con docentes que ajustan cada día lo que hacen a su alumnado.
En el Valle de Arán, la lengua vehicular es el aranés. Y el sistema se desarrolla con normalidad, con alumnado que convive y aprende en varias lenguas, en coherencia con la realidad sociolingüística del territorio. Eso es exactamente lo que intenta hacer la inmersión en el resto de Cataluña.
Es legítimo preguntarse por el equilibrio entre lenguas. Es legítimo exigir garantías en el aprendizaje del castellano. Es legítimo revisar y mejorar el modelo. Negarlo sería un error. Lo que no ayuda es reducir un sistema educativo complejo a un simple eslogan. Esto no va de una guerra de lenguas. Va de qué tipo de escuela queremos. Una que reproduzca las diferencias de origen o una que las reduzca. Una que se fragmenta en grupos paralelos, o una que construya un espacio común.
La lengua, en este debate, es el medio. No el fin. Volvamos al aula del principio. La alumna termina de hablar. Se equivoca en una concordancia. Se corrige. Sigue. La clase continúa. Nadie está pensando en porcentajes. Nadie está pensando en sentencias. Nadie está pensando en ideología. Están aprendiendo. Y quizá eso, precisamente eso, es lo que convendría no perder de vista.
