Durante décadas se ha repetido que la universidad pública es un derecho social y una conquista irreversible. Un patrimonio colectivo construido con recursos públicos, orientado al interés general y concebido como espacio de producción crítica de conocimiento. Sin embargo, mientras la atención pública se ha concentrado en los procesos de privatización de servicios esenciales como la sanidad o la educación obligatoria, otro fenómeno avanza de forma silenciosa: la progresiva mercantilización de la universidad pública.
Es la agenda pública oculta que ya tiene previsto el sector conservador y neoliberal en nuestro país. Tras la expansión de las universidades privadas que ya alcanzan el mismo número que las públicas en España, emerge una propuesta cada vez más visible en determinados círculos políticos y empresariales: las llamadas «universidades concertadas».
Un concepto aparentemente todavía impensable pero que, mediante la estrategia de la “ventana de Overton”, conseguirán introducir en la agenda pública y hacer debatible, para posteriormente convertirlo en normalizable y legislable. Este paso representa el siguiente gran salto en la privatización del sistema universitario.
La fórmula resulta familiar. Primero se debilita la financiación de las universidades públicas (véase el caso en Madrid, Andalucía o Castilla y León, entre otros). Después se denuncia la supuesta ineficiencia de las instituciones públicas. Finalmente, se presenta la gestión privada financiada con dinero público como una solución pragmática, bajo la premisa ideológica y política de la “libertad de elección” y del estímulo a la competitividad público-privada.
Es exactamente el mismo itinerario que siguió la educación no universitaria con el modelo concertado. Y ahora se está aplicando el mismo esquema en la Formación Profesional, que tiene cada vez mayor demanda social pero una paupérrima respuesta pública.
El camino hacia las universidades concertadas
Actualmente estamos viendo cómo las universidades están siendo obligadas a adoptar, cada vez con mayor presión, lógicas de mercado, incorporando estrategias empresariales: competir por estudiantes, rankings, financiación externa, patentes y visibilidad internacional. El conocimiento ha dejado de concebirse como un bien público para convertirse en un producto o una inversión sujeta a dinámicas competitivas.
Pero el siguiente movimiento es aún más profundo. Las universidades concertadas supondrían trasladar al ámbito universitario el modelo que desde hace décadas opera en las etapas obligatorias de enseñanza. Empresas, fundaciones o grupos privados gestionarían instituciones financiadas total o parcialmente con recursos públicos. Los beneficios serían privados; los costes, colectivos. Este modelo ya se ha implantado en Letonia y Chipre.
Sus defensores apelan a conceptos como libertad de elección, eficiencia o diversidad institucional. Sin embargo, la experiencia acumulada en otros niveles educativos muestra que la concertación no amplía derechos, sino que produce segregación. Lo que genera son sistemas duales donde los recursos públicos terminan fortaleciendo estructuras privadas mientras las instituciones públicas soportan las mayores cargas de inclusión, equidad y cohesión social.
La privatización de la universidad pública cambia su función social
La cuestión de fondo no es únicamente económica. Lo que está en juego es el propio significado de la universidad. ¿Debe ser una institución orientada al bien común o una organización sometida a la lógica del mercado? ¿Debe responder prioritariamente a las necesidades sociales o a las demandas de los clientes? ¿Debe formar ciudadanía crítica o consumidores de credenciales académicas?
La privatización universitaria no siempre se presenta con discursos abiertamente ideológicos. A menudo adopta formas más sutiles, un neolenguaje que utiliza eufemismos para disfrazar la realidad: externalización de servicios en vez de privatización; dependencia creciente de financiación privada en vez de sumisión y obediencia (nadie muerde la mano que le da de comer); gobernanza empresarial en vez de “hacer caja” con la educación; incentivación del profesorado en vez de precarización; eficiencia de la investigación en vez de atender a los intereses empresariales y de mercado o calidad institucional en vez de competencia entre instituciones. Las universidades concertadas serían simplemente una nueva pieza de este proceso.
Universidades concertadas: qué está en juego
Cuando la educación superior se convierte en un mercado, la rentabilidad desplaza el interés general y el bien común, sustituyéndolo por interés económico y rentabilidad empresarial. Se potencian las titulaciones más lucrativas, se reducen las áreas menos rentables pero socialmente necesarias, se intensifica la segregación social y se debilita la capacidad de la universidad para actuar como espacio de pensamiento independiente.
La universidad pública necesita mejoras, mecanismos más democráticos de gestión y sobre todo mucha más financiación (el 2% del PIB). Pero lo que se pretende es sustituir progresivamente lo público por modelos privados financiados con fondos públicos.
Las universidades concertadas se van a presentar como una “innovación” institucional. En realidad, representan una vieja receta conocida: transferir recursos colectivos a operadores privados bajo la promesa de una mayor eficiencia. La experiencia internacional demuestra que estas promesas rara vez se cumplen, mientras que los efectos sobre la igualdad de oportunidades y la cohesión social suelen ser duraderos.
Las universidades privadas y concertadas ponen en cuestión una pregunta democrática fundamental: quién controla el conocimiento, quién decide las prioridades educativas y al servicio de quién debe estar la universidad del siglo XXI. La respuesta determinará si la educación superior continúa siendo un derecho y un bien público o acaba convirtiéndose, definitivamente, en un negocio financiado por todos.
