El curso pasado terminó en Valencia con una huelga de varias semanas que se cerró en falso con un acuerdo parcial firmado por dos de los cinco sindicatos en lucha. La amenaza de continuar la huelga en septiembre estaba sobre la mesa.
En este contexto, se publicó el pasado 11 de agosto la ley 5/2026 de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat. En ella se han establecido algunas modificaciones relativas a educación, aunque ha sido la relacionada con la inspección la que ha levantado más ampollas.
Se ha utilizado esta ley para modificar el Decreto 80/2017, de 23 de junio, del Consell, por el que se regula la actuación, el funcionamiento y la organización de la inspección. Se ha añadido una nueva función a este cuerpo, integrado por 135 personas: «Velar por la neutralidad ideológica en los centros educativos, supervisando las actividades docentes, los materiales curriculares y los actos escolares se mantengan ajenos a cualquier tipo de adoctrinamiento, garantizando el respeto al pluralismo y la libertad de conciencia del alumnado y de sus familias, así como los derechos derivados de la libertad lingüística».
La educación no puede ser neutral ante (cuestiones como) la convivencia, la sostenibilidad, la pluralidad
Jeremías Moragües es inspector de educación en la Comunidad Valenciana y portavoz de ADIDE PV, una de las tres asociaciones que engloban a las y los inspectores. «No era necesario este cambio, asegura al teléfono, porque el cumplimiento del marco legal ya está regulado en la normativa».
Qué es neutralidad
Denuncia el hecho de que se defienda una supuesta neutralidad en la educación cuando «la educación no puede ser neutral ante (cuestiones como) la convivencia, la sostenibilidad, la pluralidad, etc. No entendemos por dónde puede ir» la normativa, dice.
Aunque han enviado escritos a diferentes organismos y personas, están esperando todavía alguna aclaración por parte de la Inspección General en la reunión que, presumiblemente, tendrán el próximo 2 de septiembre, como cada miércoles. Una reunión en la que esperan que se aclaren conceptos como el de neutralidad y adoctrinamiento.
Marc Candela es representante del STEPV, sindicato mayoritario en la Comunidad y una de las caras más visibles de las jornadas de protesta del pasado curso. Tiene claro que la Administración educativa no va a aclarar, de ninguna manera, qué significa ninguno de estos conceptos.
La ley no cubre ningún agujero, pero crea una categoría: la sospecha ideológica
Y no lo hará para mantener al profesorado en jaque ante la posibilidad de una denuncia de cualquier personas por cualquier asunto que le parezca poco neutral. Esto es lo que ha justificado que quieran realizar una campaña entre el profesorado en los próximos días, para que no dejen de hacer las actividades que suenen a pesar de estos cambios.
«La ley no cubre ningún agujero, pero crea una categoría: la sospecha ideológica», explica Miquel Soler, ex secretario autonómico de Educación en el gobierno del Botànic. Para el máximo responsable de educación dentro del PSV, «El objetivo no es que haya denuncias, sino que la gente se asuste y no haga nada».
Preguntada la Conselleria d’Educació precisamente por el significado de ambos términos, así como por la posibilidad de que se hubieran dado casos que no hubieran trascendido a la opinión pública pero sí hubieran justificado dicho cambio normativo, al cierre de esta edición todavía no se ha recibido respuesta alguna.
Cualquier modificación en las condiciones laborales tiene que pasar por mesa de negociación
Sin negociación. Con sospecha
No solo es que la norma se haya publicado en medio de las vacaciones del profesorado sino que, además, supone un cambio en las funciones de la inspección. Según Candela y Moragües esto debería haber supuesto, al menos, que se informara tanto a las asociaciones como los sindicatos sobre la norma antes de su publicación.
«En principio cualquier modificación en las condiciones laborales tiene que pasar por mesa de negociación», explica Candela.
Es algo en lo que está de acuerdo Moragües, que reivindica la necesidad de esa negociación al haber un cambio en las funciones de la inspección.
Para ambos representantes, además, sobrevuela la sospecha constante sobre el profesorado valenciano. «Ha generado el rechazo del profesorado», explica Moragües, que entiende que este sufre de la falta de confianza. «Se sospecha de adoctrinamiento, algo impensable». «Lo que hay detrás es la consecuencia de aprobar los presupuestos con el apoyo de la extrema derecha», sostiene. «Se trata de una enmienda de VOX que el PP acepta», defiende Candela.
Lo que hay detrás es la consecuencia de aprobar los presupuestos con el apoyo de la extrema derecha
Soler añade que no es un problema de ahora, sino que ya viene de los tiempos del PIN (veto) parental que intentó instaurar Vox cuando no tenía capacidad legislativa ni ejecutiva. También se une a las denuncias y críticas, rememora, que sufrieron Vicent Soler en 2017 por dar «mítines» en insitutos, o la campaña de PP y Ciudadanos en 2019 cuando se acusaba al profesorado de adoctrinar por orden de Vicent Marzá y el propio Miquel Soler cuando eran los responsables de la educación valenciana.
El problema añadido lo explica Candela. Al haber utilizado el mecanismo de publicarlo en una ley, los sindicatos no tienen potestad para recurrir la norma, como sí podrían haber hecho de tratarse de un decreto.
La reversión pasaría por la petición de 50 diputados o 50 senadores o bien, la actuación del Gobierno central a través de la Alta Inspección.
Protestas
Marc Candela tiene claro que este giro legislativo es una respuesta de Educació relacionada con las protestas y la movilización del curso pasado. Y viene, además, a aumentar la tensión entre los sindicatos y la Conselleria que ya tiene en el horizonte la primera manifestación convocada para el próximo 12 de septiembre en las tres capitales provinciales.
La huelga indefinida que cerró el curso pasado se sostuvo durante algo más de un mes y, formalmente, sigue convocada, aunque está suspendida. Esto quiere decir que en cualquier momento pueden comenzar, de nuevo, los paros en las aulas sin necesidad de realizar una convocatoria nueva.
