El Ministerio de Educación ha anunciado un programa dotado con 140 millones de euros para desarrollar una inteligencia artificial (IA) soberana y propia para educación durante el curso 2026-2027. El denominado Programa de Inteligencia Artificial para la Educación está dirigido a la enseñanza pública y, según el Ministerio, aliviará al profesorado de la carga burocrática, pero también servirá para evaluar al alumnado, hacer sus informes individuales y a generar actividades para el aula. La pregunta es si dará respuesta al problema de fondo.
El capitalismo digital de plataformas está construyendo un relato de salvación y revolución en la educación que poco tiene que ver con la realidad, y mucho con el control y el dominio de las últimas fronteras que le quedan por conquistar: nuestra información en forma de datos para predecir comportamientos, un bien común y esencial.
Datos que extraen y venden las Big Tech, terratenientes neofeudales de la nueva economía digital que siguen con la centenaria lógica extractivista, capitalista y colonial de extraer y acumular el oro del siglo XXI (nuestra información) y que se están haciendo con el control de nuestros datos y de nuestra soberanía digital.
Lo que ocultan es que el negocio real somos nosotros: tras estas plataformas digitales lo que se esconde es una excusa para extraer información del alumnado, con el fin de convertir a los colegios en macrogranjas de datos e información comercializable sobre unos clientes presentes y futuros a los que se quiere fidelizar y donde el sector de los seguros, las finanzas, los préstamos bancarios tendrá condiciones idílicas para especular y apostar sobre las perspectivas futuras de cualquier niño o niña o escuela.
La era digital se ha convertido así en otro capítulo más de la historia del capitalismo, que ha mercantilizado con afán de lucro la experiencia humana traduciendo los comportamientos a datos para, a partir de ellos, realizar predicciones que se compran y se venden.
Así es que el corsario tecnológico que coloque más de sus aplicaciones en el mercado de la educación personalizada de los colegios tendrá la mejor fuente de extracción y recopilación de información y datos, de tendencias y deseos, detectados con algoritmos de inteligencia artificial que registrarán la actividad de cada alumno y alumna, para educar y fidelizar a la futura generación de consumidores. Este es el nuevo “oro negro” del siglo XXI, una “mercancía” prácticamente inagotable.
Las Big Tech han conseguido conquistar así las infraestructuras digitales de las escuelas, los servidores, la nube, las aplicaciones que solo funcionan en sus plataformas. Abarcan software, hardware y almacenamiento en la nube, volviéndose tan poderosas que muchos centros y universidades externalizan la gestión de sus servicios hacia sus servidores (correo electrónico, almacenamiento, etc.).
Ciertamente las tecnologías son un recurso y un apoyo imprescindible en la educación. Pero deben estar en manos de la comunidad educativa y de la comunidad social, no al servicio del beneficio de los accionistas del oligopolio tecnológico. De ahí que debamos recuperar e impulsar las plataformas de código abierto y públicas.
Para lograr una progresiva autonomía digital de los centros educativos, rompiendo el monopolio privado de las aplicaciones de los gigantes tecnológicos (como en su momento ya fuera X-net o la IA cooperativa global de Platform Cooperativism Consortium, con una IA basada en cuatro capas: 1. nubes federadas y de gestión pública; 2. cooperativas de datos con los que las comunidades deciden compartir; 3. modelos abiertos y auditables; 4. una gobernanza democrática en la que participan municipios, sindicatos, universidades públicas y cooperativas digitales; o como Patio, que conecta cooperativas tecnológicas de todo el mundo para democratizar el sector).
En definitiva, si Internet y la comunicación digital se han convertido en un bien esencial para la especie humana, como lo son claramente, deberían tratarse como un bien común de utilidad pública sin fines de lucro. Por lo que es necesaria una apuesta estratégica desde los poderes públicos por una Red Global pública que recupere esa soberanía digital y evite las diferentes brechas digitales: desconexión rural, precio de acceso, actualización de programas y obsolescencia programada, etc. Bien sea creando una red alternativa y mucho mejor que la actual o bien sea nacionalizando la que hay al servicio del bien común.
Es decir, debemos avanzar hacia el socialismo digital educativo democrático que proponen Mason o Morozov. Debemos tomar medidas normativas a nivel mundial, nacional y local para recuperar nuestra soberanía digital y tecnológica. Por eso, habría que empezar cuanto antes por socializar la nube y desarrollar infraestructuras digitales públicas, es decir, tomar estos nuevos medios de producción digital y ponerlos en manos del común, que diría Carlos Marx, para avanzar hacia la “socialización de los datos” y hacia la democracia digital como bienes públicos esenciales.
Esperemos que el anuncio de la ministra de Educación de sacar pronto un Programa Soberano de Inteligencia Artificial en Educación vaya en este sentido. Aunque esperemos que cuente con la comunidad educativa y, especialmente, no lo haga a espaldas del profesorado, porque el artículo 64.4.d del Estatuto de los Trabajadores, incorporado por la Ley 12/2021 (la «Ley Rider»), obliga a informar a las trabajadoras y trabajadores sobre los parámetros, reglas e instrucciones de los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a las condiciones laborales, acceso y mantenimiento del empleo.
